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Federales investigan cómo se pactó el plan Vital

⤑ El gobierno comenzó a implantar el año pasado un programa antifraude en Medicaid, luego que el subcontratista Alberto Velázquez Piñol intentó frenarlo, según fuentes

⤑ Alfonso Orona, exasesor legal del gobernador Ricardo Rosselló, fue cuestionado ayer por oficiales del Inspector General de Estados Unidos sobre Velázquez Piñol

Las autoridades federales parecen centrar una de sus principales pesquisas por posibles actos de corrupción gubernamental en el proceso que siguió la Administración de Seguros de Salud (ASES) para contratar las aseguradoras que servirían el Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido ahora como Vital, supo El Nuevo Día.

Tres fuentes separadas de este diario aseguran que las autoridades federales indagan cómo y por qué ASES habría hecho modificaciones al proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) que resultó en la contratación de cinco organizaciones de manejo de la salud (MCO, en inglés) o aseguradoras el año pasado. Esto, luego que alegadamente, al menos, dos de las empresas que participaron del proceso denunciaran tratos preferenciales a unos proponentes versus otros.

El año pasado, ASES llevó a cabo un proceso de RFP para seleccionar las entidades que ofrecerían la cubierta médica Vital a cerca de 1.5 millones de médicoindigentes en Puerto Rico. Bajo ese modelo, el concepto de un asegurador por región geográfica desapareció para dar paso a una sola cubierta médica que los pacientes obtienen al escoger el plan médico de su preferencia.

El modelo fue una promesa de campaña del gobernador Ricardo

Rosselló Nevares y fue incluido como una de las reformas a implementarse bajo el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La Reforma de Salud, ahora llamada Vital, es financiada principalmente con fondos federales, a través del Centro de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS, en inglés).

EL CONSULTOR DE VITAL

El trabajo investigativo de El Nuevo Día apunta a que, para crear e implementar dicho modelo, La Fortaleza habría solicitado a la firma BDO que asistiera a ASES. Dichas tareas, a su vez, habrían sido encomendadas a Alberto Velázquez Piñol ,a quien fuentes de este diario identifican como contratista de BDO y la persona con poder decisional en múltiples proyectos al interior de ASES.

El pasado 26 de junio, en una conferencia de prensa, el actual principal oficial financiero (CFO) del gobierno y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf),

Christian Sobrino Vega, indicó que tanto él como los consultores de esa entidad pública contactaban a Velázquez Piñol, así como a la ex directora ejecutiva de ASES

Ángela Ávila Marrero, cuando el gobierno preparaba los planes fiscales y necesitaban información de Salud. Sobrino Vega agregó que conversaba con Velázquez Piñol “algunas cosas, especialmente del área del plan Vital”.

El Nuevo Día solicitó entrevistar a algún funcionario a cargo en ASES sobre el RFP de Vital, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. También intentó, sin éxito, conversar con Velázquez Piñol.

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, entre los años fiscales 2017 al presente, BDO ha suscrito o renovado seis contratos con ASES. Cinco de estos acuerdos se pactaron para servicios de auditoría y sistemas de información y uno sería de consultoría administrativa. Por sus servicios -y dependiendo de si son ofrecidos por personal administrativo, ejecutivos o socios- BDO cobra a ASES entre $65 y $180 por hora.

“Asistir a la directora ejecutiva en la implementación del nuevo modelo de cuidado de la salud para el (PSG)”, reza uno de los incisos del contrato de asesoría pactado entre Ávila Marrero y Fernando Scherrer, presidente de BDO, con fecha del 2 de julio de 2018.

Dicho contrato, vigente hasta agosto próximo, tiene una compensación máxima de $1.37 millones.

EL PROCESO DE RFP

ASES comenzó el proceso de RFP para el plan Vital a principios de febrero de 2018 con un

aviso público.

“ASES solo tendrá en cuenta las propuestas de entidades que 1) adquirieron los pliegos; 2) sometieron a tiempo el Apéndice A; 3) participaron en las conferencias mandatorias; 4) incluyeron con la propuesta una fianza de licitación de $100,000 y; 5) depositaron a tiempo una propuesta completa”, reza el aviso público firmado por Ávila Marrero.

De acuerdo con el documento de RFP que ASES distribuyó a los interesados y que examinó El Nuevo Día, la fecha límite para entregar las propuestas fue el 6 de abril de 2018, a la 1:00 p.m.

El calendario del RFP establecía que, el 25 de mayo de ese año, ASES comunicaría a los ganadores la intención de suscribir un contrato con estos y, entre el 15 de junio y el 8 de julio de ese año, se otorgarían los contratos entre las partes.

