Entre marzo de 2009 y diciembre de 2011, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz y el senador Carmelo Ríos favorecieron, en 11 ocasiones, con donativos de resoluciones conjuntas a Wilmarie Rosad0 Torres, esposa del contratista gubernamental José Miguel “Joe” Huertas , así como a otros parientes suyos o vinculados con sus empresas, según informes oficiales en poder de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día.

En ese periodo, Pérez Ortiz favoreció con seis donativos legislativos a Rosado Torres, Huertas y sus allegados, mientras que Ríos lo hizo cinco veces, según documentación oficial examinada por este medio.

Para el 23 de abril de 2009, cuando Pérez Ortiz presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 309, en la que dio un donativo de $5,000 a Rosado Torres para gastos en el hogar, médicos y universitarios, Huertas ofrecía servicios en su oficina legislativa como consultor, con una compensación de $2,000 mensuales.

La Unidad de Investigación y Datos corroboró, mediante documentación sobre propiedad inmueble, que la dirección residencial en la urbanización Rexville, en Bayamón, que la Resolución 309 establece como la de Rosado Torres, estaba registrada a nombre de Huertas Development, una corporación del contratista. Anterior al 2009, la propiedad estaba registrada a nombre del propio Huertas.

El Nuevo Día publicó ayer una investigación que evidencia que Huertas prestó servicios como contratista en la Legislatura al tiempo que era empleado regular de la oficina de Pérez Ortiz en la Cámara de Representantes durante varios periodos entre 2013 y 2018, un esquema ilegal en el que Rosado Torres también participaba.

Cinco días después de presentar la resolución con ese donativo, Pérez Ortiz, representante por el distrito 7 de Bayamón, sometió otra en la que concedió donativos a ocho personas, entre ellas, a Carmen Torres Torres, persona con la misma dirección residencial en la que Rosado Torres recibía los donativos que le daba Ríos en el Senado.

El 20 de marzo de 2009, Ríos, senador por el distrito de Bayamón, presentó la Resolución Conjunta del Senado 75 para, entre otros, darle un donativo a Rosado Torres por $2,000 para “gastos de operación y de trabajo dental”.

En esa medida, el legislador también requería un donativo de $1,492.80 para Torres Torres, quien, para recibirlo, aparece con una dirección distinta a la que se registra en los donativos de la Cámara, pero que coincide con la que Rosado Torres usó para registrar algunas de las corporaciones suyas y de su esposo en el Departamento de Estado.

Esa medida, sin embargo, sufrió enmiendas en la Comisión de Hacienda que eliminaron la propuesta inicial del senador de donar los $2,000 a Rosado Torres y los $1,492.80 a Torres Torres.

El 30 de abril de 2009, Ríos presentó la Resolución Conjunta del Senado 110, en la que aportaba a Rosado Torres $2,000 y $1,267.90 a Torres Torres. Ese mismo día, presentó otra resolución para dar $305 más a la esposa de Huertas para gastos médicos.

Ríos le dijo a El Nuevo Día que no recordaba los donativos otorgados a Rosado Torres y Torres Torres, ni sabía qué relación hay entre ambas. “Si le di donativo, tiene que haber cumplido con todo (requisito)”, sostuvo.

Al año siguiente, el 10 de mayo de 2010, en la Resolución Conjunta de la Cámara 797, el representante Pérez Ortiz dio varios donativos a sus constituyentes, entre ellos, Isamarie Rivera Báez, quien figura como incorporadora y agente residente de AHC Consulting & Contractor, compañía de la que Rosado Torres también formó parte. En julio de 2010, el senador Ríos le dio un contrato a Huertas como asesor legislativo bajo esa corporación.

Además, cuando Pérez Ortiz presentó la medida que otorgaba el donativo, Huertas tenía un contrato vigente con el representante, a través de la compañía MH&R Consulting Corp., por el que recibía $5,333 mensuales. “Tendría que verificar porque al momento, no tengo esa información”, respondió el legislador, al ser cuestionado sobre las resoluciones conjuntas en las que benefició a Rosado Torres y su asociada.

Tras esa entrevista inicial, Pérez Ortiz no volvió a responder peticiones de información de El Nuevo Día.

Los donativos continuaron en 2011. El 21 de septiembre de ese año, el representante de Bayamón presentó otra medida en la que otorgaba $3,000 a Olga Ramírez Huertas para gastos universitarios. Ramírez Huertas figura como oficial y hasta presidenta de algunas de las corporaciones del matrimonio Huertas Rosado.

En la Resolución Conjunta de la Cámara 1285, también da otros $3,000 a Ovimael González Toledo, a quien Pérez Ortiz le había donado $800 en abril de 2009. En una búsqueda en el registro de corporaciones del Departamento de Estado, una persona de nombre Ovimael González Toledo dice tener exactamente la misma dirección residencial que la resolución legislativa identifica como la de Olga Ramírez Huertas.

La Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día se comunicó al teléfono registrado como de González Toledo en el Departamento de Estado y, aunque quien contestó se identificó por ese nombre, negó cualquier relación con Ramírez Huertas o el matrimonio Huertas Rosado. También rechazó haber recibido donativos legislativos.

Este diario se comunicó con Ramírez Huertas, a través de una red social que la ubica fuera de Puerto Rico, pero no contestó el mensaje. En tanto, José Miguel Huertas colgó una llamada sin responder preguntas.

Desde 2010, Huertas y Rosado Torres registraron siete corporaciones con fines de lucro que han tenido contratos con la Legislatura y otras entidades gubernamentales ascendente a casi $2 millones.