La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) deberá tomar acciones correctivas luego que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concluyó que administró negligentemente hasta $65 millones que destinó para un programa de “manejo de casos de desastre” que se implementó en Puerto Rico luego del huracán María en 2017.

En síntesis, la auditoría preparada por la OIG encontró que FEMA falló en implementar los controles necesarios para asegurar que los fondos que desembolsó correspondientes al Programa de Manejo de Casos tras Desastre (DCMP) se justificaban a la luz del trabajo realizado por ocho de las nueve organizaciones que administraron la iniciativa federal.

FEMA, por ejemplo, autorizó adelantos de dinero sin que las entidades sin fines de lucro completaran el formulario correspondiente –conocido como SF 270– y tampoco procuró que las organizaciones sometieran documentos que respaldaran los desembolsos.

En unas declaraciones escritas enviadas a este medio, FEMA se limitó a comentar que “siempre buscamos mejorar nuestros programas después de cada desastre e incorporar las lecciones aprendidas para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades”. No precisó si los señalamientos podrían alterar la operación de los programas de asistencia que maneja.

“Continuaremos aprovechando las mejores prácticas e implementando acciones correctivas cuando sea necesario después de cualquier desastre”, agregó la entidad federal, a través de su secretario de prensa, Jeremy Edwards, ante el pedido de reacción al informe, que tiene fecha del 29 de septiembre, pero fue divulgado el lunes,

$65 DESEMBOLSOS MILLONES. Fondos que, según el OIG-DHS, FEMA puso en riesgo por su mal manejo.

coincidiendo con la visita oficial del presidente Joe Biden a Puerto Rico.

A pesar de que se le solicitó, FEMA no proveyó los nombres de las nueve entidades que recibieron los fondos del DCMP.

“FEMA no le requirió a seis organizaciones sin fines de lucro del DCMP (proveedores) que suministraran documentación de respaldo a los costos reales. En su lugar, FEMA realizó pagos adelantados totalizando $6.4 millones a los proveedores basados en estimados, en vez de reconciliar los pagos con los costos reales. Además, FEMA carecía de documentación de respaldo para proveedores ascendente a $10.7 millones”, subraya el informe del OIG-DHS.

De ordinario, según se consigna en el informe, son las autoridades estatales las que se encargan de administrar los fondos federales dirigidos a iniciativas como el DCMP, que se enfoca en atender las necesidades psicológicas de sobrevivientes de un desastre natural. Sin embargo, el Departamento de la Vivienda –que cinco meses antes había solicitado proveer los servicios– se retiró del proceso, en mayo de 2018, debido a sus “limitados recursos”, indica el reporte federal.

En ese momento, FEMA asumió el rol de contratar directamente con las organizaciones proveedoras de servicios, adjudicando $72.8 millones a unas nueve entidades sin fines de lucro. Un comunicado de FEMA de marzo de 2019 hace constar la adjudicación de los fondos, pero tampoco precisa las identidades de las organizaciones con las que logró los “acuerdos de cooperación”.

Si bien el OIG-DHS encontró, por medio de la auditoría, que unos $17.1 millones no estaban debidamente documentados o se desembolsaron basados únicamente en estimados, el informe puntualiza que “FEMA no puede garantizar que los restantes $47.9 millones están debidamente respaldados, elevando así el riesgo de fraude, pérdida y abuso de fondos”.

El informe consigna, por ejemplo, que, de una muestra de 50 desembolsos seleccionados, ascendentes a $19.5 millones, en 20 de ellos, por un valor de $14.9 millones, no se sometió el SF 270. Según el OIG-DHS, la documentación que recopiló FEMA tampoco permitía reconciliar los desembolsos con periodos específicos de trabajo por parte de los proveedores, al tiempo que la dependencia federal colocó sobre una sola persona la responsabilidad de verificar los servicios, autorizar y procesar los pagos.

Ante el cuestionamiento de este medio sobre si los hallazgos pudieran afectar el flujo de fondos federales a Puerto Rico, que ahora encara el proceso de recuperación del huracán Fiona, una portavoz de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) señaló que los fondos del DCMP corresponden al Programa de Asistencia Individual que activa FEMA luego de un desastre. El COR3, indicó la dependencia, supervisa únicamente los programas de asistencia pública, mientras que FEMA se encarga de manejar la parte de asistencia individual.

FEMA, según consta en el informe del OIG-DHS, objetó los señalamientos y las tres recomendaciones plasmadas en el documento. Específicamente, la auditoría recomienda, en primer lugar, separar las tareas relacionadas a la revisión y autorización de pagos en iniciativas; el desarrollo de protocolos para los escenarios en que el estado o territorio delega en FEMA la administración del DCMP; y, por último, que FEMA revise “toda la documentación” relacionada con los $65 millones que se desembolsaron en Puerto Rico.

El OIG-DHS, sin embargo, rechazó las justificaciones de FEMA, y ordenó que, dentro de 90 días, provea por escrito un plan de acciones correctivas y unas fechas para la implementación de las recomendaciones.