Según tres fuentes de este diario, al menos una de las aseguradoras que participó del proceso no cumplió con las fechas y los requisitos establecidos en el RFP. Sin embargo, pese a que se levantaron objeciones, ASES permitió que la aseguradora continuara el proceso y, eventualmente, fue favorecida. En otra de las instancias, había dudas de la capacidad financiera de otro proponente y este también resultó favorecido.

El año pasado, El Nuevo Día reseñó que unas 16 entidades se presentaron al RFP. De ese grupo, siete pasaron a una ronda final y cinco entidades resultaron favorecidas, a saber: First Medical, Plan de Salud Menonita, Multi Health (MMM), Molina Healthcare y Triple-S.

De acuerdo con las fuentes, Velázquez Piñol habría solicitado o instruido que el asegurador que incumplió con las fechas y requisitos del RFP continuara en la carrera. En contraste, las fuentes aseguran que Ávila Marrero -quien es empleada de carrera en ASES y se le describe como una persona con conocimiento “abarcador” de la agencia- objetó tal proceder.

Si bien oficiales y exoficiales de la administración de Rosselló Nevares -como el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, y el ex asesor legal Alfonso Oronahan planteado que Velázquez Piñol es objeto de una investigación federal, personas cercanas al ejecutivo le describen como un proplica fesional de recto proceder.

El documento de RFP establecía, además, que un proponente podía modificar su propuesta, pero siempre que lo hiciera antes de la fecha límite para presentarla. De igual forma, el RFP era tan detallado que establecía todo tipo de condiciones, tanto de contenido como de formato. Por ejemplo, la propuesta debía presentarse en papel tamaño carta con el tipo de letra Arial 12 puntos; debía seguir un orden de tópicos particular y establecía que la fianza de $100,000 tendría que presentarse en cheque certificado o una garantía específica.

“Fallar en cumplir con estas especificaciones resultará en la descalificación de la propuesta”, advertía el documento.

Las fuentes plantean que Ávila Marrero expresó la necesidad de detallar el incumplimiento del asegurador en el informe que se presentaría a la junta de gobierno de ASES, organismo que seleccionó los ganadores del RFP. Pero las observaciones de incumplimiento habrían sido descartadas del informe.

“Quedarse fuera (de Vital) implicaba perder una oportunidad millonaria”, dijo una de las fuentes.

Aunque la Reforma de Salud imuna alta demanda por servicios médicos, el PSG representa una fuente de liquidez y ganancias para los llamados MCOs. Esto, porque cada mes, ASES debe remitir a los planes médicos la prima que paga por cada paciente o PMPM, por sus siglas en inglés.

Según las fuentes, quedarse fuera de Vital implicaba perder “ese turno al bate” por, al menos, tres años. De acuerdo con el RFP, los contratos de Vital tienen una vigencia de tres años, con la oportunidad de extenderse un año más. Cada año, la prima PMPM estaría sujeta a revisión.

Durante el año fiscal pasado, el presupuesto de la Reforma de Salud fue de $2,965 millones, o un PMPM cercano a $165, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). A manera de ejemplo, si un plan médico tiene 200,000 vidas, ese universo de pacientes le representa unos $395 millones en ingresos en un solo año.

Hace unas dos semanas, cuando las denuncias de Raúl Maldonado Gautier en torno a “una mafia institucional” resultaron en su destitución como secretario de Hacienda, también salió a la luz la posible pesquisa en ASES, lo que detonó la salida de Ávila Marrero de la dirección ejecutiva.

Al dejar su cargo el 25 de junio, en su carta de renuncia, Ávila Marrero indicó que “será el tiempo el que nos dé la razón”.

En declaraciones recientes, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Puerto Rico, Douglas Leff, confirmó que realizan varias investigaciones por corrupción gubernamental, aunque no precisó cuáles, salvo la pesquisa sobre empleados fantasmas en la Casa de las Leyes.

Las indagaciones federales salen a la luz a solo tres meses de que El Nuevo Día citara expresiones del excoordinador de Revitalización de la JSF, Noel Zamot. El ingeniero, en un evento con inversionistas, reveló que figuras allegadas a la administración en el poder y en el gobierno obstaculizaban la gestión inversora en Puerto Rico. Ello, porque entre otras cosas, dijo Zamot, había una práctica de “dividirse el pastel” antes de otorgar contratos.

“Me retiro del cargo que hasta hoy (25 de junio de 2019) ostento. Será el tiempo el que nos dé la razón”

ÁNGELA ÁVILA MARRERO

EX DIRECTORA EJECUTIVA DE ASES

“Fallar en cumplir con estas especificaciones resultará en la descalificación de la propuesta”

TEXTO DE LA SOLICITUD DE PROPUESTAS DEL PLAN VITAL 9-16 DE FEBRERO DE 2018