WASHINGTON.– Las empresas a cargo del cabildeo a favor del Ejecutivo de Puerto Rico en Washington han tenido contratos que rondan los $15.76 millones durante los primeros dos años de esta administración.

Aunque con funciones adicionales a la presión en la capital estadounidense, esas empresas han reportado, entre enero de 2021 y diciembre de 2022, $2.73 millones en ingresos y gastos por sus gestiones estrictamente de cabildeo en el Congreso y el Ejecutivo estadounidense.

Esa cantidad es menor a los cerca de $4 millones que reportaron en sus informes al Congreso las empresas cabilderas contratadas por la administración de Ricardo Rosselló Nevares entre 2017 y 2018. En aquel momento, la mayor parte del cabildeo estuvo a cargo de la empresa VantageKnight, con cerca de $2.06 millones.

Ninguna de las compañías contratadas por el gobierno -que ejercen también tareas de asesoría legal y general- dice, en sus informes, haber cabildeado en torno al status político de Puerto Rico.

Pero el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que ese es uno de los asuntos que les ha asignado. “Lo que tiene que ver con el Congreso está reflejado en la carta que envié al liderato congresional. Quisiera que se someta legislación (sobre el status) similar o igual al (pasado) proyecto 8393, tanto en la Cámara como en el Senado”, dijo el mandatario.

Aunque el tema no está en la agenda del Senado y la abrumadora mayoría de los republicanos de la Cámara baja rechazó la medida en diciembre, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González , había indicado que, a más tardar el jueves, presentaría un proyecto como el 8393, que propuso un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la soberanía en libre asociación, la independencia y la estadidad.

En su carta de enero al Congreso, en la que subrayó su agenda para esta sesión, Pierluisi identificó también, entre otros asuntos, los reclamos de acceso a los programas de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); exenciones en las normas de cabotaje para el transporte de combustible tras desastres naturales; mejorar el subsidio al crédito puertorriqueño por trabajo; y reautorizar el aumento en el reembolso por el arbitrio al ron.

A nivel del Ejecutivo federal, Pierluisi destacó, en aquella carta, el interés en un programa de visas especiales para trabajadores latinoamericanos que se integren a la reconstrucción de Puerto Rico y en lograr más recursos contra el crimen.

Desde julio de 2021, Pierluisi cuenta con seis funcionarios electos para cabildear a tiempo completo por la estadidad, cinco de los cuales cobran $90,000 anuales y pueden recibir hasta $30,000 adicionales como reembolsos por gastos incurridos.

Los gastos referentes a esos cabilderos de la estadidad están bajo la nómina de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa), que ya no tiene, sin embargo, el control de los contratos de cabildeo. Gran parte de los contratos de cabildeo los financia la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Del grupo de empresas que ha presionado en Washington D.C. a nombre del Ejecutivo, King & Spalding es la que más contratos ha tenido este cuatrienio, unos $8.64 millones, principalmente con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Los contratos de King & Spalding, de estos primeros dos años de la administración Pierluisi, han sido con la AEE ($6.625 millones); la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento ($1.4 millones); y la AAFAF ($440,000).

En términos de cabildeo reportado en Washington, sin embargo, las gestiones de King & Spalding habrían sido limitadas, según los informes ante el Congreso.

King & Spalding indicó, en sus informes, que en 2021 hizo gestiones a favor de la AEE en el Congreso sobre energía reno

vable, el huracán María y los terremotos, que valoró en $210,000. Incluso, dijo haber asistido con una presentación de la AEE ante un comité del Congreso.

También reportó ingresos y gastos por $120,000 con relación a temas presupuestarios y energéticos a nombre de la AAFAF, el principal ente gubernamental que ha contratado cabilderos. King & Spalding ha dependido del cabildeo de Steven Kupka, uno de sus socios.

Por su parte, DLA Piper -que acaba de perder todos sus contratos con la administración Pierluisi, por potenciales conflictos de intereses- ha sido el segundo bufete registrado como cabildero en el Congreso con más contratos, para un total de $5.49 millones.

Pierluisi dijo que rescindieron los contratos con DLP Piper debido a un potencial conflicto de intereses por representar al banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank & Trust e imputado de conspiración, soborno relacionado a programas federales y fraude electrónico, en el mismo caso en que está acusada la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Era una obvia apariencia de conflicto de intereses”, indicó el gobernador, en declaraciones a El Nuevo Día en San Juan.

Ante el Congreso y el Ejecutivo, DLA Piper ha informado haber hecho cabildeo valorado en $890,000 durante los primeros dos años del cuatrienio.

DLA Piper tuvo contratos con la AAFAF por $4.5 millones los primeros dos años del cuatrienio y por $200,000 con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP). Otro contrato de $105,000 fue con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Desde los tiempos de la administración de Pedro Rosselló, Evan Migdail -socio de DLA Piper- había sido un principal cabildero del gobierno de Puerto Rico durante administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En la pasada sesión, Migdail presionó en el Congreso sobre asuntos como el acceso a fondos de los programas Medicaid y Medicare, para mitigar la pandemia del COVID-19, incentivos para la inversión en Puerto Rico, la implementación de la ley para reducir la inflación, y el pleno acceso al crédito por menores dependientes (CTC), una de las iniciativas adoptadas mediante la ley de rescate económico (ARPA).

Como parte del acuerdo con la AAFAF, DLA Piper también subcontrató a Capitol Counsel, que reportó $140,000 en cabildeo para esa oficina del gobierno de la isla.

