WASHINGTON.–Tras dos horas de argumentos orales, el juez del Tribunal Federal de Washington D.C. Carl John Nichols se reservó ayer la decisión en torno a si el proyecto de dragado de la bahía de San Juan ha incumplido con leyes ambientales federales.

Nichols reconoció que urge tomar una decisión ante el hecho de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, a cargo del proyecto, pudiera comenzar, tan pronto como este mes, a otorgar los contratos para el dragado.

Ante el juez Nichols, los abogados del gobierno de Estados Unidos y el Center for Biological Diversity acentuaron sus puntos de vista en torno al impacto del proyecto en las leyes de aguas claras, especies en peligro de extinción y de política pública ambiental (NEPA, en inglés).

Junto a la organización El Puente y CORALations, el Center for Biological Diversity demandó al Cuerpo de Ingenieros por entender que el proyecto del dragado falló en no presentar una declaración de impacto ambiental (DIA), excluyó del proceso de consultas a comunidades pobres de Guaynabo y Cataño, y pondría en riesgo especies en peligro de extinción.

A su vez, han insistido en que el plan minimiza la amenaza contra el ambiente para dar prioridad a facilitar -aumentando el calado de la bahía- la entrada de tanqueros al terminal de gas licuado de la empresa New Fortress Energy, pese a que el gobierno de Puerto Rico, aun con la conversión de dos unidades de San Juan al gas natural, tiene como política pública avanzar hacia un sistema de energía eléctrica plenamente basado en fuentes renovables.

“Este proyecto se justifica con o sin la conversión del gas natural”, indicó Christopher Hair, abogado de la División de Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia estadounidense, a preguntas del juez Nichols.

Su colega Sarah Izkar mantuvo que la evaluación ambiental que se hizo –menos abarcadora que la DIA- cumple con las exigencias de la ley de aguas limpias.

Catherine Kilduff, abogada del Center for Biological Diversity que representa a El Puente, afirmó que el dragado busca facilitar el acceso de tanqueros al terminal de gas natural, por encima del potencial daño a manatíes, tortugas y corales.

“No tomaron en cuenta el impacto en los corales… El dragado y el transporte de gas natural están interconectados”, sostuvo.

En las afueras del tribunal, hubo una manifestación de miembros de los grupos ambientales que coreaban en inglés y español consignas como “energía sustentable, accesible y renovable”.

“No hicieron una DIA y excluyeron a comunidades de menos recursos como Vietnam, de Cataño y Guaynabo, y Sabana y Amelia en Guaynabo. Solo consultaron con la gente del Viejo San Juan”, denunció Federico Cintrón Moscoso, director de Programa de la organización El Puente.

Los demandantes han indicado que el dragado implicará extraer dos millones de metros cúbicos de sedimento marino, para luego lanzarlos a una milla de la costa.

“Se requerirán más de 700 viajes de las barcazas para llevar a cabo ese vertido mar afuera y esos viajes irán causando contaminación por la dispersión inevitable del material suelto que transportan, (una) dispersión inevitable también durante el arrastre del equipo que se usará en el fondo marino para el dragado inicial”, dijo este fin de semana el profesor Pedro Saadé Lloréns, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde se ha estudiado esta controversia.

El juez Nichols pidió a los abogados que argumentaran sobre la posibilidad de que decida ordenar cambios en el proyecto, en referencia a que si no da paso o descartar todo el plan para el dragado, pueda devolver el caso al foro administrativo del Cuerpo de Ingenieros.

También preguntó si para dragados de mantenimiento, que ocurren cada cinco o seis años, se requiere presentar una DIA. Al cerrar la sesión, confió en emitir su decisión en tan solo unos días.