Recientemente el gobierno federal radicó en el Tribunal Supremo Federal su alegato en el caso US v. Vaello-Madero. El contenido del escrito nos sorprendió a muchos pues el presidente Joe Biden había expresado su inclinación a que los territorios tuvieran pleno accesos a los programas de beneficios federales.

Trasfondo

José Luis Vaello-Madero es una persona que vivió en Nueva York hasta el 2013 cuando se mudó a Puerto Rico. Él recibía un beneficio del gobierno federal llamado Supplemental Security Income (“SSI”). En el 2016 el gobierno federal se percató de la mudanza y alegaron que Vaello-Madero no notificó dicha mudanza. El gobierno alegó que los residentes de Puerto Rico no somos elegibles para recibir el SSI y lo demandaron cobrándole $28,081 en pagos de SSI recibidos luego de su mudanza. Vaello-Madero respondió cuestionando la constitucionalidad de la exclusión. Eventualmente prevaleció en el Tribunal de Distrito Federal y en el Circuito de Apelaciones. El Departamento de Justicia Federal solicitó revisión al Supremo.

Descripción del SSI

El SSI provee beneficios a personas mayores de 65 años, ciegas o con necesidades especiales. Fue creado en 1972 para reemplazar un programa conocido como Aid to the Aged, Blind and Disabled (AABD). Cuando se adoptó el SSI se hizo extensivo a los 50 estados, el Distrito de Columbia y sólo uno de los territorios: las Islas Marianas. En Puerto Rico se continuó utilizando el AABD que resulta menos atractivo pues se reciben menos beneficios que bajo SSI y los requisitos de elegibilidad son más estrictos.

La extensión de los beneficios del SSI a Puerto Rico tendría un beneficio anual de entre $1,800 millones y $2,500 millones por año, de acuerdo a los actuarios del gobierno federal. Se estima que el beneficio sería de unos $23,000 millones luego de 10 años.

Elementos del alegato federal

En su alegato, el gobierno federal expone que Puerto Rico tiene autonomía fiscal y no debe esperar que el gobierno federal le haga partícipe del SSI. Añade, además, que si a Puerto Rico le interesa proveer un programa parecido al SSI a sus residentes, lo único que tiene que hacer es aumentar sus impuestos para financiar un programa local similar.

Basándose en un estudio del Government Accountability Office (GAO) del 2014, Justicia federal plantea que Puerto Rico se ahorra $2,000 millones anuales en contribuciones federales sobre ingresos ya que solo paga unos $20 millones en este tipo de impuesto. Este número no considera más de $4,000 millones que pagamos por contribuciones federales patronales. La razón por la cual el Departamento enfatiza el que, en términos generales, no pagamos contribuciones federales sobre ingresos es que los beneficios de SSI provienen de dicha contribución, a diferencia de los beneficios del Seguro Social que provienen de las contribuciones federales patronales.

Yo no concurro con dichas alegaciones. Si bien es cierto que Puerto Rico se trata como una entidad fiscal separada de EE.UU., esto es así porque el propio gobierno federal lo estableció así. El alegato esboza en su página 15: “…Congress has long accorded Puerto Rico a ‘unique tax status’. Under federal law, ‘internal revenue laws’ do not extend to Puerto Rico, except when Congress provides otherwise.” Bajo dicha premisa tenemos autonomía fiscal a menos que el Congreso Federal diga que no la tenemos. Si el Congreso es quien decide, entonces no parece que tengamos tal autonomía.

Mas aún, sugerir que Puerto Rico en estos momentos tiene los recursos para establecer una versión local del SSI nos parece bastante insensible. Actualmente claramente carecemos de los medios económicos para establecer un SSI local.

En el alegato también se hacen planteamientos en cuanto al costo relacionado con proveer dichos beneficios, que Puerto Rico no es un estado y por su situación de posesión no debe tener derecho a los beneficios del SSI. El argumento del costo se atendió el año pasado por el Tribunal de Apelaciones diciendo que, aunque se pueden hacer clasificaciones por razones legales o políticas, el costo no debe ser una justificación para excluir ciudadanos de recibir un beneficio.

El argumento de la posesión tampoco debe ser un elemento determinante considerando que las Islas Marianas, son un territorio y reciben el beneficio. Cuando se admitieron las Islas Mariana como posesión o territorio, el gobierno federal se comprometió a darles participación en dichos programas. Esto parece sumamente injusto. Obviamente no todas las posesiones fueron admitidas a la vez ni bajo las mismas circunstancias. Los beneficios del SSI ni del Seguro Social existían cuando Puerto Rico se integró a EE.UU. en 1898 luego de la Guerra Hispanoamericana. Las Islas Mariana fueron incorporadas en 1947 luego de las Segunda Guerra Mundial cuando ya estos beneficios existían. Penalizarnos por el momento de integración tampoco parece razonable.

De cara al futuro

Durante su campaña presidencial, Biden había prometido que iba a desistir de las demandas en foros judiciales federales para excluir a Puerto Rico de beneficios federales. Además, la semana pasada había dicho que una de sus aspiraciones era que todos los territorios recibieran paridad en pagos de beneficios federales.

Con la radiación del alegato, el presidente no solo dejó de cumplir con su promesa de campaña, sino que su gobierno, radicó un documento inconsistente con su “alegada” postura. El presidente ha dicho ahora que prefiere atender esto de manera legislativa, lo que luce bastante difícil debido a la composición del Congreso Federal. También resulta preocupante pues hay otro grupo de casos radicados solicitando participación en otros beneficios federales. Está el caso de Gladys Peña-Martínez solicitando acceso a fondos de alimentos y cubierta de medicamentos y el de Consejo de Salud donde se solicita acceso a fondos de salud. Los beneficios locales de prevalecer en estos casos podrían ascender a más de $3,000 millones anuales. El cambio de postura del presidente parece sugerir que estos casos serán eventualmente cuestionados judicialmente y que no conseguiremos la paridad de fondos por la vía judicial.

“Con la radiación del alegato, el presidente no solo dejó de cumplir con su promesa de campaña, sino que su gobierno, radicó un documento inconsistente con su alegada postura. ”