La Iglesia católica no tenía dinero para pagar las pensiones de los maestros jubilados de sus colegios, y había una orden del tribunal para que lo hiciera. Mucha gente, no sin cierto sarcasmo, le exigió que vendiera sus propiedades y cumpliera con su deber, y eso hizo.

El problema es que las negociaciones que enajenaron el Seminario Conciliar y el Palacio Arzobispal se llevaron a cabo con singular sigilo, y quién sabe si algunos inversores del patio, o gente con contactos en instituciones estadounidenses dedicadas a la defensa del acervo, de haber sabido que esas dos joyas iban a ser rematadas en ocho millones, hubieran hecho algo mejor con ellas.

Se sabía, por supuesto, que la sede del Centro de Estudios Avanzados estaba a la venta. Pero de los detalles de su destino final, nadie dijo ni pío.

Que ambas propiedades hayan pasado a la cartera de un inversor de Texas, que quién sabe si representa intereses chinos, árabes o rusos, es un hecho a estas alturas irreversible. Es de suponer que querrán hacer hoteles o megacasinos.

Casi el mismo día que líderes católicos marchaban repudiando la privatización de la AEE, se consumaba una venta peor, mucho peor, porque al fin y al cabo si LUMA no cumple, LUMA se va y no habrá nada que no pueda remediarse. Pero en el caso de esos edificios emblemáticos, sucederá de todo, y será irreparable todo.

¿Sabían ya entonces algunos dirigentes políticos, sindicalistas, religiosos, que esa transacción se había cerrado, y se callaron porque el Arzobispo fue a dar un discurso contra el consorcio privatizador?

Sería vergonzoso que hubiera sido así.

San Juan tiene otra pena que añadir a su largo catálogo de traumas de los últimos años.

Todo comenzó con una vaca sagrada: las fiestas de la calle San Sebastián. En los años previos a la pandemia, y cuando esas fiestas ya se habían convertido en la gran borrachera nacional, haciendo de los edificios históricos orinales públicos, muchas familias propietarias eligieron pasar esas fechas fuera del casco antiguo. Ya eso es mal síntoma.

Cerraban las casas o las alquilaban. No soportaban la gritería, y mucho menos la idea de que pudieran tener una emergencia y no llegaran ambulancias o bomberos. La isleta era invadida, literalmente. En algún momento se manejó la idea de trasladar las fiestas a otra parte, pero no cuajó. Se siguieron machacando y contaminando zonas exquisitas, porque alzar la voz contra la alcaldesa, o contra el desnaturalizado evento, vinculado a reivindicaciones patrias, era un delito capital.

Me consta que muchos residentes se sentían agobiados, pero no se organizaron, no exigieron, ni siquiera se quejaron suficiente.

El verano de 2019 le dio otro puntillazo a San Juan. Las pintadas, las fogatas, los gases lacrimógenos, la incertidumbre de lo que pasaría al día siguiente. Nadie quiere vivir en una zona taponada y bloqueada durante días o semanas. Y aun después que Rosselló se fue, cada bautizo de muñeca siguió celebrándose en la rebautizada calle Resistencia, que el viernes precisamente era escenario de otra protesta.

La minusvalía del Viejo San Juan radica en que allí está la residencia oficial del gobernador. Y aunque algunos, cuando están en campaña, anuncian que si ganan considerarían seguir viviendo en sus hogares, al final no lo hacen, ya que La Fortaleza es perfecta para guarecerse en caso de sublevación, grande o pequeña. Se cierra la calle y no hay mayores inconvenientes de tráfico. Ni los ecos de

los cánticos llegan a la alcoba del primer ejecutivo. ¿En qué otro lugar podría ser más conveniente mantenerse a salvo?

En cuanto a los alquileres a corto plazo, abundantes han sido las quejas sobre la clase de elementos que han venido a ocupar los tranquilos vecindarios. La culpa no es del inversor de Texas que compró el Palacio Arzobispal, y sí de los dueños de las propiedades, y a lo mejor ni siquiera de ellos, sino de los eventos que han ido acumulándose y de los que la gente ha terminado harta: un coctel de borracheras, protestas, apagones y cortes de agua.

Ahora, al salir de dos señoras propiedades por una suma que dicen que es ridícula, la Iglesia católica le ha puesto otra zancadilla al Viejo San Juan: el que iba a vender por $500,000 un edificio, tendrá que darlo por mucho menos, hasta ver de qué modo puede resarcirse el valor de esos lugares, según lo que se le ocurra hacer al caballero de Texas.

Hacer un último intento para rescatar la isleta equivaldría a tomar una serie de medidas para protegerla. Igual que otros gobiernos bloquean subastas o decretan nulas las transacciones que involucran bienes culturales insustituibles, aquí podría obligarse a que las estructuras históricas cambien de dueño a condición de que medie el compromiso legal de conservarlas. Lo otro que hay que hacer es eliminar las borracheras colectivas de enero, y no permitir caravanas ni protestas en las estrechas calles. El paso más razonable, sin duda, es destinar La Fortaleza a una mezcla de museo con oficinas públicas, y mudar la camita del gobernador para otra parte.

De lo contrario, continuarán los traumas y la decadencia. El éxodo y el estrés.

“Lo otro que hay que hacer es eliminar las borracheras colectivas de enero, y no permitir caravanas ni protestas. El paso más razonable es destinar La Fortaleza a una mezcla de museo con oficinas, y mudar la camita del gobernador para otra parte”

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