Diez personas fueron asesinadas viciosamente mientras se encontraban en un supermercado en Buffalo, Nueva York, por el único motivo del color de su piel. En Orange, California, un médico murió heroicamente al lograr repeler un ataque en una iglesia atestada de adultos mayores taiwaneses. En ambos casos, los asesinos expresaron su odio racista. Estos sucesos, sumados a otras cuatro balaceras con múltiples víctimas reportadas solo el pasado fin de semana, convocan a actuar decididamente contra la confluencia de males que reflejan.

Por un lado, aflora el discurso de odio que supone el supremacismo blanco amplificado por algunos sectores desde ciertas plataformas políticas, mediáticas y hasta eclesiales en un peligroso intento por normalizarlo. Esta ideología tóxica justifica la dominación de las personas blancas occidentales -particularmente de los hombres- sobre los demás, basada en un falso sentido de superioridad. En las últimas décadas, dicha creencia parece ganar adeptos propagada por canales diversos que difunden información falsa o las llamadas fake news. Se vale de numerosos problemas, incluyendo complejos y actitudes antisociales de personas que siembran el terror y cobran la vida de inocentes a través de toda la nación.

Ha sido acertado el presidente Joe Biden cuando lo definió como terrorismo doméstico y veneno. Lo es porque intoxica y aniquila a individuos, a comunidades. Por ello, urge detenerlo a tiempo porque puede amenazar a toda la sociedad.

A este mal se suma el descontrol en la venta de armas de fuego, incluyendo pistolas y rifles de combate a las que tiene fácil acceso prácticamente cualquier persona. La mayoría de las veces, ambas tendencias se enraizan en el miedo que percibe al otro -sobre todo a quien tiene origen, apariencia, creencia, género distintos- como enemigo.

Lo cierto es que el alegato de seguridad y defensa que esgrimen sus promotores queda desmentido por estadísticas contundentes. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de armas en manos de civiles. De hecho, tiene más armas que ciudadanos, estimándose estas en más de 393 millones, sin que esto le haya hecho un país seguro. Por el contrario, es la única nación donde son comunes eventos de matanzas masivas a manos de civiles, como evidenció el fin de semana.

Solo en lo que va de año, han ocurrido más de 200 de estas balaceras, en las que cuatro o más personas han resultado heridas o muertas. La más reciente en Nueva York ha sido la más mortífera en lo que va de 2022.

Semejante escenario debería ocuparnos también en Puerto Rico. Justo esta semana, el país está de luto por el asesinato de una educadora, quien quedó atrapada en medio de una balacera en plena avenida de Caguas. Esta tragedia ocurre en momentos en que sectores con aliados en la legislatura intentan flexibilizar la ley de armas aprobada en 2020 y cuando persiste, además, un estado de emergencia por violencia de género. Aunque la mayoría de las balaceras en la isla son asociadas al narcotráfico que suele utilizar armas ilegales, es común, por ejemplo, que en los feminicidios y otras escenas sangrientas sea reiterado el uso de armas de fuego adquiridas legalmente.

Estos problemas no están desconectados, como tampoco los brotes de discursos de odio que a veces asoman localmente entre ciertos sectores y, particularmente, a través de las redes sociales. Por lo mismo, ameritan ser atendidos de forma integrada como parte de un plan de país desde el cual todos los frentes -gobierno, ciudadanos, sector privado y sin fines de lucro- trabajen para evitar que el problema empeore y, en vez, transformar esta lamentable realidad.

Ese relevante objetivo requiere visión salubrista, porque, después de todo, amenaza la salud física y mental de la población. También conlleva educación con perspectiva de equidad hasta generar una cultura de respeto y aprecio a la diversidad.