El Nuevo Dia

A cargo de los contratos bajo investigación

Legisladores de Bayamón confirmaron que el contratista estaba a cargo de los proyectos asignados por ellos a través de la ATPR

WILMA MALDONADO ARRIGOITÍA Y DAVID CORDERO MERCADO [email protected] Twitter: @WilmaMaldonadoA / @David_cmercado

El activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Miguel “Joe” Huertas , quien trabajó en un doble rol de empleado y contratista con senadores y representantes de Bayamón, obtuvo el año pasado un contrato con la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) como coordinador de casos y proyectos, en ese distrito, que se pagarían con fondos legislativos mediante acuerdos que hoy son investigados por el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor.

El contrato le fue otorgado por la exdirectora de la ATPR Dorally Rivera , quien, al igual que Huertas, formó parte del Comité de Plataforma del Instituto de Política Pública del PNP para el 2020. El acuerdo fue concedido el 29 de marzo de 2021 a través de AHC Consulting, una corporación de Huertas y su esposa, Wilmarie Rosado Torres. Rivera renovó el contrato de $3,500 mensuales el 1 de julio de 2021.

Al ser cuestionada por El Nuevo Día, Rivera reconoció su participación en el Comité de Plataforma para redactar el programa agrícola. “En ese proceso, yo no interactué con ‘Joe’ Huertas”, aseguró.

La licenciada relató que Huertas ya era conocido en la ATPR porque “él era el enlace con los legisladores para los proyectos que ellos trabajaban a través” de esa corporación pública, y una de sus compañías había tenido contratos con la entidad.

En medio de una búsqueda de técnicos, el director del Programa de Infraestuctura Rural y Mejoras Permanentes, Miguel Santiago, lo recomendó. “Me comentan que está desempleado en ese momento, y así es como llega a la Autoridad”, expresó la exdirectora de la entidad pública.

Rivera dijo que no recibió llamadas directas de legisladores con los cuales Huertas había trabajado en la Legislatura, pero, “en el momento en que se habló de traerlo a trabajar (a la ATPR), todos estaban contentos porque lo conocían, ya habían trabajado con él”.

Aunque ese contrato tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2022, en una carta fechada el 1 de marzo de 2022, Huertas rescindió el acuerdo. Para entonces, la Junta de Gobierno de la

ATPR había iniciado una pesquisa sobre los contratos otorgados a las organizaciones sin fines de lucro mediante transferencias de fondos legislativos.

“Por este medio, hacemos constar nuestra renuncia al contrato de Servicios Profesionales. Debido a un clima de confusión y medias verdades que se ha generado hacia nosotros. Sé que el tiempo nos demostrará que todas fueron acusaciones infundadas”, lee la carta con la firma de Huertas, quien no estuvo disponible para hablar de este tema con la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día.

Mientras Huertas realizaba su función de “enlace” en la ATPR, su esposa era consultora por contrato del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz , a través de MHR Consulting, que facturaba $166.64 la hora y de la que su cónyuge también era parte. Rosado Torres también rescindió su contrato el 1 de marzo de 2022.

Huertas era la persona designada por la ATPR para manejar los casos del distrito de Bayamón, confirmaron el senador Carmelo Ríos, la senadora Migdalia Padilla y el representante Pérez Ortiz.

Ríos dijo desconocer cómo Huertas, quien fue contratista suyo del 2010 al 2013, fue a parar a la ATPR para dar servicios profesionales a través de su compañía AHC Consulting. Lo que sí sabe es que no fue por recomendación suya, afirmó. El senador describió a Huertas como una persona con dotes de “comerciante”, como un “activista” y “coordinador político” que no necesita su recomendación para obtener un contrato.

La contratación de Huertas en esa corporación pública se dio en momentos en que los legisladores solo tienen que enviar una carta a la ATPR para indicar cómo asignar el dinero que tienen disponible por medio del Fondo de Mejoras Municipales.

