En medio de un escándalo y una pesquisa federal por supuestas donaciones ilícitas a campañas políticas, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió una querella y orden para que Bancrédito International Bank & Trust liquide sus operaciones en Puerto Rico.

Se trata de un proceso administrativo que puede describirse como la antesala al cierre de una institución bancaria, aunque en esta ocasión, sería de corte voluntario. De consumarse, la institución entregaría su licencia al regulador financiero estatal y establecería un plan para disponer de sus activos.

Sin embargo, según fuentes de El Nuevo Día y documentos examinados por este diario, la orden emitida ayer por la comisionada Natalia Zequeira debió expedirse desde hace mucho. Ello porque, según las fuentes, por al menos, los pasados seis años, Bancrédito habría incumplido repetidamente con diversos aspectos reglamentarios de la operación bancaria y algunas de estas deficiencias, habrían motivado un referido de parte de la OCIF al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por posibles actividades sospechosas vinculadas al blanqueo de capital.

Según las fuentes, más que la pesquisa por presuntos donativos políticos de parte del banquero Julio M. Herrera Velutini, autoridades federales, entre ellas la Red de Vigilancia contra Crímenes Financieros (FinCEN, en inglés), le siguen el rastro a Bancrédito y otras instituciones en la isla. Los referidos por parte de la OCIF al FBI por posibles actividades de lavado de dinero al interior de Bancrédito, dijeron las fuentes, no habrían sido los únicos.

Sin embargo, lo que no se entiende al interior del pequeño nicho de las Entidades Bancarias y Financieras Internacionales (EBI y EFI, respectivamente) en la Milla de Oro es por qué la OCIF habría tardado tanto luego de efectuar al menos tres exámenes de diversa índole a Bancrédito y que estos arrojaran deficiencias.

Según las fuentes, entre los años 2015 y 2016, la OCIF habría cuestionado la procedencia del capital del banco, estimado entonces en unos $60 millones y que se nutría mayormente del valor calculado, entre otras cosas, de obras de arte.

Entonces, la OCIF emitió una orden de consentimiento contra Bancrédito, una medida más estricta que el memorando de entendimiento (MOU, en inglés) que ahora pesaba contra la institución bancaria, según la orden firmada por Zequeira.

Posteriormente, en un examen que abarcó las operaciones hasta el año 2019, los examinadores de la OCIF habrían comprobado que en múltiples instancias, Bancrédito no seguía los protocolos para remitir Informes de Actividad Sospechosa (SARs, en inglés), pieza clave para detectar lavado de dinero.

“Había una batalla entre los examinadores y la dirección de la OCIF”, dijo una fuente conocedora de los hechos, pero impedida de hablar del caso.

Según documentos examinados por ElNuevo Día, Bancrédito se habría comprometido ante la OCIF a resolver sus deficiencias en materia de cumplimiento con la Ley de Secretividad Bancaria (BSA, en inglés), una labor que llevaría a cabo,

Víctor Rodríguez Bonilla.

Rodríguez Bonilla asistiría a Bancrédito como un asesor externo, y su competencia estaría a la altura de la junta de directores del banco, encabezada por Herrera Velutini, explicaron las fuentes.

Tanto la pesquisa del FBI y de FinCEN, como los problemas con los exámenes de la OCIF a Bancrédito se mencionan en una carta de la firma Kobre & Kim a la asesora de FinCEN, Viviana Muñoz Fernández, en Virginia, que buscaba que la OCIF detuviera “un patrón de persecución” contra la institución.

Sin embargo, según las fuentes, Bancrédito no habría hecho progresos suficientes en las deficiencias señaladas por el regulador.

La dilación de la OCIF en tomar acción con Bancrédito durante los primeros dos años de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y posteriormente, durante el mandato de Wanda Vázquez Garced, incluso resultó en diferencias en la relación de trabajo que suele haber entre FinCEN y OCIF, según las fuentes.

El Nuevo Día intentó comunicarse con el entonces comisionado George Joyner, pero no tuvo éxito. Joyner habría dejado el cargo a petición de La Fortaleza en marzo de 2020 justo cuando la venta de la cartera del Banco de Desarrollo Económico (BDE) resultaba en señalamientos y acusaciones contra el expresidente del BDE, Luis Burdiel.

Joyner fue sucedido por Rodríguez Bonilla, unos tres meses más tarde.