WASHINGTON D.C.– Roberto Lefranc Fortuño fue el delegado electo para cabildear por la estadidad que más reembolsos obtuvo durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley creada por el pasado gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según los datos divulgados ayer por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), a Lefranc Fortuño se le reembolsaron $29,437.63 desde julio de 2021 a junio de 2022, casi el máximo autorizado por la administración de Pedro Pierluisi , que es de $30,000.

Ha sido, con gran diferencia, el cabildero por la estadidad que más dinero ha obtenido para costear sus gastos.

Después de Lefranc Fortuño, un ex asambleísta municipal de Guaynabo, las personas que más reembolsos obtuvieron fueron la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez y la exsecretaria de Corrección Zoraida Buxó, con $17,920.45 y $17,328.63, respectivamente.

Elizabeth Torres, quien se enfrenta a un proceso de destitución en los tribunales iniciado por la administración de Pierluisi, solo ha solicitado $1,528.36, por un viaje de julio de 2021.

El secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, ha indicado –en el recurso por el cual solicita la destitución de Torres-, que esa funcionaria no ha cumplido con sus tareas en la capital estadounidense.

Según Prfaa, ni la exsenadora del PNP Melinda Romero ni el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares han solicitado reembolsos.

Los datos provistos por Prfaa no permitieron precisar cuántos días han estado esos funcionarios en Washington D.C. ni los gastos específicos por transporte, estadía y comidas. La información provista indica que Lefranc Fortuño facturó viajes a Washington D.C., Pensilvania, Florida y Nueva York. Buxó viajó a Washington D.C. y Florida.

Los funcionarios tienen asignados anualmente un salario de $90,000 y pueden recibir hasta $30,000 en reembolsos.

Rosselló Nevares, quien renunció a la gobernación en el verano de 2019 en medio de gigantescas protestas y casos de corrupción en su administración, había indicado que se mantiene trabajando en la empresa privada y que no solicitaría salario ni reembolsos del gobierno.

Durante el primer semestre, Romero había solicitado reembolsos por $5,389.97. Pero, Prfaa sostuvo que nunca se le pagaron y que la exsenadora ha preferido no recibir reembolsos.

La Ley 167 de 2020 les obliga a trabajar activamente a tiempo completo en defensa de la propuesta de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos, como una especie de “congresistas en la sombra”. Tienen que ser residentes de Washington D.C. o Puerto Rico.

Pero, no tienen oficina independiente ni acceso especial al Congreso de Estados Unidos, que por toda esta sesión ha limitado el acceso de visitantes a sus oficinas. Tienen que rendir un informe al gobernador cada tres meses.

La nómina de estos funcionarios depende de Prfaa, que también decide los reembolsos que se le harán.

Por ejemplo, la directora ejecutiva de Prfaa, Carmen Feliciano, había indicado que no reembolsaría a Lefranc Fortuño $332 que reclamó en 2021 por el pago de un mes de estacionamiento en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico reafirmó que el caso judicial que busca la destitución de Elizabeth Torres deberá regresar al tribunal de primera instancia para examinarse en su fondo.

En abril pasado, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia, había desestimado la demanda presentada por el gobierno contra Torres bajo el argumento de que la controversia era una cuestión política en la que el sistema judicial no debe intervenir.

Pero, el pasado 21 de junio, un panel de jueces de Apelaciones concluyó que la Ley 167 del 2020 le confiere al secretario de Justicia el poder para solicitar a la corte la destitución de alguno de los funcionarios electos para cabildear por la estadidad y que al tribunal le toca examinar si se ha hecho “conforme a derecho”.

Desde la presentación de su primer informe de trabajo, Torres afirmó que es una pérdida de “tiempo y dinero” tratar de convencer en este momento al Congreso de que le ofrezca la estadidad a Puerto Rico, pues el PNP ignoró la ley federal de 2014 que les hubiese permitido consultar con el Departamento de Justicia federal las definiciones de status de un plebiscito en la isla.

Después de dejar a un lado el proyecto pro estadidad 1522 y la legislación 2070 que buscaba convocar primero una Convención de Status, el Comité de Recursos Naturales aprobó en julio pasado el proyecto de ley 8393 que propone un referéndum vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

El liderato demócrata intentó llevar la medida a votación en el pleno de la Cámara baja antes del receso legislativo de agosto, pero sin garantías y en medio de una dura oposición de republicanos, decidió aplazar su consideración tal vez para septiembre. De todos modos, el Senado no tiene en agenda el debate sobre el futuro político de Puerto Rico y su liderato ha descartado avanzar un proyecto pro estadidad.