Atroces incidentes recientes que se suman a la vergonzosa estadística de la letal violencia machista obligan, a todos los componentes gubernamentales responsables de velar por la paz y la vida de las mujeres, a reconocerse como factores en el desamparo de la población femenina que padece de abusos. La tarea inmediata del sistema llamado a administrar la justicia es emprender las correcciones que, de manera sostenible y confiable, rescaten la misión constitucional para la que fue creado: servir justicia.

Ello incluye proveer para la protección de la querellante desde la etapa inicial de la presentación de la denuncia. No es menos importante que el sistema responda con la mayor transparencia ante cuestionamientos de peso sobre el proceder institucional en casos de violencia de género, sobre todo si se percibiese que ese actuar de alguna manera hubiese incidido en un desenlace lamentable.

El asesinato de la joven Andrea Ruiz Costas, a manos del hombre del que se querelló en vano dos veces ante el Tribunal, ha dejado a su familia, y a la población de mujeres, en grandes desesperanzas.

La primera es la pérdida irreparable de la vida de un ser humano, y de forma violenta a pesar de que buscó auxilio institucional.

Otro desaliento se deriva de la reciente decisión mayoritaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico de no revelar los materiales, incluidos los audiovisuales, de las comparecencias a corte de la querellante, ni siquiera de los segmentos que no mostrasen asuntos de intimidad. El foro respondió así a un reclamo informativo del Overseas Press Club.

Al no otorgar el justo peso a la libertad constitucional de acceso a la información pública, este fallo judicial no abona a la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Y pudiera descorazonar a personas que ansían liberarse del infierno de la violencia de género y, sobre todo, salvar su vida y la de miembros de su familia. Además, limita el subsanar la interrogante en torno a si el Tribunal falló o no en el manejo de las querellas que Ruiz Costas presentó. Tampoco refuerza la percepción sobre la imparcialidad del sistema judicial en la investigación del proceder de la Corte en relación con las referidas denuncias.

Evaluar la respuesta que las víctimas de violencia machista reciben de los componentes del sistema de justicia debe ser una de las acciones derivadas de la emergencia declarada por el gobernador Pedro Pierluisi. Es deber gubernamental fiscalizar el desempeño del sistema, corregir sus errores y rendir cuentas con transparencia en respeto al derecho fundamental de acceso a información oficial.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, se ha comprometido a identificar las fallas de las cortes. Es clara la necesidad de procesos para atender adecuadamente a las víctimas, y la imprescindible sensibilidad de policías, fiscales y jueces.

Al ejecutivo y legislativo les corresponde revisar los procedimientos y requisitos para nombrar a los jueces y las juezas. Deben asegurarse de que los abogados y las abogadas interesadas en la carrera judicial cuenten con la experiencia, el temperamento y la sensibilidad para proveer la justicia que las víctimas merecen.

Crear salas especializadas en violencia doméstica ha sido un avance. Pero es imprescindible la empatía hacia la víctima, por parte de la Policía, el Departamento de Justicia y los tribunales. Es necesario intervenir con funcionarios que minimicen los incidentes de violencia machista. En la estrategia contra la violencia de género deben imperar la comunicación, los adiestramientos y la solidaridad con las víctimas.

Ante el desamparo y la revictimización de sobrevivientes de la violencia machista, urge contundente acción gubernamental que inspire confianza a las víctimas y devuelva a las estructuras administradoras de la justicia la credibilidad como un sistema imparcial, sensible e inquebrantablemente justo.