El potencial arresto de Wanda Vázquez por las autoridades federales sería el primer paso formal en un largo trayecto que le esperaría a la exgobernadora para combatir los cargos de corrupción pública que su defensa ha anticipado que la fiscalía pronto le radicaría.

Una vez detenida, la oficina de probatoria federal le realizaría una entrevista sobre su situación financiera y le recomendaría al juez magistrado las condiciones de fianza que deben imponérsele, si se determina que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. Tanto la defensa como la fiscalía probablemente estarán de acuerdo en esa etapa en que, por tratarse de crímenes de cuello blanco, Vázquez no debe ir a cárcel preventiva, sino que con otras garantías – arresto domiciliario, grillete electrónico o un pago en efectivo como colateral – será suficiente. El informe también mencionaría los dos procesos criminales anteriores presentados en corte estatal contra Vázquez por el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei).

El pliego acusatorio – el documento que contiene los cargos y la información básica que la sustentan – probablemente se le hará público en esa misma vista de detención y ella, en un formalismo, se declarará no culpable. Luego empezaría la enjundia del proceso.

La fiscalía federal está obligada por ley a proveerle a la defensa cualquier prueba exculpatoria a favor de Vázquez y entregarle todo el descubrimiento de prueba. En casos de cuello blanco como este, es común que, antes de la acusación formal, la fiscalía ya le haya anticipado a la defensa algunas piezas de evidencia que pretenden usar en su contra. La idea es impulsar un acuerdo rápido de culpabilidad o instarla hacia la cooperación contra otros, escenarios ambos que, al parecer, la exgobernadora y su equipo han rechazado.

Vázquez y su defensa han anticipado que no procurarán ningún acuerdo de culpabilidad y que ejercerán su derecho constitucional a ir a juicio. Esta postura es muy común al inicio de cualquier proceso criminal federal. No obstante, el 98% de todos los casos penales federales – en Puerto Rico y a través de los Estados Unidos – culmina en acuerdo de culpabilidad. Por ende, mientras avance el proceso, la posibilidad de que la exgobernadora se declare culpable aumentará. Ya sea porque la evidencia es abrumadora o porque quiere mitigar su exposición penal, sin duda alguna los abogados defensores revisitarán la posibilidad de un acuerdo que, aunque la convierta en convicta criminal federal por el resto de sus días, le evite la prisión.

Si en efecto Vázquez ejerce su derecho a juicio, la fiscalía federal tendrá que probar los delitos radicados en su contra más allá de toda duda razonable ante 12 miembros del jurado que deberán decidir, de forma unánime, si ella es culpable o no culpable. (Hay cierta ironía en que, como gobernadora, Vázquez se opuso a extender retroactivamente en el foro estatal el requisito de veredictos de unanimidad, pero que se beneficie ella de esa protección).

Aunque el peso de la prueba en todo proceso penal lo carga la fiscalía, las reglas de evidencia le conceden algunas ventajas. Por ejemplo, para probar el modus operandi de Vázquez en su uso del poder, la fiscalía podría intentar presentar ocasiones anteriores en las que ella trató de beneficiarse a sí misma usando al Estado como arma política y personal. Ahí la lista es larga e incluye, entre muchas otras instancias, cuando intentó frenar mediante terceros un referido en su contra por la ex secretaria de Justicia Dennise Longo al FEI; cuando botó fulminantemente a esa funcionaria por haberla referido; cuando intentó llenar una de las plazas del Opfei con un allegado suyo mientras era objeto de investigación en esa dependencia; y cuando dijo que tanto el FEI como el Departamento de Justicia (que ella dirigió) fabricaban casos criminales porque la habían puesto a ella en su mirilla. (Curioso que todavía no haya dicho algo similar de fiscalía federal).

Sabremos mucho más del proceso penal en los próximos días cuando se publique la acusación formal y la exgobernadora se entregue o sea arrestada. Pero por el momento una cosa queda clarísima: la exgobernadora que no se cansaba de repetir que era una mujer de “ley y orden” está asediada por la ley y el orden.

“La fiscalía federal está obligada por ley a proveerle a la defensa cualquier prueba exculpatoria a favor de Vázquez...”