La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) anunciaron ayer la presentación y aprobación de una orden de acuerdo provisional que exige al Municipio de Toa Alta tomar una serie de acciones inmediatas para atender los graves problemas ambientales que tiene su vertedero.

En particular, la orden requerirá que el Municipio deje de recibir residuos sólidos, cubra las áreas expuestas del vertedero y ponga en marcha planes para administrar las aguas de escorrentías y los lixiviados (residuos líquidos de la basura).

Según la EPA y el DOJ, se trata de acciones para atender las “preocupaciones urgentes” de salud humana y ambientales en torno al vertedero. Antes de emitir la orden, que ya fue aprobada por un juez federal, ambas agencias buscaron el insumo de las comunidades afectadas durante una reunión pública el pasado 23 de febrero.

“Esta orden de acuerdo provisional refleja los esfuerzos del gobierno para integrar la participación y el insumo de las comunidades que han sufrido demasiado tiempo debido a este vertedero mal administrado”, dijo la administradora de la Región 2 de la EPA, Lisa F. García, en un comunicado de prensa.

“Esta orden, que el municipio ha aceptado, requiere que el municipio tome medidas concretas para mejorar inmediatamente las condiciones del vertedero. Ya se están haciendo progresos, y la EPA continuará trabajando con el Departamento de Justicia (de EE.UU.), el gobierno de Puerto Rico y el municipio para asegurarse de que estas mejoras se implementen, a fin de garantizar la protección de la salud pública y que el eventual cierre permanente de este vertedero se realice correctamente”, agregó.

MÚLTIPLES CORRECCIONES

Según la orden de acuerdo provisional, el Municipio de Toa Alta deberá cumplir con lo siguiente: dar acceso inmediato y sin obstáculos al vertedero a la EPA y al gobierno de Puerto Rico; asegurarse de que a todas las áreas de residuos expuestos se les aplique cubierta diaria; detener el depósito de residuos sólidos en la instalación, con posibles excepciones si se permite o se requiere como parte de un plan de cierre permanente preparado acorde con la reglamentación local y aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); e instalar letreros, en español e inglés, que indiquen que el sitio está cerrado.

También, el ayuntamiento deberá estabilizar el área de la ladera norte mediante la implementación de control de aguas de escorrentía y otras medidas; tapar el vertedero con “cubierta intermedia” a razón de un acre por período mensual durante el primer año que comienza el 1 de octubre de 2022, y dos acres al mes desde entonces hasta que se haya cubierto todo el sitio; desarrollar un plan de manejo de lixiviados para el 1 de octubre de 2022 e implantarlo; y desarrollar un plan de manejo de aguas de escorrentía para el 1 de enero de 2023 e implantarlo.

La orden de acuerdo provisional incluye, además, los requisitos de informes que el Municipio de Toa Alta debe someter para que la EPA pueda continuar la supervisión y mantener a la comunidad informada de los acontecimientos en o con respecto al manejo del vertedero.

El Municipio de Toa Alta ha operado su vertedero desde 1966. La mayor parte de la instalación no tiene un revestimiento protector inferior (“liner”) y, por lo tanto, se considera un “vertedero abierto”.

En febrero de 2021, el DOJ presentó una demanda en el Tribunal Federal contra el Municipio de Toa Alta, en nombre de la EPA, alegando que las condiciones en el vertedero constituyen un “peligro inminente y sustancial”. En septiembre de 2021, el DRNA presentó una orden administrativa contra el ayuntamiento.

Tras la reunión pública del 23 de febrero, el municipio informó a la EPA y el DOJ que el depósito de residuos sólidos en el vertedero cesó en abril y que, desde junio, se estaban tomando medidas para cumplir con los términos de la orden preliminar propuesta antes de su presentación oficial al tribunal.