Corresponde ahora al liderato gubernamental ejecutivo y legislativo diligenciar las reformas fiscales y económicas que robustezcan las finanzas públicas responsables de sostener, además del acordado pago de la deuda del gobierno central, las pensiones de los retirados y las alzas para amplios componentes de la nómina pública.

Esta ruta fiscal a cinco años certificada por la Junta de Supervisión Fiscal, y el modelaje de reorganización que emana del recién aprobado Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central, deben allanar el terreno para la tan necesitada reestructuración del endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este último es un paso de importancia mayor para la revitalización del sistema energético, que es la plataforma obligada para el desarrollo económico isleño.

Procede ahora que el gobierno puertorriqueño establezca los parámetros para impulsar el desarrollo económico con metas de sostenibilidad, mientras cumple con los indicadores dispuestos en el Plan Fiscal. El gobernador Pedro Pierluisi se ha expresado satisfecho con el mapa fiscal, al que considera una señal de que la gestión pública superó la etapa de austeridad.

El momento convoca a la responsabilidad e innovación gubernamental, ambos factores amigos del progreso sostenido y de la salud fiscal.

El Plan Fiscal confirmado para regir hasta 2027 se basa en proyecciones de una bonanza económica en los primeros dos años, resultado de la combinación de fondos federales asignados para la reconstrucción y la mitigación del impacto económico por la pandemia. El optimismo gira también en torno al proyectado aumento multimillonario a la partida que Puerto Rico recibe para financiar el plan de salud pública.

El Plan ofrece esperanza al encaminar la justicia a grupos de trabajadores, como maestros, bomberos, policías y oficiales correccionales. Esos ofrecimientos están sujetos a una serie de condiciones que el gobierno debe cumplir, como son la implementación de medidas de eficiencia y de sistemas de asistencia. Por otro lado, han logrado mantenerse intactas las pensiones de los empleados públicos ya retirados.

Quedan por delante desafíos que no necesariamente están sujetos a variables estables o locales. El más importante, el aumento por seis veces – de $400 millones a $2,943 millones para el plan de salud público – dispuesto por una interpretación del Centro de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS) sobre una ley federal de 2019. La validez de esa opinión puede estar sujeta a la discreción del Congreso.

Además, el gobierno de Puerto Rico tiene pendientes reformas fiscales y estructurales que hagan posible mantener la salud presupuestaria del gobierno de forma consistente, condición que haría innecesaria la permanencia de la Junta. Entre estas reformas, la Junta ha dispuesto crear una Agenda de Administración Financiera que transformaría los mecanismos financieros y presupuestarios del gobierno.

Está en agenda una revisión tributaria que ofrezca alternativas viables a la posible eliminación al impuesto a las corporaciones foráneas. Esta contribución deja a la isla, al amparo de la Ley 154, alrededor de $2,000 millones – más del 20% de los ingresos del Fondo General y el 50% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, la principal fuente de recaudos contributivos locales.

De acuerdo con las proyecciones del Plan Fiscal, el ritmo de prosperidad que se anticipa para el primer bienio se reduciría en los años subsiguientes con el riesgo de moverse a terreno negativo. Dependerá de que se tomen decisiones con visión estratégica – no electorera - hacia el objetivo de que Puerto Rico se convierta en una sociedad de avanzada y próspera.

Es posible lograrlo con voluntad política y una gobernanza regida por la transparencia y las mejores prácticas fiscales. Puerto Rico se encuentra en una confluencia de oportunidades para emprender una economía productiva, con infraestructura de calibre mundial y credibilidad robusta ante los mercados de capital y el gobierno federal.