La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha hecho una oferta a ciertos de inversionistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que endosen, de antemano, la modificación de deudas propuesta para la corporación pública o corran el riesgo de no recuperar nada en caso de que el organismo logre invalidar los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La oferta -con fecha del pasado 27 de enero- propone a los bonistas no asegurados de la corporación pública, recibir -como mínimo- la mitad de su acreencia y la posibilidad de compensaciones adicionales. Esto, en caso de que la JSF prevalezca en un litigio que busca establecer si la deuda de la AEE se estructuró correctamente y determinar a qué partida o activos de la AEE tienen derecho los bonistas a la hora de intentar cobrar lo prestado a la corporación pública.

Los bonistas no asegurados tienen hasta el próximo 24 de febrero para tomar una decisión.

De confirmarse el Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE), dicho pago se haría mediante una combinación de una nueva serie de bonos (B) y una tajada del efectivo que la utilidad ha depositado en el fondo de reserva o “Sinking Fund” para pagar su deuda pública.

“Si la (JSF) prevalece en los cargos de alcance de gravamen y los cargos de recuperación por deficiencia (Lien & Recourse Challenge), entonces las reclamaciones de los bonistas que no acepten la propuesta solo recibirán su prorrata del efectivo en el fondo de reserva (”Sinking Fund”), lo que sería menos del 1% en esas reclamaciones, y no tendrán ninguna reclamación por deficiencia contra la AEE”, reza la oferta del organismo fiscal.

La propuesta de la Junta fue divulgada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés) el pasado martes, un día antes de que la jueza Laura Taylor Swain reanudara las audiencias de los Casos de Título III de Puerto Rico.

La propuesta también se produce luego de que, a pedidos del Equipo de Mediación, Swain extendió los trabajos del Equipo de Mediación hasta el próximo 28 de abril.

Ayer, durante la audiencia general, el abogado principal de la JSF y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, dijo a Swain que el organismo podría anunciar nuevos acuerdos con otros acreedores.

Swain dijo sentirse animada ante la posibilidad de que la JSF enmendara la Declaración Informativa y, en consecuencia, el Plan de Ajuste (PDA-AEE) para reflejar tales acuerdos.

Las expresiones alentadoras de Bienenstock se desvanecieron unos minutos más tarde cuando Amy Caton, abogada del grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y socia del bufete Kramer Levin, aseveró que si la JSF sostiene negociaciones con alguna parte, sus clientes no han estado en esa mesa.

Acto seguido, Caton aseveró que este viernes el Ad Hoc-AEE se opondrá formalmente a que el tribunal comience a discutir los méritos de la Declaración Informativa, análisis que representa la primera etapa en del proceso confirmación del PDA-AEE.

UNA BATALLA DE CASI SEIS AÑOS

Desde que la AEE se acogió al proceso de quiebra en mayo de 2017, los bonistas de la AEE y la JSF, pero también otros acreedores como los prestamistas que financiaron la compra de combustible, denominados como “fuel lenders”, están encontrados porque las partes interpretan los documentos y la escritura de la deuda de la AEE de manera distinta.

En términos generales, los bonistas alegan que tienen derecho a cobrar antes que otros acreedores; que su fuente de repago proviene de la venta de electricidad. También alegan que en un escenario de impago, si la partida asignada para el pago anual de los bonos no es suficiente, estos podrían emplear diversos remedios e incluso, acceder a otros activos de la AEE, más allá de los ingresos netos de la AEE, para cubrir cualquier deficiencia.

Para los “fuel lenders”, que apoyan el PDA-AEE propuesto por la JSF en diciembre pasado, los préstamos otorgados a la AEE para comprar combustible se pagan primero porque son parte de los gastos corrientes de la corporación pública. Ello implicaría que mientras los “fuel lenders” tendrían derecho a cobrar su parte de los ingresos brutos de la AEE, los bonistas cobrarían de los ingresos netos de la corporación pública.

La lectura de la JSF es otra. Plantea el organismo que los bonistas cobran su acreencia luego de que la AEE pague sus operaciones y exclusivamente, del dinero que la AEE deposita anualmente en un fondo especial para pagar los bonos y que se conoce como “Sinking Fund”.

La controversia está servida desde el 2019, pero no ha sido hasta ahora cuando la jueza Swain ha comenzado a sopesar los argumentos de las partes. En parte, la jueza no atendió el asunto porque la JSF, volcó sus esfuerzos hacia la reestructuración del gobierno central, y porque en ese año, el organismo y el Ad Hoc-AEE llegaron a un un acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) que estuvo vigente hasta el año pasado, cuando el gobernador Pedro Pierluisi puso fin al entendido.

LO TOMAS O LO DEJAS

De acuerdo con la oferta de la JSF, si el organismo prevalece en sus reclamos, los bonistas que acepten el acuerdo recibirían compensaciones adicionales a la recuperación mínima de 50%. Dichas compensaciones, sin embargo, se pagarían una vez otros acreedores en el PDA-AEE reciban ciertos pagos que, a su vez, están sujetos a otras condiciones.

Si los bonistas no asegurados, es decir, aquellos que no compraron un seguro en caso de impago por parte de la AEE, transan con la JSF, serían incluidos en una clase particular dentro del PDA-AEE y sus reclamaciones serían reconocidas sin más cuestionamientos. Además, estos recibirían un Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés) que les permitiría recuperar, posteriormente, el resto de sus acreencias.

Pero a su vez, la propuesta de la JSF propone recuperaciones distintas que dependen del número de bonistas que, finalmente, decida transar con el organismo.

La propuesta de la JSF es el desarrollo más reciente desde que el pasado 16 de diciembre, el organismo radicó el PDA-AEE imponiendo un recorte de alrededor de 48.5% en los bonos emitidos por la corporación pública.

Entonces, la JSF cumplió con el requisito de presentar a Swain el plan para modificar las obligaciones de la AEE, estimadas en unos $10,000 millones, pero en paralelo, el organismo abrió la puerta para continuar con la impugnación de la deuda de la corporación pública, proceso que debe ocurrir antes del verano.