El Nuevo Dia

El combate de la corrupción

Anibelle Sloan Abogada jab

Uno ve, escucha y lee lo que está pasando en Puerto Rico con la corrupción, rampante y sonante, y la manera en que el propio gobierno reacciona a la misma y se queda perplejo. Es la imagen tan clara como absurda, tan absurda como triste, del sinsentido.

Para muestra con un botón basta. El renunciante alcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez, es acusado por la Fiscalía Federal de haber cometido el acto más burdo de corrupción: aceptar y recibir dinero en efectivo de un contratista para, a cambio de ese pago, otorgarle un contrato municipal. A “Rey” se le han radicado cargos de conspiración, soborno y extorsión. Entonces este señor que se vio obligado a renunciar a su posición de alcalde, ha reclamado su puesto de carrera en la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Pero no se trata de cualquier puesto, el exalcalde acusado quiere un puesto de Supervisor de toda la región de Humacao, aun cuando nunca ha trabajado en la AEP, ya que él llegó a esa agencia trasladado de la Autoridad de Energía Eléctrica, a consecuencia del plan de movilidad ante la llegada de LUMA Energy. Resulta que antes de comenzar a trabajar en la AEP fue electo alcalde, por lo que solicitó y se le concedió una licencia sin sueldo y no llegó a pisar la agencia.

Entonces se proyecta, en su máxima expresión, el sinsentido gubernamental. Un empleado que nunca ha puesto un pie en la AEP, que no conoce la agencia, ni tiene experiencia ni pericia en lo que hace la AEP y que ha tenido que renunciar a su puesto de alcalde por ser acusado de corrupto en la esfera federal; ahora a pesar de su desconocimiento, inexperiencia y de cargar con una acusación de esta magnitud, pretende supervisar a empleados de la AEP que sí conocen su trabajo, que llevan años en la agencia y que tienen una trayectoria impecable de honestidad, esfuerzo genuino y trabajo limpio. La directora ejecutiva de la AEP, ingeniera Ivelysse Lebrón Durán, le envió una carta al excalcalde concediendo su solicitud. No hay que usar una lupa para poder ver de inmediato que algo no anda bien, que este andamiaje está errado, que no hace sentido, que no es razonable ni justo.

El Código Municipal de Puerto Rico permite que los municipios otorguen contratos de recogido de basura y desperdicios sólidos sin la otorgación de subastas y sin que el contratista seleccionado esté inscrito en la Administración de Servicios Generales (ASG). Por lo tanto, dicho contratista tampoco tiene que cumplir con los requisitos exigidos por la ASG al resto de los contratistas del gobierno. Esto facilita la comisión de actos ilegales, como los que se les imputan a los alcaldes que han sido arrestados. A todas luces hay que enmendar este Código. Ya han transcurrido cinco (5) meses desde que arrestaron al primer alcalde, Félix “Cano” Delgado, y aun no se ha aprobado un proyecto de ley que enmiende el Código Municipal para evitar esquemas similares.

Es apremiante e impostergable que, desde el Ejecutivo, el Legislativo y desde cada partido político se encamine una agenda abarcadora y contundente dirigida a combatir la corrupción y el pillaje, por lo menos a ponerle el pie y hacerla más difícil. Esto incluye fortalecer los sistemas de vigilancia y estándares de seguridad e incorporar mecanismos más efectivos de supervisión para mitigar riesgos e identificar conductas desviadas y sospechosas. La corrupción ha golpeado demasiado fuerte, le ha propinado al pueblo un por las costillas, es urgente devolverle el aire al país para que pueda seguir respirando.

OPINIÓN

es-pr

2022-05-17T07:00:00.0000000Z

2022-05-17T07:00:00.0000000Z

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