Antes de diciembre de 2020, además de la carta, era necesaria la aprobación de una resolución conjunta en los cuerpos legislativos.

La Ley 173 del 2020 enmendó la Sección 4050.09 del Código de Rentas Internas (Ley 1 de 2011) para que el dinero en ese Fondo fuera distribuido proporcionalmente por distritos representativos y senatoriales, y dejó sin efecto el requisito de la resolución.

PREFERENCIA POR UNA CORPORACIÓN

Todos los legisladores y exlegisladores del distrito de Bayamón, excepto el senador Ríos, han seleccionado al Centro Comunitario de Servicios a la Familia como recipiente de millones de dólares de sus balances disponibles en el Fondo de Mejoras Municipales.

Entre 2019 y 2020, la ATPR transfirió a esa organización de base comunitaria -presidida por el pastor Heriberto Andújar y con sede en Naranjito- $2.5 millones de fondos legislativos para obras y mejoras permanentes, así como servicios directos a los residentes en los distritos representados por Pérez Ortiz, Antonio “Tony” Soto y el distrito senatorial de Padilla. Entre 2021 y este año, se le transfirieron casi $3 millones para esos mismos distritos.

Hay otros $660,000 que se le asignaron al Centro entre el 18 de noviembre de 2021 y el 24 de enero de 2022, pero el contrato ni siquiera dice en qué distrito se repartirían los fondos. Una fuente aseguró que “quien redactó esos convenios fue el propio José Huertas”.

Aunque técnicamente la contratación del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, así como de otras entidades, la hace la ATPR, que es quien recibe los recursos legislativos provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, en la práctica son los

representantes y senadores de distrito quienes le indican a esa corporación pública cómo quieren que se distribuya el dinero.

“Es el legislador quien escoge la entidad a donde quiere asignar los fondos”, apuntó la licenciada Rivera.

La manera en que esta y otras entidades de base comunitaria dan los servicios y donativos directos, y cómo y dónde realizan las obras y mejoras permanentes no es transparente, según ha denunciado el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

“Aquí no hay seguridad que el dinero público se va a utilizar donde deba utilizarse”, dijo González Beiró durante una entrevista con El Nuevo

Día cuando anunció que, como presidente de la Junta de Gobierno de la ATPR, ordenó la paralización de los contratos vigentes con el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, le exigió devolver $1.2 millones y la refirió al Departamento de Justicia, entre otras entidades.

González Beiró describió que, incluso, había una relación “inapropiada” entre funcionarios de la ATPR y algunos oficiales de las entidades sin fines de lucro contratistas de esa corporación pública, pero no dijo sus nombres. “Había gente (de las organizaciones sin fines de lucro) con mucha confianza, que entraban, incluso, al Departamento de Finanzas, (acto) completamente inadecuado e inapropiado”, comentó el secretario.

MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

Distribuir los fondos legislativos a través del Centro Comunitario de Servicios a la Familia era para Padilla “la manera más fácil de que los fondos le lleguen a la gente” porque, distinto “al proceso ordinario”, el servicio o donativo se ofrece con mayor rapidez. “Nosotros lo vimos como una alternativa”, afirmó la senadora.

Huertas era el enlace entre la ATPR, los legisladores y el Centro, así como de otras organizaciones y municipios que recibieron contratos por virtud de las transferencias de fondos legislativos.

El cuatrienio pasado, la senadora Padilla, quien copresidía junto al exrepresentante Soto la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, solicitó el nombramiento de una empresa de Huertas (MHR Consulting) como supervisora de las entidades sin fines de lucro que recibían fondos de esa comisión.

El Centro Comunitario de Servicios a la Familia no recibió asignaciones aprobadas por la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos el cuatrienio pasado, pero sí obtuvieron aportaciones otras entidades sin fines de lucro a las que la ATPR dio contratos para transferirles fondos legislativos.

