Aunque no estoy del todo de acuerdo con la escuela económica institucional nueva, ella tiene algunos planteamientos que merecen atención. Esta escuela establece que uno de los pilares fundamentales para tener una economía próspera es el imperio funcional del derecho (rule of law) y que los países fracasados tienen un sistema legal deficiente.

Una encuesta que desarrollé recientemente para la organización Ayuda Legal Puerto Rico sobre el acceso a la justicia y el apoderamiento legal puede arrojar luz sobre la funcionalidad del sistema legal de Puerto Rico. Los resultados más llamativos fueron: las personas se han enfrentado a un promedio de 2.1 situaciones legales; solo 4 de cada 10 participantes dicen entender “completamente” los procesos legales en los tribunales y foros administrativos (ejemplo, DACO, FEMA, foros para revisar facturas en LUMA y en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o AAA); y que la gran mayoría de las situaciones enfrentadas por los entrevistados no llegan a los tribunales o foro administrativo.

Las razones principales según los entrevistados para no llevar las situaciones por la vía legal son: el pensar que no era necesario, el sistema es muy complejo y tomaría mucho tiempo, causaría estrés, el costo y el desconocimiento de los procesos legales. El descontento con la lentitud de los procesos en los tribunales fue palpable: solo un 20% está de acuerdo en que los procesos en los tribunales ocurren en un tiempo razonable.

Si mala fue la percepción ciudadana sobre los tribunales, peor es sobre los foros administrativos. El 84% de las personas no está de acuerdo en que los procesos en los foros administrativos ocurren en un tiempo razonable. Un 47% de la ciudadanía no está satisfecha con los foros administrativos, mayor al 40% de insatisfacción en el caso de los tribunales, a pesar de que el foro debería ser más accesible y expedito. Las féminas y los adultos mayores dicen comprender los procesos en los foros administrativos menos que otros grupos.

¿Por qué son tan desastrosos estos foros administrativos? En el caso de LUMA el proceso está diseñado para que de entrada la persona perjudicada pierda: no tienen un proceso de reclamación funcional vía el internet; el personal en la vía telefónica se niega a que se objete la factura, no envían una evidencia de la reclamación y despachan a los clientes diciendo que tomarán lectura del contador, pero no lo hacen. Si llevas una foto del contador a las oficinas, no te dan un documento que establezca el número de la reclamación ni ajustan al momento la factura, aun si reconocen que hay un error craso. De hecho, el proceso es tan amañado que no hay una entidad independiente dentro de la agencia que oriente a la ciudadanía sobre sus derechos, como sería el caso de ProSe en los tribunales, y la última instancia para resolver la reclamación es la propia agencia o el Negociado de Energía que solicita los documentos que LUMA se niega a proveer.

La AAA al menos sí le provee al ciudadano una evidencia de la reclamación, pero tampoco tienen una página web o un servicio telefónico funcional para reclamar. La mayor desventaja es que la última instancia para ventilar las reclamaciones también es dentro de la propia agencia, lo que constituye un conflicto de interés.

El DACO al menos supera a la AAA y a LUMA al tener un sistema de reclamaciones por internet y al no tener conflictos de interés en las reclamaciones. Sin embargo, el proceso toma muchos meses en atenderse, probablemente por la falta de personal. Este efecto perverso de la austeridad debe corregirse pues, como dijo Séneca, “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

Para que impere adecuadamente el derecho es hora de replantear el diseño de estos foros administrativos y la funcionalidad del sistema legal de Puerto Rico.