Faltando apenas unos 13 días para que venza el plazo para que miles de personas en Puerto Rico y Estados Unidos se expresen a favor o en contra del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, El Nuevo Día ha recibido denuncias de ciudadanos que no han recibido sus papeletas de votación.

Sonia Palacios, integrante del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y el juez Carlos Salgado Schwarz, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura denunciaron que no han recibido sus papeletas para expresarse en torno al PDA y aseguraron que ese también es el caso de decenas de personas que se han comunicado con los grupos ciudadanos que representan.

“El PDA no afecta solo las pensiones, afecta todo el ordenamiento jurídico, todo nuestro estado de derecho civil. Lo que tenemos es un sistema de medias verdades”, indicó Palacios al señalar que lo menos que debió hacer la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue un esfuerzo de educación amplio acerca del proceso de modificación de deuda que se persigue y que ha entrado a su etapa final.

ARREMETEN CONTRA LA JSF

Salgado Schwarz indicó que la Asociación representa sobre 200 jueces, de unos 383, sirviendo a la rama Judicial. En un sondeo informal, el juez de apelaciones indicó que hasta ayer, al menos 45 jueces no habían recibido su paquete informativo y papeleta. Es decir, al menos uno de cada cinco integrantes de la Asociación no había recibido su papeleta de votación.

“Esto parece una aplanadora”, dijo Salgado Schwarz al señalar que la JSF ha mostrado poco cuidado en el proceso de consulta. “Son varios grupos los que tienen que participar de este proceso”.

Habida cuenta que un número importante de sus integrantes no ha recibido la información, la Asociación no ha adoptado una postura formal en torno al PDA. En su carácter personal, Salgado Schwarz anticipó que votaría en contra del PDA.

De acuerdo con Palacios, de la misma forma en que la JSF no ha discutido ampliamente el alcance del PDA, los jubilados del gobierno están confundidos y muchos no tendrán cómo expresarse, sea porque no han recibido el paquete informativo -y con este su papeleta de votación- o porque el material recibido no puede accederse.

La JSF designó a PrimeClerk, una empresa dedicada a la administración de casos de quiebra, como Agente de Votación, para el envío de las papeletas del PDA.

SIN DATOS DEL PROCESO

El pasado 2 de agosto, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, determinó que PrimeClerk tendría 28 días a partir de su orden para enviar las papeletas y el paquete informativo.

En dicha orden, Swain también determinó que el plazo de votación del PDA termina el próximo 4 de octubre.

El PDA cuenta con 69 clases de acreedores. De estas, 61 clases tiene derecho a voto, entre ellas, jubilados, pero también contratistas del gobierno, empleados públicos y bonistas. Otras ocho clases no tienen que votar porque se entiende que el PDA no les perjudica y otras dos no recibirán papeleta de votación porque la JSF entiende que esos acreedores se opondrán al PDA.

El pasado viernes, durante su trigésima reunión pública, la JSF expuso entre los beneficios del PDA, la protección en el pago de las pensiones.

En contraste, durante la audiencia, la representante Lourdes Ramos -la única que acudió a la reunión a pesar de la trascendencia del PDA para el futuro de Puerto Rico- denunció que su oficina recibía llamadas constantes de ciudadanos que no han recibido sus papeletas.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, aseguró que PrimeClerk envió las papeletas y que el agente ya había comenzado a recibir votos de acreedores. Agregó que el envío se hizo utilizando la información provista por la Administración de los Sistemas de Retiro y que en caso de problemas, debían comunicarse con PrimeClerk.

El Nuevo Día preguntó el pasado viernes cuántas papeletas se enviaron y cuántas se han recibido, pero Jaresko indicó no tener a mano dicha información. Ayer, la JSF refirió esta periodista a PrimeClerk. Al cierre de la edición, no teníamos respuesta.

UN “CHUCHO AMARILLO” VACÍO

Palacios relató que se ha comunicado dos veces con PrimeClerk para reclamar su boleta de votación y la alternativa provista es votar por teléfono.

“¿Cuánto nos cuesta PrimeClerk? Somos nosotros los que subsidiamos la (JSF), el Comité Oficial de Retirados (COR), los anuncios de su presidente el juez (Miguel) Fabre contra nosotros”, indicó Palacios haciendo referencia a la campaña a favor del PDA que ha lanzado el grupo nombrado por el Síndico de Estados Unidos.

“A la gente le envían un chucho amarillo y ellos, no saben qué hacer”, fustigó. Palacios hacía referencia al material que sí han recibido algunos pensionados. El paquete enviado por PrimeClerk incluye la promoción del COR a favor del PDA, una lista de siete centros en diversos puntos de la isla donde depositar la papeleta, un sobre predirigido que no necesita sello postal, así como un “flash drive” amarillo con el nombre de PrimeClerk y que alegadamente contiene el material de referencia para que los acreedores puedan votar.

El Nuevo Día examinó uno de esos dispositivos amarillos en tres ordenadores con sistemas operativos distintos y no pudo acceder a este.

“Esto no es un chiste”, dijo por su parte Salgado Schwarz al adelantar que si sus representados no reciben el material, la Asociación presentará a la jueza Swain un recurso alegando la notificación defectuosa del PDA y por ende, los resultados de la votación no deben tener efecto.

“Yo no voy a votar electrónico. Necesito poner en el papel esa “X” para rechazar el plan ” SONIA PALACIOS ABOGADA RETIRADA E INTEGRANTE DEL FRENTE CIUDADANO POR LA AUDITORÍA DE LA DEUDA