Aunque hallamos abandonado las medidas más estrictas de prevención contra el COVID, especialmente luego de que la Organización Mundial de la Salud decretara el fin de la emergencia por la pandemia, el pasado 5 de mayo, el azote del virus sigue golpeando a la población en muchas partes del mundo. Es necesario que en Puerto Rico se retomen ciertas medidas cautelares y se refuerce la protección mediante las vacunas.

Todas las regiones de Puerto Rico han presentado alta transmisión de COVID, y 70 de los 78 municipios revelaron alta positividad, lo que significa que más del 10% de las pruebas procesadas dieron positivo al virus. En los últimos 28 días, precisamente desde que se relajaron las medidas preventivas, ha aumentado el número de casos nuevos de una manera alarmante: de 391 a 982 contagiados, para un alza de 2.5 veces en un solo mes.

Quizá algunos piensen que, comparado con nuestro peor momento, en enero de 2022, cuando se contabilizaron 8,766 casos nuevos en un solo mes, los 982 que se reportan ahora son poca cosa. Pero el COVID sigue causando muertes y hospitalizaciones, sobre todo entre quienes no están inoculados, o no han recibido los refuerzos recomendados cada seis meses. En enero de 2022 llegamos a lamentar 42 muertes diarias, comparado con lo cual, puede que no cause gran impresión que ahora estén muriendo dos personas por día.

No obstante, la pérdida de vidas humanas es una tragedia que no puede ser medida en números, sobre todo cuando existen vacunas para reforzar la resistencia a los diferentes linajes del virus, y medicamentos que, una vez adquirida la enfermedad, mitigan y alivian sus síntomas.

En Puerto Rico se decretó el fin de la emergencia por la pandemia el 11 de mayo. Pero lo que debió haber sido una transición escalonada, liberalizando las medidas cautelares en algunos lugares y manteniéndolas en otros, a fin de buscar un balance para ver cómo se comportaba la transmisión del virus, se convirtió en un dolor de cabeza, por ejemplo, para los hogares de ancianos. Se trata de la población más vulnerable frente al COVID, y la que sufre las peores secuelas, entre ellas la hospitalización.

De haber estado protegidos gracias a las medidas vigentes antes del fin de la emergencia, pasaron a un escenario donde de golpe se eliminaron las mascarillas, las medidas básicas de desinfección, y el reglamento para empleados y visitas. Las consecuencias, según propietarios de esos hogares, no se han hecho esperar y han tenido rebrotes de COVID de diversa intensidad.

Decenas de miles de personas que tendrían que haber recibido la vacuna bivalente no han acudido a ponérsela. Las campañas del Departamento de Salud para exhortar a la población a inocularse han ido decayendo, al punto que apenas se ven.

La declaración del fin de la emergencia no equivale a una declaración del fin de la enfermedad, y sin embargo hemos visto un preocupante relajamiento a todos los niveles. Algunas farmacias carecen de las pruebas caseras, y entre las que las tienen disponibles, algunas las venden a un precio que disuade de comprarlas al que va por ellas, corriéndose el riesgo de empeorar y convertirse en un foco de contagio para los demás.

Las autoridades sanitarias deben observar muy de cerca el fenómeno de este rebrote que evidencia que hemos bajado la guardia. Comprendemos que la gente estaba ansiosa por dejar atrás la zozobra y los rigores del confinamiento. No obstante, no cuesta nada hacer uso de la mascarilla en lugares cerrados, tener a mano los líquidos desinfectantes y evitar contagiar a los mayores de 65 años, quienes corren alto riesgo de sufrir complicaciones.