La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) terminaría este año fiscal con un déficit de al menos $150 millones, según el análisis de flujo de efectivo de la corporación pública divulgado ayer.

Según el informe que abarca el presupuesto y proyecciones de efectivo entre el pasado 15 de abril y el próximo 8 de julio, la compra de combustible para generar electricidad parece ser una de las causas en el déficit de efectivo que arrastra la corporación pública, una brecha que la AEE y LUMA Energy podrían intentar recuperar a través de otro aumento en la factura de la luz.

Las proyecciones deficitarias como resultado de la volatilidad de los precios del crudo en la AEE son el telón de fondo del proceso de quiebra de la utilidad y a juicio del experto financiero, Tom Sanzillo, deben servir para que las negociaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los acreedores de la AEE no se traduzcan en más aumentos a los abonados.

En una carta enviada a la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del caso de Título III de la AEE, al presidente de la JSF, David Skeel, Sanzillo, director de Análisis Financiero para el Instituto de Economía y Análisis Financiero de Energía (IEEFA, en inglés) recomendó al tribunal que no se pague a los bonistas un solo centavo que provenga de la tarifa eléctrica. Sugirió, en cambio, que la recuperación que estos puedan recibir provenga de los bancos de inversión que estructuraron la deuda de la AEE y las aseguradoras municipales que se comprometieron a pagar esos bonos si la AEE no honraba sus obligaciones.

Según Sanzillo, si el proceso de mediación en curso resulta en otra estructura financiera que incluya el pago a los bonistas dentro de la factura de la luz, Puerto Rico habrá abandonado el precio objetivo de 20 centavos el kilovatio hora (kvh) que ha servido como norte en los planes fiscales certificados por la JSF y su economía tendrá poco margen para recuperarse.

“La AEE continúa paralizada por los precios del gas y el combustible”, indicó Sanzillo a Swain. Agregó que cinco años después de la llegada de la JSF, la corporación pública no ha logrado reformas suficientes en sus operaciones y por ende, tampoco en los ahorros que la oficialidad alega servirían para reducir el costo de la electricidad en Puerto Rico. Esto, aun con la contratación de LUMA Energy.

De acuerdo con Sanzillo ante el “patrón de resistencia de lo que parece ser la oposición de la gerencia de la AEE a la energía renovable” y la falta de voluntad política para aprobar cualquier legislación de reestructuración que conlleve alzas tarifarias, es necesario adoptar otra óptica.

¿QUIÉN DEBE PAGAR?

Citando reportes de la JSF en el tribunal, Sanzillo recomendó que, en las negociaciones a cargo del Equipo de Mediación para la AEE, se sienten a la mesa los banqueros de inversión que contribuyeron a la crisis de la corporación pública y aporten parte del pago que recibirían los acreedores.

De un total aproximado de $8,000 millones en bonos, Sanzillo propuso que los bonistas recuperen unos $2,300 millones, o aproximadamente un 29% y que los fondos dueños de las líneas de crédito para la compra de combustible, que tienen prioridad de pago según la escritura presente de los bonos, recuperen 50% de los $700 millones que la AEE adeuda. En el agregado, Sanzillo recomendó recortar las obligaciones de la AEE a poco más de la mitad.

El también ex subcontralor del estado de Nueva York propuso que se honre en su totalidad la obligación de pensiones, estimada en $3,000 millones y que se aparten unos $1,000 millones para los inversionistas pequeños de la AEE, en su mayoría, residentes de la isla.

Sanzillo entiende que los $6,600 millones que quedarían pendientes de pago pueden ser pagados por aseguradoras municipales como Assured Guaranty y Syncora Guaranty. Estos aportarían el pago que verían los bonistas y que rondaría $2,300 millones. Mientras, el sindicato de bancos de inversión que emitió la deuda de la AEE en el 2013 y cuya legalidad es cuestionable, debe aportar los otros $4,350 millones.

De acuerdo con Sanzillo, cuando se suman los activos de JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, RBC Capital, Goldman Sachs y UBS, estos custodian unos $12 billones en activos y esa cifra no incluye los ingresos de los abogados, auditores y consultores que asesoraron a la AEE. Entre éstos, Sidley Austin con ingresos anuales de $2,600 millones, Ernst & Young con $40,000 millones y URS Consulting con $4,000 millones de ingresos anuales.

“No hay duda de que este grupo puede crear el pote de $4,350 millones para resolver el asunto de la AEE”, dijo Sanzillo. “Un acuerdo bien diseñado debe proteger a la AEE y sus abonados”, agregó.