La Cámara de Representantes continuaba, al cierre de esta edición anoche, el debate sobre la resolución del presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal, que asciende a $10,112 millones, y se proponía incluir una enmienda de última hora para asegurar el incremento salarial prometido por el gobernador Pedro Pierluisi a los oficiales correccionales, reveló el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez.

Los $15 millones para los oficiales correccionales, una propuesta del representante popular Jesús Manuel Ortiz, saldrá de un fondo de reserva identificado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, dijo Santa Rodríguez. Sostuvo que el tema del alza salarial ha sido discutido -no necesariamente aprobado- con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Según Santa Rodríguez, el contenido de la resolución del presupuesto, en términos generales, no ha sido objetado por la JSF, ente que ha autorizado ciertas movidas, como la asignación de $163 millones adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para becas, investigación y gastos de infraestructura.

El dinero para la UPR sale de un fondo para mantenimiento y pagar deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación y otros $47 millones que están bajo custodia del Departamento de Hacienda. Ese dinero que tiene Hacienda, dijo Santa Rodríguez,

“le pertenece” a la UPR.

También, se identificaron $3.5 millones para la contratación de personal clínico para trabajar en 14 salas de operaciones nuevas y cuatro existentes manejadas por la Administración de Servicios Médicos (ASEM). Otros $5 millones fueron repartidos entre la contratación de 13 neurocirujanos, especialistas en el área neuro-intensiva y médicos residentes.

Al Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, se le asignaron $15.2 millones, producto de sobrantes de la nómina del Departamento de Salud ($6.2 millones) y $8.3 millones por sobrantes en servicios profesionales de la ASEM.

No se asignó dinero adicional para el reclutamiento de policías o para la compra de equipo porque, dijo Santa Rodríguez, la Uniformada tiene $138 millones de años anteriores para reclutamiento y $21 millones no utilizados para equipo.

Igualmente, se creó un fondo de $89.3 millones para la nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fueron movidos a otras dependencias gubernamentales al no solicitar empleo en el consorcio LUMA Energy.

Durante el proceso de vistas públicas, que fueron 22, salió a relucir, por ejemplo, que el presupuesto de la JSF no contemplaba los $15 millones requeridos para el aumento de los oficiales correccionales, ni tampoco un alza salarial para maestros ni para la contratación de trabajadores sociales para el Departamento de la Familia.

Para la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), dijo Santa Rodríguez, era necesario mitigar el impacto del recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los Municipios, por lo que ayer se esperaba que se aprobaran varios proyectos dirigidos a que los gobiernos municipales (o consorcios) reciban la titularidad (y unos $70 millones de fondos necesarios para su mantenimiento) de escuelas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas del Departamento de Recreación y Deportes.

Los portavoces de minoría Carlos "Johnny" Méndez, Denis Márquez y Mariana Nogales se habían expresado, a las 7:00 p.m., en contra del documento. Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, igualmente expresó preocupación con ciertas partidas.

Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, describió el presupuesto como el impuesto por “el verdugo que te va a matar”, en alusión a la JSF.

“Hay dinero que está escondido, que no se ha utilizado y que estaba oculto”, dijo Nogales. Al referirse al analista Daniel Santamaría, de Espacios Abiertos, mencionó que hay a $21,194 millones gastados en incentivos del cual se desconoce su efecto y sí es beneficioso para el país.

“Se llevan el dinero las corporaciones extranjeras también. Los estamos tirando por la borda. Es el dinero que dejamos de ingresar a nuestra cuenta que nutriría nuestro presupuesto. Ese dinero no entra y no está en el presupuesto”, afirmó la representante.

“Nosotros queremos sacar a la Junta de Supervisión Fiscal aprobando un presupuesto balanceado”

RAFAEL “TATITO” HERNÁNDEZ PRESIDENTE DE LA CÁMARA

DE REPRESENTANTES