Siete personas fueron arrestadas ayer por un grupo de agentes federales y locales de diversas agencias por su supuesto vínculo a una organización criminal que incluye a trabajadores de los muelles en San Juan y que es responsable por un esquema millonario de enriquecimiento ilícito por medio de amenazas y extorsión que se remonta al año 2005.

El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, indicó que, entre los arrestados, figura Carlos Sánchez Ortiz, presidente del sindicato ILA, que agrupa a empleados que trabajan en los muelles.

Los cargos incluyen una alegación de confiscación por la suma total que habría producido el esquema -cerca de $1,184,525-, así como una residencia, un vehículo y un bote.

Además de Sánchez Ortiz, los otros acusados por un gran jurado fueron identificados como Pedro Pastrana González, Iara Clemente Rivera, Víctor Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer.

También está acusado Jorge Batista Maldonado, quien fue identificado como un supervisor de la Autoridad de los Puertos. El director de esa dependencia, Joel Pizá, adelantó que será despedido.

En el operativo de ayer, participaron agentes del FBI, de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, de la Administración de Seguridad para Beneficios de los Empleados del Departamento del Trabajo federal e inspectores postales. Asimismo, intervinieron policías estatales, así como municipales de San Juan y Carolina.

El pliego acusatorio consta de siete cargos criminales, incluyendo violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO Act, por sus siglas en inglés). También alegan extorsión, fraude postal y electrónico, y lavado de dinero. Los acusados se exponen a un máximo de 20 años en prisión.

De acuerdo con la acusación, los arrestados conspiraron para engañar a compañías navieras pequeñas para que pagaran tarifas por el trasbordo de mercancía en los puertos 9, 10 y 11 del muelle de San Juan.

De no pagar la tarifa solicitada, esas compañías eran amenazadas de que ILA (International Longhoremen’s Association) llevaría a cabo protestas y huelgas de parte de empleados unionados del sindicato.

“Hoy se desmanteló una empresa criminal”, declaró Muldrow, en conferencia de prensa.

DETALLES DEL ESQUEMA

Los acusados conspiraron para obtener dinero de forma ilegal de parte de las compañías navieras pequeñas de trasbordo de mercancía en los muelles 9, 10 y 11 de San Juan hacia las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Vírgenes británicas.

El pliego acusatorio indica que esa operación comenzó desde el 2005, con la participación del entonces presidente de ILA, quien ya falleció.

Entonces, los acusados en este caso continuaron con el esquema desde el 2012, cuando Pastrana González y Clemente Rivera crearon la corporación JCPY.

De acuerdo con el pliego acusatorio, como empleado de Puertos, Batista Maldonado avisaba sobre la llegada de barcos y manifiestos a Pastrana González, a cambio de pagos por la información.

De esa manera, Pastrana González y Clemente Rivera se acercaban a las compañías para informarles que tenían que pagar a JCPY una tarifa para que pudieran hacer los trabajos en esos muelles sin el uso de unionados.

Les informaban que los costos de usar empleados del sindicato ILA eran más altos porque tendrían que usar más cantidad de trabajadores y en horarios más reducidos.

Según Muldrow, “para que las compañías navieras utilizaran su propia tripulación”, solamente “tenían que solicitar permiso al Departamento del Trabajo federal”, sin pagar ninguna tarifa.

Pero los cargos alegan que, si no cumplían con el pago, los acusados les amenazaban con huelgas y bloqueos por parte de miembros de ILA.

“El presidente de ILA respaldaba eso”, explicó el fiscal del caso, Víctor Acevedo, en referencia a que quien “proveía el ‘ baqueo’ (apoyo) a la amenaza era el presidente”.

Decenas de miles de dólares llegaban mensualmente a la compañía fantasma de parte de las navieras, pese a que JCPY no prestaba ningún servicio.

La denuncia alega que, entonces, JCPY ocultaba el dinero usando parte para depositar aportaciones como supuesto patrono de Pastrana González y Clemente Ri

vera en un plan de beneficios de unionados.

Para cumplir con las 210 horas de trabajo anuales requeridas para ser partícipes de ese plan de beneficios, Pastrana González y Clemente Rivera reportaban horas supuestamente trabajadas con JCPY.

También se valieron de cómplices que usaban sus tarjetas de unionados para hacer trabajos para otra compañía que figura como patrono en el plan de beneficios, en un arreglo conocido en el argot de esa industria como “chimbo”.

Torres Barroso, Fernández Cruz y Hernández Laguer comparten cargos por participar en el esquema mediante la falsificación de documentos del plan de beneficios.

AGENTE ENCUBIERTO Y LLAMADAS INTERCEPTADAS

El pliego acusatorio narra que, en abril de 2021, Batista Maldonado se reunió con el supuesto inversionista de una compañía naviera. Le indicó que tenían que pagar una tarifa a la empresa JCPY para no tener que usar empleados unionados de ILA en los mencionados muelles.

Le detalló la cantidad de unionados que tendría que usar y otras complicaciones si no cumplía con el pago, y luego le presentó a Pastrana González como la persona a cargo de ILA en el muelle en representación de la unión.

Ambos no sabían que, en realidad, estaban hablando con un agente federal encubierto. Pastrana González le dijo que los unionados de ILA le podían obstruir el muelle si no pagaba.

Un mes después, Pastrana González y Clemente Rivera le enviaron al agente encubierto las facturas.

De acuerdo con el pliego, Pastrana González y Clemente Rivera fueron esposos, mientras que la segunda le indicó al agente que tenía una relación de amistad con Sánchez Ortiz desde “la infancia”.

Según la acusación, Sánchez Ortiz le dijo al agente, en junio de 2021, que estaba respetando “el acuerdo que originalmente se había establecido” con el presidente anterior del sindicato ILA y que respaldaba a Pastrana González.

El pliego también menciona que interceptaron llamadas telefónicas en las que los acusados hablan del esquema. De igual manera menciona el contenido de mensajes electrónicos intervenidos por los federales.

En uno de esos mensajes, en noviembre de 2016, Pastrana González le indicó al presidente de ILA: “Están cargando una barcaza en el muelle 10 con cemento o bloques X ahí. Q(ué) hacemos con ellos?” Sánchez Ortiz le contestó: “Métele gente”.

En otro mensaje, en junio de 2017, Pastrana González avisó a Sánchez Ortiz que estaba pendiente de un barco que llegaba por primera vez al muelle 10, y el presidente de ILA le contestó: “No le des ‘ break’”.

A preguntas de la prensa, Muldrow dijo que el conflicto obrero patronal que mantuvo detenida la carga en los muelles de San Juan, en el verano de 2021, no tuvo relación alguna con el esquema alegado en la acusación.

REACCIONA ILA

En declaraciones escritas, ILA se limitó a aclarar que el único empleado de ese sindicato arrestado fue el presidente del capítulo local y que los demás son trabajadores de otros patronos.

La entidad no tomó posición respecto a las alegaciones del pliego, que aluden a dos presidentes que realizaron acciones contra los propios unionados.

“De manera inmediata, el actual vicepresidente de nuestro sindicato, Víctor Aponte, estará fungiendo como presidente interino”, enfatizó ILA, que a nivel internacional cuenta con una matrícula de más de 65,000 trabajadores de muelles.

“Hoy se desmanteló una empresa criminal”

STEPHEN MULDROW

JEFE DE LA FISCALÍA FEDERAL EN PUERTO RICO

“De manera inmediata, el actual vicepresidente de nuestro sindicato, Víctor Aponte, estará fungiendo como presidente interino”

SINDICATO ILA

EN UNA DECLARACIÓN ESCRITA