Me decía hace poco un amigo que la economía de Puerto Rico gradualmente evoluciona hacia una economía de desastres. Entre el 2017 y el 2022, hemos sido víctimas de dos huracanes, un terremoto y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, detrás de las malas noticias hay una buena, y es que, posiblemente, estos eventos nos han hecho más resistentes y capaces de soportar las mayores presiones posibles y adaptarnos a ambientes hostiles. Para tener la película completa, a los desastres naturales habría que agregarle la profunda depresión económica que experimenta la isla, desde el 2006.

El dolor social y económico que han provocado estos eventos ha sido aliviado, parcialmente, por las transferencias federales que anualmente recibe la isla, que fluctúan entre $15,000 millones a $18,000 millones, que incluyen partidas como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el Medicaid y subsidios para la vivienda pública. La ecuación de fondos federales también incluye programas en los que ya la aportación fue realizada por los recipientes, como el Seguro Social y el Medicare.

Sin embargo, la suma de todas estas transferencias representa entre 25% y 30% del Producto Bruto de la isla. En esencia, lo que estoy diciendo es que la estabilidad macroeconómica y social de la isla cada día depende, en mayor grado, no de riqueza y dinero orgánico creado mediante actividades productivas, sino por programas federales. En el 2021, cuando se combinan, las ayudas pandémicas con las transferencias federales representaron el 50% del Producto Bruto. En el año fiscal 2020-21, la Junta de Planificación nos acaba de informar que el crecimiento fue de 1%.

Inyecciones federales que financian la recuperación

La magnitud de la dependencia en las ayudas federales ha quedado manifestada claramente en dos instancias recientes, en las cuales la economía ha recibido el impacto del exterior. La primera fue el poderoso huracán María (2017) y, la segunda, durante el golpe del COVID-19 (2020). Como respuesta del gobierno federal a cada uno de esos eventos, se inyectaron $12,000 millones y $20,000 millones, respectivamente, para mitigar los efectos del disloque que ambos generaron. Mayormente, fueron ayudas a los ciudadanos y los comercios directamente afectados, que crearon una demanda agregada en el sistema con un impacto multiplicador en el resto de la economía. Estas ayudas, además de asegurar que no ocurra un congelamiento de la actividad económica en el corto plazo, ayudan a disipar la incertidumbre que estos eventos catastróficos generan en la ciudadanía.

Una recuperación sostenida desde el tercer trimestre del 2020

Los principales indicadores macroeconómicos, incluyendo el Índice de Actividad Económica (IAE) que produce el Banco de Desarrollo Económico (BDE), evidencian que, desde junio del 2020 hasta septiembre del 2022, Puerto Rico ha experimentado una recuperación sostenida.

Este proceso fue apoyado por la liberalización de las restricciones por el COVID-19, la vacunación masiva de la ciudadanía y los estímulos federales recibidos, ascendentes a $20,000 millones. Destaco, también, la capacidad de los comercios para implementar tecnología y adaptar sus modelos de negocios a la nueva realidad. Sectores como el turismo, la industria de autos, salud, educación, supermercados y restaurantes se adaptaron como mucha rapidez a la nueva realidad para asegurar su funcionamiento en el nuevo contexto pandémico.

Incierto el cierre del 2022

El impacto del huracán Fiona, justo cuando entramos al cuarto trimestre del 2022, ha tenido el efecto de debilitar los escenarios del cierre del presente año.

Aunque gran parte del impacto de Fiona se concentra en la zona suroeste, lo que resulta doblemente trágico si consideramos la serie de terremotos del 2020, el colapso energético ha creado un efecto perturbador para toda la isla. El mayor impacto es la pérdida de confianza en los consumidores y comerciantes que provocó el huracán.

Sin embargo, la recuperación y la posibilidad de que el 2022 cierre en terreno positivo dependerá de la velocidad con la que se energice la isla y la capacidad con la que se pongan a correr los proyectos de mitigación y reconstrucción con los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) al igual que los fondos en bloque para desarrollo comunitario, conocidos como CDBG.