El Nuevo Dia

Laboró en las tres ramas

Primero trabajó en la Legislatura y, luego, en una agencia del Ejecutivo

WILMA MALDONADO ARRIGOITÍA wilma, [email protected] Twitter: @WilmaMaldonadoA

Antes de convertirse en abogada, la hoy jueza municipal Ingrid Alvarado Rodríguez inició su trayectoria profesional en la Asamblea Legislativa como técnica en la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes y, luego, como oficial de prensa del exsenador de Arecibo Julio Rodríguez Gómez.

Dentro de la rama legislativa, había hecho sus contactos porque desde muy joven fue miembro de avanzadas de campañas del Partido Popular Democrático (PPD), relató un veterano activista de esa organización que prefirió no ser identificado. Incluso, su esposo, José Ulises Dalmau, hermano menor del presidente del Senado, José Luis Dalmau, fue candidato a la Cámara en 2012 y 2016.

El exsenador Rodríguez Gómez dijo a El Nuevo Día que Alvarado Rodríguez no llegó a su oficina por recomendación del hoy presidente del Senado, sino por la oficial de prensa que tuvo cuando se inició en el escaño, en 2001, y que para 2002 renunció al puesto.

“La recuerdo como una buena persona, trabajadora e inteligente. Cuando trabajaba conmigo, era novia del hermano de José Luis Dalmau”, recordó el también médico retirado.

Para ese entonces, Alvarado Rodríguez contaba con un bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.

Tras laborar en la Legislatura por poco más de un año, en 2004 pasó a trabajar a la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), como coordinadora en el programa Juvempleo, recién firmado por la entonces gobernadora, Sila María Calderón. En la OAJ, estuvo hasta 2008, según se desprende del informe presentado en el Senado para su confirmación como jueza municipal, en junio de 2016.

En 2004, completó una maestría en Relaciones Laborales en la Universidad Interamericana y, en 2009, obtuvo el grado de juris doctor de la Pontificia Universidad Católica. Fue admitida al ejercicio de la abogacía en 2011, menciona el informe senatorial que avaló su confirmación como juez.

Entre 2011 y 2012, Alvarado Rodríguez mantuvo un contrato de servicios profesionales con el Municipio de Aguas Buenas, al tiempo que tenía su oficina legal en Caguas y, desde allí, atendía casos mayormente relacionados con familia.

Una persona que estuvo en la judicatura, pero prefirió no identificarse, indicó que las veces que tuvo a Alvarado Rodríguez como abogada en su sala le pareció “muy competente, capaz, de carácter afable y respetuosa”. Le llamó la atención la impresión que la jueza causó en Andrea Ruiz Costas, quien estuvo en su sala al presentar una querella por Ley 54 contra Miguel Ocasio Santiago, quien un mes después la asesinó.

“Creo que, en verdad, ella dio no causa porque ella lo que estaba era hastiá. Tenía una careta. Ella estaba peleando con nosotros por la videollamada”, le relató Ruiz Costas a una amiga, quien compartió el audio con el periodista de Telemundo Luis Guardiola.

Dos fuentes consultadas por este diario dijeron no sorprenderle esa actitud porque, como jueza, Alvarado Rodríguez les demostró carecer del temple necesario.

En octubre de 2012, la hoy jueza registró junto a Tomás Báez Collado y Luis E. Tomassini Segarra la compañía Ultra Advisors, LLC, que fue cancelada por el Departamento de Estado por no cumplir con las anualidades. En diciembre de 2012, registró Executive Consulting Group, LLC., que disolvió el 12 de abril de 2019 cuando ya era jueza. La compañía de responsabilidad limitada pagó sus anualidades hasta 2018.

En febrero de 2013, obtuvo un contrato de $30,000 para brindar “asesoría legal en el área legislativa” por espacio de cinco meses a la Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP). Mientras, en octubre de 2015, firmó un contrato de un año, por $54,000, con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para prestar servicios de representación legal en querellas por irregularidades en el consumo.

En julio de 2016, obtuvo su nombramiento como jueza municipal y, en octubre de 2016, fue asignada a la sala municipal de Ponce. En marzo de 2017, fue reasignada a la sala municipal de Patillas y, en septiembre de 2019, a la sala de Salinas. Desde septiembre de 2020, está asignada a la sala municipal de Caguas.

PUERTO RICO HOY

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2021-05-08T07:00:00.0000000Z

2021-05-08T07:00:00.0000000Z

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