A fines del siglo XIX, el historiador y político inglés Lord Acton afirmó que el “poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Sus palabras han sido validadas en muchas ocasiones, siendo las elecciones presidenciales en Venezuela el ejemplo más reciente. En un acto muy predecible, pero no menos indignante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela procedió a proclamar la victoria del gobernante incumbente Nicolás Maduro como el ganador de la elección presidencial.

Con una participación récord de 59%, por primera vez en años, los electores en Venezuela estaban motivados por un movimiento de oposición convincente que, bajo el liderato de María Corina Machado y el candidato a presidente, Edmundo González, ofrecía una opción viable para vencer al régimen chavista y así recuperar la democracia y libertad.

La “reelección” de Maduro crea desconfianza, pues los resultados ofrecidos por la CNE son altamente cuestionables. Según el ente oficial, que responde a los intereses del régimen incumbente, Maduro obtuvo el 51% de los votos. Sin embargo, los números no cuadran, las actas no constan en el récord oficial, y el testimonio imparcial de observadores internacionales no existe, pues el gobierno arbitrariamente limitó su participación. Por otro lado, la oposición ha presentado evidencia que muestra la victoria contundente de su candidato. Tras identificar serias irregularidades, la Organización de Estados Americanos ha solicitado al presidente Maduro a que acepte su derrota o convoque elecciones nuevas.

Luego de 25 años de era chavista, en la cual Maduro ha gobernado por 10 años (con aspiraciones a 6 años más), nos compete repasar el saldo de sus políticas y repercusiones. La situación económica de Venezuela y el bienestar de su gente se han ido a pique. Su Producto Interno Bruto ha caído un 70%, el 81.5% de los venezolanos vive en condición de pobreza, y el país ha perdido el 25% de la población debido a la fuerte ola migratoria para escapar de la miseria. Según un informe del centro de pensamiento, CEDICE Libertad, la vida en Venezuela para la mayoría de las personas está llena de escollos. La gente vive esperando hasta 12 horas para llenar el tanque de gasolina y careciendo de un servicio de agua potable continuo y confiable. Por el cielo está el costo de vida con la canasta básica de alimentos para una familia de tres personas en $577.77 mensuales y por el suelo está el salario mínimo en $3.60 la hora (ajustado por la depreciación del bolívar).

Amnistía Internacional y la revista Foro Penal han estimado que, actualmente, en Venezuela habría entre 286 a 319 presos políticos. Asimismo, en la última década, el gobierno pudo haber detenido a 15,700 personas por motivaciones políticas. Por su parte, Espacio Público, una organización que defiende los derechos humanos, informó el cierre de sobre 400 medios de comunicación en los pasados 20 años, lo que indica graves limitaciones en la libertad de pensamiento y expresión.

Así es la vida cuando un régimen totalitario controla las instituciones. Aunque nos parezca un cuadro increíble o insostenible, las dictaduras pueden continuar gobernando indefinidamente, pues imponen su voluntad sobre la del pueblo. La tragedia de los venezolanos nos muestra las consecuencias de claudicar a nuestras libertades y responsabilidades y de entregárselas al estado. Hoy, más que nunca, nos toca valorar y defender nuestras libertades -individuales y económica -, y proteger las instituciones democráticas que nos cobijan.