El caso de un contratista de la Asamblea Legislativa que por años laboró simultáneamente como parte del personal regular en una oficina de la Cámara de Representantes ilustra una crasa violación del ordenamiento legal sobre nombramientos de empleados en el gobierno de Puerto Rico.

La situación documentada por la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día pone en entredicho la rigurosidad administrativa de la rama legislativa, donde incluso se ascendió al recurso en cuestión al cargo de director de la oficina del representante Luis Pérez Ortiz mientras una compañía que presidía ese empleado tuvo contratos con el propio despacho del referido legislador.

El doble rol de empleado y contratista es ilegal, tanto en la Rama Legislativa como en la Ejecutiva. En el caso de la Cámara, la prohibición está dispuesta en la Orden Administrativa 2006-14 Art. V (j), que prohíbe el que se pueda “ocupar un cargo, posición, puesto o empleo por nombramiento o contrato en agencias gubernamentales, excepto cargos y otros servicios ad honorem que sean compatibles con sus funciones” en ese cuerpo legislativo.

Sin embargo, el contratista José Miguel Huertas, siendo empleado de la Cámara de Representantes de 2013 a 2018, estableció contratos de servicios profesionales a través de tres corporaciones suyas o incorporadas por su esposa en ese cuerpo legislativo, así como en el Senado y en los municipios de Guaynabo, Toa Baja y Naranjito.

Resulta altamente preocupante que directivos de la Cámara de Representantes reconozcan la ilegalidad de la contratación, pero su inacción para cumplir con el ordenamiento aplicable no evitó impedir potenciales conflictos de interés y situaciones antiéticas.

La situación refleja como amplias discreciones de legisladores y funcionarios en el gobierno para contratar y remunerar empleados de confianza u otro personal dan al traste con el principio del mérito. También invalidan mecanismos de supervisión efectiva, promotores de productividad y eficiencia. Además, propician situaciones donde queda en duda la capacidad humana para cumplir adecuadamente con diversidad de tareas en las que tampoco existen guías claras de remuneración.

En el caso en cuestión, como empleado legislativo la persona comenzó con un salario de $1,500 mensuales, pero aumentó eventualmente a $9,500, al tiempo que manejó contratos por cerca de medio millón de dólares.

Es vergonzoso que en la casa de las leyes el rigor y las buenas prácticas administrativas brillen por su ausencia y que los reglamentos, entre otras disposiciones para alcanzar operaciones con transparencia y rendición de cuentas no sean puestos en vigor por falta de compromiso de quienes reciben el privilegio del pueblo para ocupar escaños públicos.

Una revisión de reglamentos de personal tiene que abarcar todas las agencias del gobierno. La gestión puede contribuir a poner en práctica medidas cautelares como la suspensión de personal imputado de delitos. Ese es el caso del exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, acusado de conspiración, soborno y extorsión como parte de un esquema fraudulento que incluyó comisiones ilegales. Vargas renunció como ejecutivo municipal, pero se reintegraría a corto plazo a un cargo de supervisor en la Autoridad de Edificios Públicos.

Aunque en el caso de Vargas, al igual que de otros exalcaldes acusados de delitos similares, le asiste la presunción de inocencia, la magnitud de eventos donde prima el lucro personal por encima del servicio público marca la urgencia extrema de pasos afirmativos para minar el inversionismo político y toda práctica de corrupción pública. A la espera del debido proceso en casos judiciales o administrativos, un relevo temporal es una medida atinada.

El ejecutivo y la legislatura están llamados a encaminar sin rodeos reformas de personal que promuevan un ambiente justo en la plantilla de servidores públicos, a la vez que se impulsa la productividad y el mejor uso de los recursos del erario. Demostrar voluntad para cumplir esa agenda será determinante para recobrar la confianza que es pilar de la estabilidad gubernamental y será esencial para lograr la recuperación social y económica que Puerto Rico merece.