La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) inició ayer el proceso para la liquidación de Bancrédito International Bank & Trust, una entidad que tiene $104 millones en depósitos, luego que exámenes del ente regulador reflejaron violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero.

La entidad bancaria internacional, de dueño venezolano y que se estableció en Puerto Rico en 2009, ha aportado, a través de varios súper PAC, a las campañas electorales a la gobernación del gobernador Pedro Pierluisi y de su contrincante por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado.

El único accionista y presidente de la Junta de Directores de la entidad es el banquero venezolano Julio Herrera Velutini , quien es uno de los objetivos de la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por supuestamente haber donado ilegalmente a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en las elecciones de 2020, según una fuente. La presunta ilegalidad surge de una violación del Capítulo 11 del Código de Regulaciones Federales, que prohíbe a las personas extranjeras costear gastos de campaña de su propio pecunio. El abogado de Herrera Velutini, Luis Delgado, negó que la encuesta, que comisionó en enero de 2020, haya constituido un donativo.

HALLAZGOS DEL ENTE REGULADOR

Un examen de la OCIF, que inició en julio de 2019 y culminó en diciembre de 2020, encontró que Bancrédito estaba incumpliendo con los reportes de actividad sospechosa, además de que arrojó deficiencias severas en controles internos, supervisión y análisis de riesgos, entre otros.

El examen identificó “una violación aparente con las regulaciones del Departamento de Hacienda de Estados Unidos”, que requieren informes de actividad sospechosa para “transacciones de $5,000 o más que involucran lavado de dinero o violaciones de la Ley de Secretismo Bancario”. “La OCIF identificó que la institución bancaria internacional falló en someter varios informes de actividad sospechosa y sometió tarde 22 reportes de actividad sospechosa”, lee el memorando de entendimiento que firmaron la OCIF y Bancrédito el 21 de diciembre de 2021 y al que El Nuevo Día tuvo acceso.

Los examinadores identificaron, asimismo, que los oficiales bancarios carecían de autonomía para las decisiones de reportar actividad sospechosa. También se señalaron fallas en el establecimiento de un programa de análisis de riesgo para monitorear transacciones que permitieran detectar actividades de lavado de dinero y encontraron errores en los informes de Cuentas Bancarias y Financieras en el Extranjero presentadas de 2016 a 2018.

Bancrédito levantó múltiples argumentos para tratar de cuestionar la validez del proceso, según el memorando, entre ellos, la falta del debido proceso, conducta arbitraria y caprichosa, conflictos de interés, acoso y daños a la reputación. La Ley 52 de 1989 faculta a la OCIF para supervisar, inspeccionar y auditar a las entidades bancarias, evaluar su seguridad financiera y solidez institucional, así como su cumplimiento con leyes y regulaciones. Además, puede revocar o suspender licencias para operar e imponer sanciones.

Ayer la OCIF emitió, finalmente, una querella y orden para mostrar causa contra Bancrédito, con la que dio inicio al proceso de liquidación voluntaria del banco, luego de su incumplimiento reiterado con los requerimientos del regulador.

La comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira , explicó, en entrevista con El Nuevo Día, que esta orden se produce luego de que Bancrédito incumplió con el requerimiento, realizado en diciembre, de nombrar un comité independiente de tres directores que tomaran control de la administración del banco. Esto constituía una medida de prevención de lavado de dinero.

“Le pusimos controles externos para que el accionista no incidiera sobre las decisiones y la operación del banco, de acuerdo a las mejores prácticas”, explicó.

La querella da cuenta de que la Junta de Directores de Bancrédito llegó a nombrar los directores entre enero y marzo de este año, pero dos de ellos renunciaron en abril. Eso conllevó a que incumplieran el requisito de tener el comité instaurado a dos meses de firmado el acuerdo.

Herrera Velutini y su junta de directores nombraron al exsecretario de Hacienda Jesús F. Méndez y el CPA Ramón Ponte a ese comité, que sostuvo su primera reunión el 18 de enero de este año. La OCIF notificó, en febrero, que faltaba la designación de un tercer miembro. En marzo se nombró a Miguel Venta, socio administrador jubilado de KPMG.

Sin embargo, el 29 de abril, Bancrédito presentó su informe de progreso en el que informó que tanto Venta como Méndez habían renunciado.

En la querella de ayer, la OCIF ordenó una multa de $5,000 por cada uno de los 50 días en incumplimiento, para un total de $270,000. El banco contestó que, en este momento, no emitirán comentarios. Tienen 20 días para refutar la orden.

“Le pusimos controles externos para que el accionista no incidiera sobre las decisiones y la operación del banco, de acuerdo a las mejores prácticas”

NATALIA ZEQUEIRA

COMISIONADA DE OCIF