El juez Aldo González podría decidir hoy el futuro del expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Uroyoán Walker, así como del exrector del recinto de Río Piedras Carlos Severino, luego que los fiscales especiales independientes (FEI) sometieron ayer su caso por el supuesto mal manejo de $93,000 en la concesión de las becas presidenciales.

La fiscal Zulma Fuster presentó como último testigo a Ana Álvarez, secretaria ejecutiva en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la UPR, a cargo de la convocatoria y notificación de los seleccionados para las becas.

Álvarez relató que uno de los becados acudió a su oficina a solicitar el dinero de la beca el mismo día en que fue aprobada. Mencionó que típicamente el proceso demora hasta un mes, pero el becado Carlos Pagán lo obtuvo el mismo día en que el entonces presidente Walker le aprobó los $45,000.

“La señora Marisol Irizarry recibió una instrucción de la Oficina de Presidencia para que se desembolsara el cheque el mismo día”, alegó la testigo, en referencia a otra empleada de esa división.

El abogado de Walker, José Andréu Fuentes, leyó uno de los documentos admitidos como evidencia, que decía que Pagán tenía hasta el 1 de agosto para pagar la matrícula de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. “La prisa para sacar el cheque era esa: para que él no perdiera su puesto en Harvard”, planteó.

La testigo confirmó que el comité evaluador había recomendado becar a los candidatos Pagán y Arturo Ríos, pero no a Mónica Sánchez por no haber sometido el formulario de solicitud ni la declaración jurada al momento de la reunión.

Los miembros del comité hicieron constar que el área de estudio de Pagán, en Derecho, no estaba entre las prioridades de reclutamiento establecidas por Severino como rector.

Posterior a la reunión del comité, la secretaria de la Oficina del Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez, entregó el sobre con la solicitud de beca de la candidata Mónica Sánchez, sobrina del jefe del cuerpo rector. “Hubo unas llamadas solicitando una reunión para la señorita Sánchez. De la Junta de Gobierno llamaron”, dijo Álvarez.

Así fue que Sánchez se reunió con la entonces vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho, a principios de agosto. “(Camacho) me dice que haga la carta a favor de la señorita Sánchez por la cantidad que ella había solicitado, de $23,200”, dijo la testigo.

A preguntas de la defensa, Álvarez clarificó que también le pidieron preparar cartas a dos candidatos de otros recintos que igualmente habían entregado tarde los documentos. La testigo reconoció que Sánchez tenía carta de recomendación del entonces decano de Arquitectura, Francisco Rodríguez Suárez, y de Severino.

Además, admitió que la beca a favor de Pagán había sido aprobada unánimemente por el comité evaluador.