No obstante, los legisladores novoprogresistas rechazaron que Huertas, quien fue contratista de los tres, les recomendara distribuir sus fondos a alguna entidad en particular. “Él estaba asignado a los casos de nosotros, pero él no interviene a decirme a mí ‘dale a sutano o dale a mengano’. Eso lo decidimos nosotros”, enfatizó Ríos, quien distribuyó sus fondos para obras y mejoras permanentes con asignaciones directas a municipios, escuelas y a varias organizaciones sin fines de lucro, pero no al Centro Comunitario de Servicios a la Familia.

Asimismo, Padilla aseguró que su excontratista no medió a favor del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, sino que “él estuvo trabajando y atendía todos los casos de los legisladores del distrito de Bayamón mientras tuvo contrato en la Autoridad de Tierras”.

Según el representante Pérez Ortiz, quien tuvo a Huertas por más de una década como empleado regular y contratista, su rol en la ATPR era como “persona designada al área de Bayamón para ser un enlace en lo que se fuera a hacer referente a esos fondos”.

LAS ASIGNACIONES

Pérez Ortiz asignó al Centro Comunitario de Servicios a la Familia $123,852 mediante un contrato de la ATPR con la entidad, que entró en vigor el 21 de octubre de 2021, “para obras y mejoras permanentes y servicios directos a la ciudadanía” en el distrito 7, que él representa.

Previo a ese contrato, hubo una asignación de $315,104 mediante otro acuerdo que entró en vigor el 17 de mayo de 2021 “para obras y mejoras permanentes y servicios a la ciudadanía en los distritos representativos 6 y 7”.

A pesar de que Pérez Ortiz representa al distrito 7, el legislador negó haber asignado fondos en mayo a la entidad, y aseguró desconocer cómo o por qué su distrito se incluyó en ese contrato.

“Eso no es mío, esa cantidad no es mía”, aseguró, en referencia a los fondos del contrato que incluyó dos distritos. “Los ciento y pico de mil (dólares) eran los míos. Le vuelvo a repetir, yo no tengo esa cantidad de dinero asignada”, insistió. El representante del distrito 6 era Soto, quien renunció al cargo el 28 de febrero de 2021.

Entre las asignaciones al Centro con la mayor cantidad de fondos, hubo dos contratos otorgados entre mayo y agosto de 2021, que sumaron $972,656 destinados al distrito senatorial de Bayamón. El senador Ríos reiteró, en dos entrevistas, que él no asignó fondos al Centro. La senadora Padilla, por su parte, reconoció que sí había asignado fondos a la entidad.

“No te puedo decir si es esa la cantidad”, respondió, al ser cuestionada sobre la cifra. “No puedo decir ahora exactamente cuánto porque estoy

esperando. Ellos (la ATPR) están haciéndole también auditoría”, dijo sin poder precisar.

Fuera de la región de Bayamón, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia recibió contratos de la ATPR para proyectos y servicios en el área de Humacao mediante transferencias de fondos de la senadora Wanda

Soto , quien solicitó se le transfiriera a esa entidad $447,550 de su parte de los Fondos de Mejoras.

La senadora de Humacao dijo que los fondos de uno de los contratos no llegaron a ser transferidos al Centro de Servicios Comunitarios porque fueron paralizados por la ATPR.

Soto dijo que la ATPR también asignó a Huertas como la persona enlace entre la corporación pública, ella y las entidades que recibirían el dinero. Sin embargo, dijo que Huertas ni ninguna otra persona le recomendó elegir al Centro como recipiente de sus fondos, sino que fue su decisión, tras reunirse con su presidente, el pastor Andújar, conocer de sus trabajos y revisar que su documentación estuviera en orden.

“Estuve evaluando varias corporaciones, pero esta corporación en particular ayudaba a la construcción, a mejoras y obras permanentes a individuos y a personas que, por alguna razón, no tenían ayudas”, dijo la senadora. “La única persona que cumplía con mis expectativas para poder ayudar al municipio, a mi distrito en obras y mejoras permanentes fue esa corporación”, agregó.

PUERTO RICO HOY

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2022-05-17T07:00:00.0000000Z

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