Cuando hay que pagar a los contratistas, el cielo es el límite. Cuando hay que financiar las funciones básicas del Estado, las arcas están vacías. Naomi Klein, La Doctrina del Shock (2017).

La en Puerto Rico tiende a enjuiciar a la corrupción como el resultado del sector público y del deseo perverso de los alcaldes, legisladores y de algunos empleados públicos, de generar las llamadas rentas económicas. La relación singular entre los funcionarios públicos y los partidos políticos ha convertido al gobierno en el partido y al partido en el gobierno.

Sin embargo, el papel de la empresa privada dentro de un ecosistema cultural de la democracia y una economía guiada por el mercado se suele omitir o minimizar. No hay duda de que la corrupción puede ser concebida como una alianza o un contrato ilegal de algún elemento representativo del sector público y el sector privado. Una parte depende de la otra en una relación simbiótica.

En los 1980 y 1990, Robert Klitgaard, profesor ilustre de la Universidad de Harvard y de Yale, acuñó una fórmula simplista e intuitiva para comprender en los contextos en que surge y se reproduce la corrupción. En su ensayo de finales de los años ochenta ( Controlling Corruption, 1988), el profesor afirmaba que la ecuación de la corrupción es igual a monopolios (m) más el elemento discrecionalidad (d) menos rendición de cuentas (a). O sea, postula lo siguiente C = m + d - a.

La corrupción aparece cuando un cierto grupo de personas, generalmente la élite que detenta el poder político y económico (monopolio) pueden de

jure o de facto concentrar y tomar las decisiones sin la supervisión o el control adecuado. En una democracia acompañada por una economía de mercado, la corrupción se derrumba siempre y cuando se cumpla con un nivel aceptable de pluralismo, competencia, derechos claramente definidos, equilibrio de poderes, independencia judicial, transparencia, rendición de cuentas. Pero como decía Cantinflas, … ahí está el detalle.

Es evidente que estas condiciones no son universales y presentes en todo ecosistema cultural, social y jurídico. Los tres componentes (m, d, a) de la fórmula de Klitgaard no son siempre ciertos e iguales para todo ecosistema cultural. La evidencia empírica no respalda y garantiza la existencia universal de estos tres elementos. Las realidades sociales son mucho más complejas que una ecuación simplista que pretende ser teoría universalista.

Las economías de mercado tienen imperfecciones debido a las concentraciones de poder económico con monopolios y oligopolios que le brindan poco valor a un modelo abstracto de la competencia. Es claro que en el gobierno radica el poder de tomar decisiones, pero para poder ejercer este poder, se requiere de otro agente (empresa) que se beneficie de este poder. Como dicen en el Norte, … it takes two to tango.

A nivel internacional, empresas transnacionales poderosas como el Holding Odebrecht de Brasil y sus empresas asociadas Graña y Montero en Perú, se involucraron en actos de corrupción, sin crecer en los postulados sacrosantos de la economía de mercado y de la democracia. Es claro que no existen agentes económicos “libres” o “neutrales” en una economía de mercado, ni menos que quieran ajustarse a los postulados del mercado. Las guías son los intereses propios que les favorecen, pues no existe competencia libre bajo ellos. Por el contrario, los agentes económicos, si tienen la oportunidad de garantizar la satisfacción de sus intereses, sea sobornando o no, con actos ilegales, ilícitos o ilegítimos, no dudarán en hacerlo.

En Puerto Rico, en un estudio de 2012, la profesora María Enchautegui documenta las formas de corrupción pública en Puerto Rico donde interviene el sector empresarial. Hay tres formas principales a través de las cuales el sector privado participa de la corrupción pública:

(1) pagando a funcionarios para que estos le garanticen unos privilegios en leyes, decisiones y reglamentaciones;

(2) pagando a funcionarios para ser favorecidos en la adjudicación de contratos y

(3) pagando dinero a funcionarios o intercambio de favores para agilizar transacciones tales como obtener permisos y licencias.

La profesora Enchautegui encuentra que la corrupción produce monopolios en la contratación y que reduce la competencia. Este estudio concluye que, de acuerdo con las percepciones de los empresarios encuestados, las licitaciones públicas son la médula de la corrupción en Puerto Rico y que el proceso de contratación debe ser fiscalizado intensamente.