La Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) otorgó dos contratos, que sumaron $1.5 millones, al Centro Comunitario de Servicios a la Familia para realizar un proyecto de infraestructura en la quebrada Margarita, en Guaynabo, sin que la entidad estuviera autorizada por ley para administrar ese tipo de obras, que requieren una pericia que no tienen los directivos de la organización sin fines de lucro.

El 14 de junio de 2021, la ATPR contrató, por $1,140,000, a la entidad de base comunitaria para un trabajo de mejoras permanentes en la quebrada Margarita, pese a que, para esa fecha, la organización aún aguardaba por que se le concediera un permiso de construcción relacionado con un primer contrato, suscrito en julio de 2020, para la fase inicial del proyecto.

Esa primera etapa de las obras consistía en la remoción de un tramo de tubería de alcantarillado sanitario, en ese cuerpo de agua, para sustituirlo por un sifón. Al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, se le transfirieron $380,000 para esos trabajos.

Al firmar ese primer contrato, el Centro, con sede en Naranjito, ni siquiera tenía entre sus propósitos desarrollar obras de construcción, gestión que hizo seis meses después, según documentos en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

La Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día supo la naturaleza de las obras encomendadas por la ATPR al Centro, al recopilar datos como parte de este trabajo periodístico, pues ninguno de los contratos explica el alcance de las mejoras en la quebrada para las que se le transfirieron, en total, $1,520,000 de fondos públicos.

El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Juan Alicea, señaló que ambos contratos otorgados a la entidad sin fines de lucro “carecen de información básica” sobre el propósito y alcance de la obra, y requieren la intervención de profesionales licenciados para ejecutarlas. “No es suficiente para un proyecto de esa índole, debería dar un poco más de información, en términos de en qué consiste esa mejora que se va a hacer, porque puede ser, desde hacer un puente nuevo, hasta una reparación, o hacer una conexión”, sostuvo.

Alicea recalcó que estos contratos que requieren tareas como diseños, estudios y permisos para obras permanentes deben ser firmados con compañías que puedan asegurar que, en su plantilla, cuentan con los profesionales licenciados para esos trabajos.

Sobre ese aspecto, advirtió que podría haber infracciones a la ley que regula la profesión de la ingeniería (Ley 173 de 1988). “Eso está bien regulado por la Ley 173, que establece exactamente quién hace eso. Es

“A dicha entidad (Centro Comunitario), se le solicitó un informe y la devolución de los fondos. Recibimos un informe en el que alegan algunos gastos correspondientes a planos y permisos para la obra de la quebrada” RAMÓN GONZÁLEZ BAIRÓ SECRETARIO DE AGRICULTURA

un asunto de un ingeniero, y tiene que ser un ingeniero licenciado”, sostuvo el presidente del CIAPR.

De igual forma, el Departamento de Estado establece que, además de estar inscritas bajo las disposiciones de corporaciones profesionales, si una entidad va a ofrecer un servicio profesional, como por ejemplo, la construcción, deben incluir en su propósito “administrar los servicios de construcción. La corporación contratará al personal profesional licenciado para ofrecer estos servicios”.

La Ley General de Corporaciones (Ley 164 de 2009) igualmente establece que, “para que una corporación pueda prestar los servicios de ingeniería, debe estar constituida como una corporación de servicios profesionales en la que todos los accionistas sean ingenieros licenciados".

Como directivos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, figuran el pastor Heriberto Andújar Otero y Raúl Berríos Ferrer , y ninguno de los dos es ingeniero licenciado, confirmó el CIAPR.

