El Senado dio paso ayer a un proyecto que elevaría el salario base de los manejadores de emergencias en el gobierno a $2,250 mensuales, lo que representa un incremento de $725 respecto a la escala vigente.

El presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado, Ramón Ruiz Nieves, aseguró que la pieza legislativa, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, no debería enfrentar oposición del gobernador Pedro Pierluisi ni de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pues, dijo, se ajusta a los parámetros del borrador del Plan de Clasificación y Retribución, que está previsto para entrar en vigor en enero de 2023.

El salario de los técnicos de manejo de emergencias –como se conoce formalmente a estos profesionales– “no se revisa hace más de 25 años”, sostuvo el legislador popular, quien es coautor de la medida junto a su correligionario Rubén Soto y el senador penepé William Villafañe.

“Lo que estamos buscando es precisamente que ese salario básico cambie, le hace justicia a esos técnicos que se encuentran en el Negociado de Manejo de Emergencias con el compromiso de que para 2026, que es cuando vencen esos fondos, el gobierno siga trabajando la asignación concerniente y la identificación de fondos para seguir haciendo justicia salarial a los servidores públicos”, sostuvo Ruiz Nieves.

Aunque el Proyecto del Senado (PS) 443 fue aprobado unánimemente, el legislador independiente José Vargas Vidot advirtió, durante la discusión de la medida, que la pieza legislativa, según enmendada, hace la salvedad de que el incremento está “sujeto a la disponibilidad de fondos”. El senador agregó que ese lenguaje es “música para la Junta y para Omar Marrero”, en referencia al organismo fiscal y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, respectivamente.

“No quisiera que esto se convirtiera en una mentira para la gente que está esperando con ansias que se le haga justicia salarial”, planteó Vargas Vidot.

Ruiz Nieves, en entrevista con El Nuevo Día, subrayó que llegó a discutir el proyecto con la ex directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, antes que renunciara a su cargo en el organismo. El senador popular puntualizó que el PS 443 es una de 17 medidas que buscan incrementar el sueldo base de distintas categorías de empleados público, adelantando que los próximos proyectos en fila atenderían los salarios de los paramédicos y los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

MEDIDAS PENDIENTES SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO

En la sesión senatorial, de otra parte, quedó pendiente el Proyecto 484, que busca enmendar el Código Municipal para ampliar las facultades que tienen los municipios para realizar trabajos de reparación en las líneas de distribución eléctrica en periodos de emergencia.

Javier Aponte Dalmau, portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático, señaló que la medida se llevaría a votación el próximo martes, luego de que la Federación y Asociación de Alcaldes –que agrupan a los ejecutivos municipales novoprogresistas y populares, respectivamente– sometan una serie de enmiendas.

“Obviamente la delegación del Partido Nuevo Progresista está esperando por esas enmiendas para entonces unirse al proyecto. Tenemos que tenerlas aquí antes del martes”, indicó Aponte Dalmau.

La medida senatorial, según radicada, especifica que los municipios tendrían la facultad de realizar trabajos de manejo de vegetación, así como “brindar servicios de restablecimiento del servicio eléctrico dentro de sus límites territoriales”. El personal a cargo de estas funciones deberá estar dirigido por un ingeniero eléctrico y contar con, al menos, cinco años de experiencia “en trabajos de reparación de averías del sistema de distribución y transmisión” en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Además del PS 484, el próximo martes se reconsideraría la Resolución Conjunta del Senado 334, que ordena a la AEE desarrollar un plan para reactivar a celadores retirados en momentos de emergencia en que se afecte el sistema eléctrico. La resolución conjunta fue derrotada por un voto el 27 de septiembre, fecha en que se ausentaron varios senadores populares.

Por su parte, la Cámara de Representantes, que también sesionó ayer, aprobó $22.5 millones para organizaciones sin fines de lucro que trabajan con las comunidades más impactadas por el huracán Fiona. En el cuerpo, además, se quedó corta la reconsideración al veto del gobernador a una medida que ordenaba al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Departamento de la Vivienda la habilitación de un mínimo de seis refugios regionales en Puerto Rico.

“Les hace justicia a esos técnicos que se encuentran en el Negociado de Manejo de Emergencias”

RAMÓN RUIZ NIEVES SENADOR DEL PPD