“Vengo a contarles mi historia para que le pongan rostro a la estadística en la que me he convertido”.

Con esas palabras, la escritora Mayra Santos-Febres se presentó ayer ante la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado, con el objetivo de relatar la agonía que vive con un sistema de energía solar que instaló en su residencia a través de una compañía local que se fue a la quiebra y nunca le respondió.

En una vista pública que descansa en la Resolución del Senado 18, Santos-Febres detalló que hace cuatro años pagó $27,457, provenientes de un préstamo personal, a la firma New Energy, para la instalación de 23 placas solares y una batería marca Tesla. Aunque todo parecía marchar bien, aseguró que el sistema comenzó a dar problemas desde el primer año de instalación.

Entre otras cosas, el panel de control del sistema se cambió en dos ocasiones, al tiempo que la compañía que contrató, supuestamente, se negó a completar el proceso de medición neta requerido en ese entonces por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Asimismo, Santos-Febres reclamó que costeó la reparación de 12 microinversores del sistema, que dejaron de funcionar al inicio de la pandemia del COVID-19.

Con el huracán Fiona, a mediados de septiembre, “el sistema dejó de funcionar”, denunció la escritora.

“Hubo pérdidas de dinero en comida, en gasolina, en supervivencia, más un costo por servicios de reparación técnica que sigue amontando”, relató Santos-Febres en la vista pública, presidida por la senadora Gretchen Hau.

Actualmente, la también profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Río Piedras, no tiene ninguna compañía a la que pueda reclamar, ya que New Energy se acogió a la quiebra en 2020.

New Energy tenía cuatro dueños, incluyendo a Alejandro Uriarte, cuyo nombre salió a relucir en la vista pública. Empero, el empresario dijo a El Nuevo Día que la compañía se vendió a principios de 2019 a MSI Solar Corporation, cuyo presidente es Máximo Torres, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.

Torres también es el propietario de Máximo Solar, una de las firmas de placas solares con un largo listado de querellas en su contra ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“Las alegaciones de que yo tengo algo que ver con alguna persona que se haya quedado sin servicio no son correctas, porque desde febrero de 2019 no tomo una decisión en esa compañía (New Energy), y cuando se fue a la quiebra yo no trabajaba ahí ni tenía interés en la compañía”, reclamó Uriarte en entrevista con este medio.

El empresario, quien en 2019 abrió la empresa de sistemas fotovoltaicos reSOLient, aseguró que, mientras estuvo al frente de New Energy, no hubo situaciones como las señaladas por Santos-Febres. Reconoció, sin embargo, que cuando la compañía quebró, varios clientes se quedaron sin los servicios prometidos.

“Entiendo que la gente esté frustrada, pero que se me achaque a mí, directamente, no es correcto. Yo monté una empresa que es mía y que no tiene reclamaciones de ninguna manera”, añadió.

Aunque este medio intentó obtener una reacción de Torres, el empresario se limitó a decir en declaraciones escritas que “Maximo Solar no es, ni ha sido, accionista, oficial ni director de New Energy”.

Según datos de DACO, las querellas relacionadas a placas solares se dispararon desde agosto, particularmente tras el paso del huracán Fiona. Entre el 14 y 27 de septiembre, se presentaron 42 querellas relacionadas a sistemas de generación con energía solar. Empero, considerando el promedio de 27 querellas por mes, el DACO ya habría recibido sobre 200 querellas relacionadas a este servicio en lo que va de año.

“Vengo a prestar mi voz, porque no debo ser yo la que represente a esa cantidad montante de madres jefas de familia, pensionados y ciudadanos empobrecidos, que emplean lo que reciben de su retiro, o que invierten todos sus ahorros, o que trabajan doble tiempo, o que toman préstamos cuantiosos para poder comprar placas solares defectuosas, pagar contratos de servicio inexistentes, darle ganancias a empresas solares inescrupulosas y estafadoras, que cierran operaciones para abrir a los pocos meses bajo otro nombre”, subrayó Santos-Febres.

INCIERTA LA FISCALIZACIÓN

El relato de la escritora fue presenciado por el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez , y el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés Deliz, quienes coincidieron en que la Ley de Cumplimiento de Garantías de Generadores Eléctricos, firmada en 2019, podría ser un punto de partida para un futuro marco regulatorio de la industria de generación eléctrica con energía solar.

“Hoy día, los generadores a base de fósil no son gran preocupación, sino los paneles solares. Así que tenemos un marco de referencia en donde podemos trasladar ciertas cosas y moverlas al campo de energía renovable, para mitigar el impacto que están teniendo los ciudadanos”, expresó Avilés.

La legislación también serviría para aclarar la jurisdicción del DACO y el NEPR acerca de las controversias de placas solares, pues Rivera Rodríguez recalcó que la jurisdicción de su agencia en estos asuntos es “limitada”. Ello, porque la Ley 57 de 2014 facultó al regulador energético para atender controversias en estos asuntos y de facturación, como la medición neta, uno de los asuntos que más fricción genera.

Por tanto, DACO solo interviene en caso de prácticas y anuncios engañosos, garantías, defectos en instalación, e incumplimiento de contratos, entre otros.

“Nosotros hemos actuado para que, dentro del escenario de jurisdicción compartida, DACO pueda actuar y proveer un remedio en aquellas cosas donde podemos actuar”, estableció el secretario en un aparte con El Nuevo Día.