La Unidad de Investigación y Datos halló, además, que la Oficina del Contralor (OCPR), entre 2020 y abril de 2022, ha referido 14 casos -tanto individuos como corporaciones- en relación a este tipo de violaciones, incluyendo por falta de licencia requerida (4), por prestar servicios a través de corporaciones regulares no constituidas como de servicios profesionales (5), y otras situaciones (5). Esos referidos han sido al CIAPR, a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y a la Junta de Examinadores de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

LA ENCOMIENDA INCONCLUSA

El 7 de julio de 2020, la ATPR concedió el primer contrato, por $380,000, al Centro

Comunitario, mediante la Resolución Conjunta 19 del 2019, del presupuesto general, para “mejoras permanentes, estudios, diseños, permisos y otras obras permanentes a la quebrada Margarita”, desde la Avenida Roosevelt hasta el expreso Martínez Nadal.

El contrato para la realización de la obra expiraba el 30 de junio de 2021, según el registro de contratos de la OCPR. Aunque la entidad sin fines de lucro retuvo el dinero, ese contrato no se renovó y, hasta este mes, cuando El Nuevo Día preguntó sobre la etapa en que estaba la obra, ni siquiera se había otorgado el permiso de construcción correspondiente, confirmaron la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Municipio de Guaynabo.

Sobre esos fondos, el secretario de Agricultura, Ramón González Bairó, indicó que el Centro Comunitario -que figura como dueño de la obra- informó a la ATPR que consumió los $380,000 del primer contrato porque gastaron $361,000 entre el proceso de permisos y ejecución del proyecto y $19,000 en gastos administrativos. Al cierre de esta edición, la ATPR no había completado la inspección de ese contrato.

La OGPe señaló que el Municipio de Guaynabo, por ser autónomo, fue quien evaluó el caso y quien tiene ante sí la petición de permiso de construcción. Este medio solicitó información y una entrevista al ayuntamiento en torno a este proyecto, pero no hubo respuesta.

Sobre ese primer contrato, la obra consistía en la remoción de un tramo de tubería de alcantarillado sanitario que cruza el “box culvert” o caja de alcantarilla en la calle Ébano en Guaynabo y que afecta la capacidad hidráulica de esa caja ubicada en la quebrada Margarita.

El sistema unificado de la OGPe muestra que la radicación del caso para el proceso de permisos inició 7 de julio de 2021, una semana después que el primer contrato cumpliera un año. Este medio también se comunicó con el ingeniero Carlos Mendoza Angulo, quien es descrito como “proponente” en el letrero que anuncia la construcción del sifón sanitario. Mendoza Angulo reconoció que el sifón no se había realizado todavía, pero se negó a responder más preguntas.

Asimismo, no fue hasta el 8 de marzo de este año que el proponente presentó una solicitud de recomendación de la Oficina de Proyectos Públicos y Privados en el área de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), otro paso indispensable para el permiso de construcción.

La AAA dio su visto bueno al proyecto el 11 de abril de 2022, según una carta a la que tuvo acceso este medio. En la misiva, la corporación pública aludió al Municipio de Guaynabo como proponente de la obra. Pero el ayuntamiento recalcó, en declaraciones escritas, que el ingeniero no ofrece servicios a la municipalidad. “El ingeniero Mendoza Angulo es la persona autorizada por el Centro Comunitario de Servicios a la Familia para presentar las solicitudes del proyecto”, precisó.

El segundo contrato, de junio de 2021, corresponde a una continuación de la obra de mejoras permanentes en el mismo tramo de la quebrada Margarita, pero de mayor complejidad que la instalación del sifón, aseguró una fuente. Otra interrogante que no ha sido respondida por los implicados en estos trabajos es si se trata de una etapa del proyecto que requeriría un segundo permiso de construcción.

Sin embargo, ese acuerdo fue cancelado el 21 de marzo pasado por el director interino de la ATPR, Jorge A. Campos Mer

ced. Además de cancelar el contrato, el funcionario le exigió al presidente del Centro Comunitario, el pastor Andújar Otero, la devolución del total de $1,140,000 millones transferidos porque “la obra no fue completada” y que el informe radicado por la entidad “no refleja que la obra esté encaminada”.

