La Cámara de Representantes aprobó ayer a viva voz una resolución conjunta que crea una comisión especial para evaluar cada caso de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasaron a trabajar al gobierno central tras no solicitar un puesto en LUMA Energy.

La Resolución Conjunta de la Cámara 157, del representante independentista Denis Márquez, dispone que la comisión especial, tras hacer su análisis, determinará si procede revocar o confirmar la acción de movilidad determinada por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

La comisión especial, que tendría una asignación de $1 millón proveniente de la AEE, podrá acceder a la documentación utilizada en cada caso si así lo solicita el empleado afectado. Estará integrada por un miembro nombrado por el gobernador, un integrante designado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y un miembro referido por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE.

“La medida establece mecanismos ágiles, democráticos y en justicia a los miles de trabajadores de la AEE que, de manera injusta, de manera atropellada, de manera insensible, fueron enviados a decenas de agencias de gobierno y corporaciones públicas como parte del proceso de movilidad y como parte del nefasto contrato de privatización con la empresa LUMA”, dijo Márquez al defender su proyecto.

Con la pieza legislativa, se releva a la Comisión Apelativa del Servicio Público de revisar los 2,934 casos ya radicados ante su consideración por empleados de la AEE y estos pasarían a la comisión especial.