El Nuevo Dia

El COVID-19 opacó las finanzas públicas

● Aunque se trata de datos viejos, el gobierno publicó ayer el Estado Financiero Consolidado Auditado del 2020, acortando el crónico retraso en la divulgación de estos informes requeridos por ley

JOANISABEL GONZÁLEZ [email protected] Twitter: @jgonzalezpr

Tres años después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) invocó el Título III de la ley federal Promesa para el gobierno de Puerto Rico, el Estado Financiero Consolidado Auditado (CAFR, en inglés) para el año fiscal 2020, reflejó un aumento en el déficit acumulado del gobierno y las actividades de corte empresarial que llevan a cabo las corporaciones públicas.

Según el CAFR 2020, el déficit acumulado del gobierno aumentó, a pesar de que, en ese período, los recaudos del Fondo General superaron lo presupuestado en unos $604 millones y de que el gobierno aplicó recortes presupuestarios en los municipios, la rama Judicial y la fórmula para asignar fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como en el Departamento de Educación-donde se redujeron las asignaciones al programa de transporte escolar- y no se contrataron nuevos educadores para llenar plazas vacantes.

En dólares y centavos, el déficit acumulado del gobierno, entiéndase los departamentos constitucionales, las agencias, corporaciones públicas y fondos fiduciarios, ascendió a $59,808 millones, unos $545 millones más que en el año fiscal 2019.

La cifra es la diferencia entre unos $34,800 millones en activos y unos $94,600 millones en obligaciones. Estas incluyen la deuda pública, calculada entonces en $37,400 millones, y $35,600 millones en obligaciones con pensionados.

Si bien el Plan de Ajuste (PDA) aprobado a principios de este año para el gobierno central, borró la obligación acumulada de pensiones, dicho plan mantiene intacto el pago de este beneficio a los jubilados del sector público e impone una década de aportaciones consecutivas para asegurar que tal obligación se pague aún en un escenario de déficit presupuestario.

Una de las razones principales para la brecha deficitaria registrada en el año fiscal 2020, dice el informe, estuvo relacionada al impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en los recaudos al fisco. Particularmente, se vieron afectados los ingresos en corporaciones públicas y se produjo –tal como reseñó entonces El Nuevo Día- el práctico colapso del Fondo de Seguro por Desempleo y se hicieron aportaciones adicionales desde el Fondo General para financiar el programa de salud del gobierno.

“La razón principal para la reducción en la posición neta (del gobierno y sus instrumentalidades) está relacionada con un alza en las transferencias realizadas a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (PRHIA, en inglés) desde el gobierno central, de aproximadamente $367 millones y un cambio negativo en la posición neta del Fondo de Seguro por desempleo de aproximadamente $601 millones”, reza el CAFR 2020, que lleva la firma del auditor externo KPMG.

“Durante el año fiscal 2020, la pandemia del COVID-19 causó que la actividad económica se ralentizara dramáticamente, lo que afectó el recaudo de impuestos y aumentó el gasto gubernamental”, agrega el documento divulgado ayer.

EL GOBIERNO AVANZA EN DIVULGACIÓN

Más allá de las cifras, el CAFR 2020 es la tercera radiografía financiera que el gobierno pública -aunque atrasada- en un plazo aproximado de 20 meses, hito que el gobernador Pedro Pierluisi destacó ayer.

“Los esfuerzos de nuestro gobierno y la disciplina liderada por el secretario (Francisco) Parés Alicea, siguen rindiendo frutos para el beneficio de Puerto Rico hacia el futuro. Continuamos poniendo nuestras finanzas al día para lograr un desarrollo económico sostenible sobre bases económicas confiables”, indicó el mandatario.

La presentación de información financiera de manera periódica así como de la divulgación de estados financieros auditados es una de las condiciones establecidas en la ley federal Promesa para que la JSF termine sus funciones.

La Fortaleza y Parés Alicea anticiparon que el CAFR correspondiente al año fiscal 2021 se publicará en enero de 2023.

De ser el caso, Puerto Rico se pondría al día en tales divulgaciones, luego de incumplir con ese requisito de ley federal por casi una década.

NEGOCIOS

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2022-10-05T07:00:00.0000000Z

2022-10-05T07:00:00.0000000Z

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