Durante gran parte de 2021 y 2022, Capitol Counsel dijo haber cabildeado en favor del acceso a fondos de Medicaid. Pero, aunque parecieran temas más dedicados a 2021, en 2022 Capitol Counsel todavía indicaba que presionaba sobre la inclusión de Puerto Rico en iniciativas de respuesta a la pandemia del COVID-19.

En 2021, el Congreso ya había dado pleno acceso a Puerto Rico al CTC y a subsidiar tres cuartas partes del crédito por trabajo de la isla, pero Capitol Counsel aún colocaba esos temas en su agenda de 2022.

Otros asuntos que estuvieron en la agenda de Capitol Counsel fueron iniciativas tributarias para incentivar la inversión en Puerto Rico y sobre la cadena de suministros médicos en la manufactura.

Tras cancelarse los contratos de DLA Piper, Capitol Counsel firmó su propio contrato con la AAFAF, por $150,000, para los meses de marzo a junio de 2023.

Capitol Counsel también reportó $120,000 en cabildeo para temas de infraestructura, vivienda, transportación y asignaciones en favor del Municipio de San Juan, entre los meses de abril y diciembre de 2022.

Esas gestiones para San Juan estuvieron a cargo de Robert Diamond, quien trabajó para la Casa Blanca de Barack Obama y para la gobernación de Andrew Cuomo en Nueva York. Capitol Counsel ha tenido este cuatrienio contratos por $206,500 con el Municipio de San Juan.

SQUIRE PATTON BOGS

Como parte de su acuerdo con el Ejecutivo de Puerto Rico, el bufete de Squire Patton Boggs, por su parte, informó al Congreso haber incurrido en gestiones de cabildeo valoradas en $580,000 durante los primeros dos años del cuatrienio.

Pero, en total, esa firma ha tenido contratos con entidades del gobierno de Puerto Rico que suman $1,874,000. El acuerdo de más dinero ha sido con la AAFAF ($1.05 millones), seguido por el Departamento de Hacienda ($549,000) y la AAAP ($275,000). Squire Patton informó que el último trimestre de 2022 los dedicó a cabildear sobre el acceso a fondos de Medicaid, al tema de la red eléctrica, a las visas H-2B y asignaciones de infraestructura. La firma delegó el trabajo en los cabilderos Edward Newberry y Brandon Román.

CORNERSTONE

Cornerstone Government Affairs -que ha trabajado para el gobierno de Puerto Rico desde la administración de Rosselló Nevares- reportó $510,000 en ingresos y gastos de cabildeo durante los primeros dos años de este cuatrienio. De esos, $210,000 fueron informados en 2022.

Ha reportado al Congreso más ingresos y

“Quisiera que se someta legislación (sobre el status) similar o igual al (pasado) proyecto 8393, tanto en la Cámara como en el Senado”

PEDRO PIERLUISI

GOBERNADOR

gastos por cabildeo de lo que sumaron sus contratos -$420,000- con oficinas del gobierno de Puerto Rico en 2021 y 2022. En los primeros dos años del gobierno de Pierluisi, Cornerstone ha tenido contratos con la AAFAF por $370,000. Otro contrato con la AAPP asciende a $50,000.

Ha definido su cabildeo como gestiones relacionadas “al trato único” que recibe Puerto Rico como territorio estadounidense. Los cabilderos John Crumbliss, William Smith, Michael Smith y John Sandell han estado a cargo de los asuntos de Puerto Rico en esa empresa cabildera.

Cornerstone ha cabildeado también para la firma de abogados Eaves Law Firm, que ha asesorado a ciudadanos y al gobierno de Vieques en busca de que el gobierno federal compense a los viequenses por los bombardeos y ejercicios militares que la Marina de Guerra llevó a cabo durante seis décadas en la Isla Nena.

TODD STRATEGY

La empresa Todd Strategy, por su parte, divulgó ingresos y gastos por $270,000 para trabajos de cabildeo en torno al acceso de Puerto Rico a Medicare, como parte de un contrato con el Departamento de Salud de Puerto Rico. No solo cabildeó ante el Congreso, sino además ante el Departamento de Salud de Estados Unidos.

Todd Strategy reportó otros $330,000 por trabajos para la AAFAF relacionados con asignaciones, el acceso al programa Medicare, la respuesta a la pandemia del COVID-19, el proyecto de ley “Reconstruir mejor” de la administración Biden y cabildeo ante el Departamento de Salud de Estados Unidos. De esos, $200,000 correspondieron a cabildeo en 2022.

Aunque reportó ingresos y gastos por $630,000, sus contratos con el gobierno de Puerto Rico totalizan $371,996 ($173,000 con el Departamento de Salud y $198,996 con la AAFAF).

PR3 CONSULTING

Otra empresa que está registrada como cabildera del gobierno de Puerto Rico es PR3 Consulting, con base en Arlington, Virginia, propiedad de Eduardo Hilera, quien trabajó para la oficina de Pierluisi cuando era comisionado residente y para FEMA.

PR3 Consulting ha tenido contratos, en la primera mitad de este cuatrienio, con el Departamento de Seguridad Pública ($106, 950), la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads ($50,000) y el Departamento de Hacienda ($29,920), de acuerdo con la Oficina del Contralor.

Pero PR3 Consulting ha informado haber hecho gestiones de cabildeo en Washington por solo $12,000.

El periodista Manuel Guillama Capella colaboró con este reportaje.