WASHINGTON.– El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó ayer acoger el caso en el que el gobierno de Puerto Rico solicitó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenga que adoptar normas que regulen cuando una ley puertorriqueña es inconsistente con el plan fiscal.

Al denegar el recurso de certiorari solicitado por el gobernador Pedro Pierluisi y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), el máximo foro judicial estadounidense también echó a un lado una moción del presidente del Senado, José Luis Dalmau, para poder presentar un recurso de “amigo de la corte” en el caso, fuera del límite de tiempo autorizado.

El gobernador Pierluisi había recurrido, a finales de 2022, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en busca de que la JSF tenga que establecer normas para determinar cuándo una ley del gobierno de Puerto Rico choca con el plan fiscal adoptado por el ente financiero.

También había pedido que el foro judicial definiera los estándares para el tribunal revisar las decisiones de la JSF.

Hace unos días, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del tribunal de bancarrota territorial, aceptó la petición de la JSF de anular la reforma laboral de 2022, por entender que la administración Pierluisi incumplió con el mandato de la ley Promesa, que le exige precisar el impacto fiscal de un estatuto.

“Esta determinación es el resultado de la repetida incompetencia de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), que ha claudicado a su deber de defender las leyes y la política pública promulgada por el gobierno electo de Puerto Rico. Tal y como sucedió con la Ley 41-2022 de reforma laboral, el gobierno no demostró que la ley en disputa no representaba un impacto fiscal y que, al contrario, tiene un efecto positivo sobre nuestra economía”, indicó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez .

Por su parte, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, indicó que “la determinación del Supremo de no atender la controversia es una reiteración del poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico”.

“Los poderes plenarios le han delegado una autoridad a la Junta para que se dejen sin efecto leyes aprobadas por las ramas constitucionales del Estado Libre Asociado (ELA). En otras palabras, es la más reciente humillación colonial. La Constitución del ELA no vale el papel en el que está escrita”, agregó el líder independentista.

En su argumentación, los abogados del gobernador Pierluisi indicaron que este caso que el Tribunal Supremo federal ha descartado examinar trataba de los “cimientos” del gobierno propio que quedaron con vida tras la aprobación, en 2016, de la ley Promesa, que impuso la JSF para controlar las decisiones financieras del gobierno electo de la isla y creó un sistema de bancarrota territorial para reestructurar la deuda pública.

Pierluisi buscaba que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revisara una decisión del Primer Circuito federal de Apelaciones que descartó que hubiesen sido “arbitrarias o caprichosas” las decisiones tomadas por la JSF cuando anuló cuatro estatutos del gobierno de Puerto Rico.

El gobernador Pierluisi cuestionó, en el recurso judicial, la falta de criterios de la Junta para invalidar tres leyes de 2019: la número 82, que intentó crear la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia; la 138, que propuso enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico; y la 176, que hacía cambios en las leyes para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico y de Cumplimiento con el Plan Fiscal.

También denunció la invalidación de la Ley 27 de 2020, que propuso enmendar el Código de Incentivos de Puerto Rico.

“El tribunal debe conceder el certiorari para determinar el estándar de revisión que rigen las decisiones de la Junta bajo Promesa y qué principios de derecho administrativo incorpora esa norma. Sin la intervención de este tribunal, las decisiones de política pública del gobierno electo de Puerto Rico serán anuladas por un organismo federal no electo sin una barrera significativa de revisión judicial”, indicaron Pierluisi y la Aafaf entonces.

Tanto el gobernador Pierluisi como el presidente cameral han pedido a la jueza Swain frenar la vigencia de su decisión en torno a la reforma laboral, en espera de la apelación que se proponen presentar ante el Primer Circuito de Apelaciones, con base en la ciudad de Boston (Massachusetts).

Hernández Montañez reiteró que el Congreso debe enmendar la ley Promesa para obligar a la JSF a tomar en cuenta el análisis fiscal que produzca la Legislatura de Puerto Rico sobre un estatuto. “No claudicaremos en continuar nuestro reclamo en los tribunales para que la política pública aprobada mediante legislación se analice en sus méritos en los procesos fiscales”, agregó el presidente cameral.

LO DIJO

“Es la más reciente humillación colonial. La Constitución del ELA no vale el papel en el que está escrita”

JUAN DALMAU SECRETARIO GENERAL DEL PIP