El secretario de Agricultura explicó que, luego que se solicitó la devolución de los fondos, el Centro alegó que ya habían incurrido en “gastos correspondientes a planos y permisos para la obra de la quebrada”. González Bairó no precisó la cantidad reclamada por la entidad. “En este momento, lo que tienen que hacer es devolver el dinero”, reiteró.

El directivo Andújar Otero se negó a responder las preguntas de este medio, y se limitó a expresar que “todo lo sometí en el informe (a la ATPR)”. El pastor dijo que, hasta el 13 de abril, fecha en que El Nuevo

Día lo abordó, nadie del Departamento de Justicia se había comunicado con él.

La ATPR había contratado a José Miguel “Joe” Huertas como el técnico a cargo de los proyectos en el distrito de Bayamón y servía como enlace entre la entidad gubernamental, las entidades sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban dinero.

Los contratos de la ATPR con las organizaciones sin fines de lucro que recibieron transferencias de fondos legislativos han provocado pesquisas en el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General y en la OCPR. Además, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) realiza su propio análisis sobre los acuerdos de la ATPR con diversas entidades, incluido el Centro Comunitario.

El expresidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez precisó que parte de los fondos que recibió la ATPR utilizados para la construcción del sifón en la quebrada fueron asignados por él, a petición del entonces representante Antonio “Tony” Soto.

“Nosotros meramente asignamos los fondos a la Autoridad de Tierras”, respondió Méndez, y aseguró que desconocía el uso específico que se le dio al dinero y el estatus de la obra. “Se debe cancelar y pedir la devolución del dinero, la Autoridad de Tierras retomar el proyecto y hacer la subasta. Ellos tienen ingenieros”, opinó.

Al igual que el primero, el segundo contrato sobre los trabajos en la quebrada no detalla cómo se utilizarían los $1,120,000, en qué consistirían los trabajos en esa zona, ni impone penalidades por tardanzas en la entrega del proyecto.

Los fondos asignados a este contrato formaron parte de un paquete de $10.7 millones para incentivos y subsidios dirigidos al “bienestar de la ciudadanía”, incluidos en el presupuesto certificado por la JSF para el año fiscal 2020-2021.

ENMIENDA AL DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN

Desde su incorporación en 2012, el propósito del Centro Comunitario de Servicios a la Familia había sido la educación familiar y el desarrollo comunitario. No obstante, seis meses después de firmar el contrato para la construcción del sifón, enmendó el propósito de la corporación para incluir “construcción en general”, así como la administración y desarrollo de proyectos e infraestructura agrícolas. La enmienda a los propósitos de la corporación se registró en el Departamento de Estado el 10 de diciembre de 2020.

La exdirectora de la ATPR Dorally Rivera destacó, en declaraciones a este medio, que “la realidad es que fundaciones sin fines de lucro que dieran servicios de construcción era inusual”. Según la exfuncionaria, esa práctica aumentó luego que entrara en vigor la Ley 73 de 2019, que estableció un proceso único de compra a través de la Administración de Servicios Generales (ASG).

“El legislador empezó a entender que sus proyectos se iban a aguantar, y son estas entidades las que le estaban ofreciendo servicios a estos legisladores, incluyendo construcción”, apuntó. Rivera relató que comenzó a observar aumentos considerables en la cantidad de fondos que se asignaban a las entidades. “Ahí, yo levanto bandera y digo, ‘esto como que se está saliendo de control’”, sostuvo Rivera, quien refirió el asunto a la OIG y a la OCPR.

El segundo contrato para el proyecto en la quebrada fue firmado por Rivera, entonces directora de la ATPR.

La ATPR otorgó al Centro Comunitario de Servicios de la Familia $6.6 millones en contratos desde agosto de 2019 hasta el 24 de enero de 2022. De acuerdo con Agricultura, hasta diciembre de 2021, la corporación pública le había desembolsado $3,898,000.