Más de 20 organizaciones del sector privado, relacionadas con la industria de la salud, acordaron ayer con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, incrementar la presión en el Congreso para lograr una solución a largo plazo al financiamiento de Medicaid.

“Nos van a aprobar algo en diciembre, pero no quisiera que fueran sobras”, sostuvo la comisionada González, en referencia a los esfuerzos para lograr legislación que asigne fondos por varios años para el programa Medicaid, que financia en gran medida el plan de salud Vital, del cual dependen cerca de 1.5 millones de personas en la isla.

González reunió, en su oficina del Viejo San Juan, a representantes de las asociaciones AARP, Médica, Productos Medicare y Medicare Advantage (MMAPPA), Hospitales, Farmacias de la Comunidad, Laboratorios Clínicos, Salud Primaria e Industriales, así como de la Cámara de Comercio y el Centro Unido de Detallistas (CUD), entre otros.

Por medio de un memorando de entendimiento, González y las organizaciones firmantes proponen que debido al huracán Fiona, el Congreso asigne, durante los dos próximos años fiscales, $5,000 millones anuales bajo Medicaid, y que los servicios médicos de ese programa sean financiados por el gobierno federal en un 100%, en vez del 76% vigente o el 55% de la ley permanente.

Recordó que el Congreso, después del huracán María, asignó, en 2018, $4,800 millones en fondos de Medicaid para dos años, con un pleno financiamiento federal.

De 2025 a 2030, la comisionada solicitó una asignación anual de cerca de $3,600 millones, con un pareo federal –FMAP, por sus siglas en inglés-, de 83%.

La comisionada González dio a conocer la carta que envió al liderato del Congreso, con fecha del 29 de septiembre, en la que hace esas peticiones. Cuando vuelva a reunirse a mediados de noviembre, al Congreso 117 le quedarán alrededor de 17 días de sesión.

Sin una nueva legislación, el pareo federal de Medicaid caerá el 16 de diciembre del 76% vigente, a un 55% que provee la ley permanente. Temporalmente, el gobierno federal, debido a la pandemia del COVID-19, ha provisto además un 6% de aumento a los estados y territorios.

En septiembre de 2021, el gobierno de Joe Biden decidió que una ley de diciembre de 2019 permite asignar alrededor de $3,000 millones anuales. Pero, esa es una decisión a la que se oponen los republicanos, que quieren que el monto de las asignaciones se decida en el Congreso.

Los demócratas del Congreso han respaldado una asignación de $3,600 millones anuales, con un 83% de pareo federal -FMAP-, y aumentos por inflación en los servicios médicos.

Pero, líderes de la industria de la salud y autoridades de la isla perciben que los republicanos del Senado quieren limitar el número de años de la asignación.

Mientras, en la Cámara baja, la minoría ha defendido una legislación del verano de 2021 que fue aprobada en el Comité de Energía y Comercio y asignaría menos dinero que la situación actual.

“La precaria salud fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no es un secreto”, afirmó la comisionada en la carta de la semana pasada, dirigida a la speaker Nancy Pelosi; el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer; el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell; y el jefe de la minoría cameral, Kevin McCarthy.

González solicitó, además, financiamiento adicional para los 21 centros comunitarios federales de salud donde el 86% de los pacientes están bajo el nivel de pobreza.

Por medio del memorando de entendimiento, las organizaciones apoyan además proyectos de ley de la comisionada González que persiguen mejorar el acceso a los programas Medicare y los reembolsos de Medicare Advantage.