Durante décadas se ha hablado mucho en Puerto Rico sobre la necesidad y la posibilidad de desarrollar un sector internacional de servicios en la Isla. Empero, si Puerto Rico no es capaz de aceptar que personas acaudaladas de otros países compren propiedades y se establezcan en su territorio, esta aspiración, que tiene bases realistas, nunca se hará realidad.

En los países y ciudades cosmopolitas, cuyos sectores de servicios están bien conectados con los circuitos financieros y comerciales de la economía mundial, encontramos una muy diversa comunidad empresarial proveniente de todos los rincones del planeta. Además de empresarios, en las grandes urbes suelen establecerse personas pudientes de diversas nacionalidades, que buscan disfrutar de la variedad y sofisticación de los servicios que caracterizan a ciudades como New York, Londres, París e incluso Miami. La compra de bienes inmuebles por extranjeros es un componente obligatorio en este proceso.

Por supuesto, los flujos migratorios de individuos con elevado poder adquisitivo siempre generan fuertes presiones alcistas en el mercado inmobiliario, que pueden incluso filtrarse a los estratos de viviendas más económicas. En Puerto Rico, en los últimos cuatro años, hemos tenido ventas a precios estratosféricos en algunos nichos del mercado de vivienda y, de manera general, los valores de las propiedades residenciales han aumentado.

Sin embargo, todavía no tenemos un panorama socioeconómico que recomiende un freno a la inversión foránea en el sector residencial. La construcción de viviendas nuevas se mantiene en niveles muy inferiores a los del periodo 1990-2005. Ya son dos décadas de sostenida contracción demográfica, con la consiguiente pérdida de más de 600,000 habitantes. Todos los años emigran miles de jóvenes profesionales y la mayoría de los centros urbanos se han transformado en pueblos fantasmas. La inversión externa puede ayudar a frenar e incluso revertir esas negativas tendencias.

También es pertinente recordar que la aplicación del poder del estado está dirigida, principalmente, a proteger a los sectores más vulnerables, no a controlar precios en transacciones inmobiliarias entre individuos de altos ingresos. La función del estado no es impedirle a un puertorriqueño que venda su propiedad en $500,000 para que otro puertorriqueño pueda comprarla en $250,000.

Si hay personas que vienen de afuera a radicarse en Puerto Rico es porque hay atributos de la Isla que los atraen, y que van más allá de las meras ventajas contributivas. En lugar del rechazo, la mejor opción es articular políticas que estimulen a estas personas a insertarse de manera activa y permanente en la red económica local. Por ejemplo, si aumentan los gastos médicos de los nuevos residentes, se podría implementar una política para repatriar a muchos de los talentosos médicos puertorriqueños que han emigrado en busca de mejores condiciones económicas.

Muy cerca de Puerto Rico tenemos dos buenos ejemplos que no debemos obviar. El sostenido crecimiento económico de Panamá y República Dominicana se ha cimentado en el fortalecimiento de sus respectivos sectores externos: en la capacidad de exportar más bienes, pero también más y mejores servicios. El auge económico de nuestros vecinos ha venido acompañado de la llegada de inversionistas y personas pudientes (puertorriqueños entre ellos) que han elegido estos países como lugar de residencia, ya sea temporal o permanente. La aportación económica de los residentes extranjeros no se limita a la compra de inmuebles y gastos de consumo. Empresarios extranjeros se han fusionado con los locales y han creado empresas que le inyectan dinamismo y competitividad internacional a esas economías.

Para una economía con débiles lazos con el resto del mundo, como la de Puerto Rico, es vital fortalecer su sector externo; su capacidad de aumentar y diversificar la exportación de bienes y servicios. Incluso, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha sido muy categórica al destacar los escasos vínculos económicos entre Puerto Rico y el resto del continente. Tenemos que abrir más puertas al mundo y no cerrar la que ya se ha abierto.

En lugar del rechazo, la mejor opción es articular políticas que estimulen a estas personas a insertarse de manera activa y permanente en la red económica local”