La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, sostuvo ayer que no se necesita un deslinde de la zona marítimo terrestre para demoler –como ordenó en mayo pasado– las estructuras que un desarrollador construyó sin permiso sobre la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla.

En entrevista con El Nuevo Día, afirmó que delimitar los bienes de dominio público marítimo terrestre “no quita que haya violaciones” a la Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros (Ley 111-1985), las cuales, a su juicio, dieron fundamento a la orden de demolición.

“Aquí, hubo una violación al reglamento (de la Ley 111-1985) porque hubo una construcción sin permiso sobre una cueva. No es correcto que se ordenó la demolición porque las estructuras están en la zona marítimo terrestre. Se está ordenando una demolición porque se violó el reglamento de cuevas y cavernas”, recalcó.

Las expresiones de la secretaria se dieron en respuesta a las del abogado Miguel Torres, portavoz y representante legal del desarrollador Carlos Román –promotor del proyecto Aguadilla Pier–, quien denunció que su cliente presentó en verano una solicitud de deslinde y aún no ha sido certificada por el DRNA. Según Torres, la presunta inacción de la agencia ha contribuido, en parte, a que no se haya emitido todavía el permiso de demolición.

Al respecto, Rodríguez dijo que “el deslinde se va a atender, como a cualquier ciudadano que lo solicita”, pero insistió en que “no es correcta la teoría” de que es necesario para demoler el gazebo y demás estructuras sobre la cueva.

“Ciertamente, (las estructuras) están en la costa y (el desarrollador) puede solicitar un deslinde, pero eso no quita que haya violación de la ley de cuevas y cavernas. Si se comprueba que las estructuras están dentro de la zona marítimo terrestre, sería algo adicional. El deslinde se va a atender y se está evaluando, pero ciertamente no es necesario para la demolición”, manifestó.

De otra parte –y tras tildar de “muy lamentable” lo ocurrido el domingo, cuando un manifestante resultó herido de bala por un guardia privado del proyecto–, Rodríguez indicó que “continúa en curso” la evaluación del permiso de demolición, un proceso que es liderado por la Oficina de Gerencia de Permisos y que se desconoce cuánto demorará.