Ante la decisión de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) de archivar las denuncias presentadas contra las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero, por Olga Costas Rodríguez, ante el feminicidio de su hija Andrea Cristina Ruiz Costas, me he dedicado a leer el informe y las reacciones de las personas a través de las redes sociales. La mayoría de las personas con las que he interactuado sienten indignación, rabia, dolor y frustración. No es de extrañar que las reacciones en las redes al resultado de la investigación de OAT sean de repudio y de cuestionamiento.

El Informe de Investigación sobre Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez, juezas municipales, indica “que no existe prueba clara, robusta y convincente de que la jueza Nieves Cordero o la jueza Alvarado Rodríguez hayan cometido una violación ética dentro de los contornos de la disciplina judicial”. Se establece así que no serán referidas a un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Disciplina Judicial. ¿Y cómo y qué nos deja esta decisión ante la tan ansiada justicia?

En el informe se ve que Andrea presentaba un claro caso de violencia emocional. Era vigilada, acechada, chantajeada y tenía miedo de que el agresor publicara el vídeo y las fotos de contenido sexual. También se percibe que Andrea, al igual que le pasa a diario a las víctimas de violencia de género, estaba frustrada con la manera en que se manejó su caso y lo expresó a la intercesora legal cuando le dijo que lo que quería era irse ya del Tribunal. Esta reacción la viven diariamente las sobrevivientes, porque cuando las víctimas y sobrevivientes acuden al Tribunal esperan que se active un sistema de justicia que sea accesible, justo, sensible, que las proteja y que envíe un mensaje claro al victimario de que no se tolerará la violencia, sea cual sea.

Al leer el informe también se percibe lo que las organizaciones de mujeres relatan diariamente: un sistema poco sensible a las necesidades de las víctimas y que parece más enfocado en responsabilizar a la sobreviviente. Entre otras, el informe indica que la jueza le ofreció albergue a Andrea y que ella no optó por esa alternativa, ejemplo muy usado por el sistema de cómo se pasa la responsabilidad de su situación a la víctima. También indica que Andrea decidió archivar los cargos, otro ejemplo de un sistema poco sensible a las complejidades de los casos de violencia de género. Las propias palabras de Andrea lo ilustran cuando pide archivar el caso: “porque lo que realmente me interesaba no se le dio énfasis la vez pasada en esta Sala y...” “no quiero seguir con el caso, no quiero bregar más con esto”. (énfasis de la autora). Para hacer verdadera justicia hay que tener conocimiento preciso sobre las dinámicas de poder y control de violencia de género y saber cómo afecta la autodeterminación de una sobreviviente.

¿Es consciente la Administración de los Tribunales de los efectos negativos que el informe tiene para las sobrevivientes de violencia de género y el impacto para las organizaciones que acompañan diariamente a las víctimas? Al expresar este informe que se encuentran impedidos de referir el asunto a la Comisión de Disciplina Judicial para iniciar una acción disciplinaria porque les falta prueba del estándar requerido, me pregunto si es que el sistema carece de las herramientas requeridas para responder con justicia a las realidades de nuestra sociedad y más aún, para ser líder dentro del mismo sistema para erradicar la violencia de género y lograr la justicia para las víctimas. Mientras esto no ocurra seguiremos cuestionando al sistema. Es a través de la transparencia y la rendición de cuentas que se construye o se derrumba la confianza y el respeto en el sistema de justicia.