El gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal tienen ahora en sus manos la oportunidad única de poner fin a la quiebra gubernamental local, identificando el punto de consenso que dé paso a una reestructuración de la deuda que ahoga las oportunidades de desarrollo económico y social de los puertorriqueños.

El momento histórico convoca a la Asamblea Legislativa, muy particularmente al Senado, y a la entidad supervisora, a abrirse al diálogo que produzca enmiendas justas y sensatas que mejoren, para beneficio del pueblo de Puerto Rico, no para alimentar agendas políticas, el Plan de Ajuste de Deuda que es objeto de consideración legislativa.

La hora llama a la flexibilidad y cooperación para poner fin al endeudamiento que, además de obstruir el progreso, limita el campo de acción del gobierno local.

En Puerto Rico, y en los círculos concernientes en Estados Unidos, existe consenso sobre la deseabilidad de que la Junta supervisora, y la Ley Promesa de la que surge, cesen lo más pronto posible su intervención sobre los asuntos de Puerto Rico. En estos momentos, la mejor y más rápida forma de lograr esa desvinculación es proveyendo el marco legal habilitador de la reorganización de la deuda que tanto obstaculiza el despunte de la economía puertorriqueña.

No pretendemos calificar de ideal el acuerdo alcanzado entre la Junta y los acreedores para poner fin a la larga disyuntiva sobre la deuda. Es importante, sin embargo, que la negociación que prevalezca contenga términos propicios para que la isla cumpla con sus obligaciones y mantenga los servicios y la operación gubernamental.

El pacto alcanzado con los acreedores conduce a la recuperación de la credibilidad del gobierno isleño ante el gobierno federal y los mercados de capital, al organizar las responsabilidades crediticias. Y le ahorra al fisco puertorriqueño los costos de litigios prolongados que espantan la inversión del capital requerido para el impulso económico tan necesitado.

De eso deben estar conscientes los funcionarios públicos que en estos días dirimen el Plan de Ajuste de Deuda. No nos llamemos a engaño: al margen de sus estribillos para alimentar gradas políticas, es de conocimiento general que llegar al tribunal sin un plan de ajuste de deuda tendría consecuencias nefastas que quien único pagaría sería el pueblo puertorriqueño.

La situación colocaría las pensiones de los jubilados del sistema público en las manos del Tribunal de la Ley Promesa, sin que cuenten con un pacto con los bonistas que proteja los pagos de esos servidores públicos.

Dejar el bienestar de los retirados a la merced de la Corte sería un acto de mayor irresponsabilidad y crueldad hacia gran parte de nuestra población de adultos mayores. Y hacia los hijos y nietos que tendrían la responsabilidad legal o moral de sostener a la vejez desamparada. Es de conocimiento general que el fondo de pensiones está insolvente y que los pagos a los retirados provienen de los impuestos que pesan sobre los trabajadores públicos y privados. Esta fórmula es insostenible: mina a las generaciones en edad productiva y empuja a los jóvenes a emigrar.

De hecho, si el Senado actúa en contra del Plan de Ajuste de Deuda, estaría entregando $100 millones a los bonistas que tendrían derecho a reclamar esa suma por la anulación del acuerdo. Ese dinero debería usarse para asumir las obligaciones, incluidas las pensiones de los empleados públicos. Vale recalcar que, según el último acuerdo entre la Junta y los bonistas, ninguna pensión menor de $2,000 mensuales se afectaría, lo cual aplicaría a la gran mayoría de los retirados.

El gobierno de Puerto Rico está en una situación favorable para resolver su endeudamiento, en parte por la llegada de fondos federales, como los del programa Medicaid que sufraga buena parte del Plan Vital. En la medida en que el gobierno de Estados Unidos asume el financiamiento de servicios de salud para las poblaciones médico-indigentes, Puerto Rico puede usar sus recaudos para pagar deuda y hasta proveer otros servicios a la gente. El gobierno en Washington no estará en disposición de aceptar que las autoridades puertorriqueñas gasten fondos federales adicionales, pero desatiendan su endeudamiento.

El escenario se complicaría al tener que emplear más tiempo en negociaciones en las que con toda probabilidad Puerto Rico no logre mejores términos para reestructurar su deuda. Existe el grave riesgo de que, en un nuevo escenario, la balanza no favorezca la posición de Puerto Rico.

La historia brinda momentos preciados para que las instituciones se crezcan propiciando el bienestar de los pueblos a los que de alguna manera representan. Corresponde ahora el Senado de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal colocar al futuro de los puertorriqueños en una agenda prioritaria y desprendida, dando paso a un plan de ajuste que libre a nuestro país de la deuda y de la entidad supervisora.