Desde su fundación como Autoridad de Fuentes Fluviales, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha incluido su responsabilidad de pago de los bonos y el gasto en su empleomanía en los costos para fijar la tarifa que cobra a los abonados.

Por esta razón, hasta hoy, todo cliente, incluidos el gobierno, los hogares y todo tipo de negocios, siempre hemos pagado una parte de la deuda y de la nómina en la tarifa eléctrica básica.

Para pagar a los bonistas, el gobierno y la corte pretenden imponer una doble tarifa por concepto de la deuda de una AEE que no tiene presente ni futuro financiero. Esa corporación pública tiene unos activos obsoletos que están en proceso de ser decomisados, los cuales violan leyes ambientales al contaminar el ambiente diariamente, y carecen de valor y viabilidad económica real. La tarifa básica tendría dos cargos por concepto de la deuda, teniendo en cuenta que ya estamos pagando uno.

La negativa absoluta de todo cliente de la AEE a aceptar un cobro adicional por razón de la misma deuda se fundamenta en varios aspectos.

El primero es que, por años, todo cliente ha estado pagando un componente de la deuda y de la empleomanía de la AEE en su tarifa. Por eso, un cargo adicional para cubrir la deuda se pagaría sobre el que ya está en vigor. Eso lo hace injustificado y potencialmente ilegal.

En segundo lugar, los bonistas han tenido la información tarifaria de la AEE y realizaron sus inversiones de forma transparente pues el efecto de la deuda de sus bonos sobre la tarifa eléctrica es parte de los acuerdos financieros.

En tercer lugar, no se han hecho públicos análisis económicos que revelen que la tarifa básica actual será reducida primero y luego ajustada con el cargo propuesto. Tampoco se ha explicado el uso del valor económico del cargo vinculado a la deuda que está en la tarifa básica actual.

Más importante aún, tampoco se ha explicado cuál es el valor de la AEE tal y como está hoy, obsoleta, semi destruida e incapaz de suplir la demanda eléctrica, para recibir energía renovable y en medio de una total reconstrucción que tardará 10 años. No se ha explicado la capacidad real de la AEE, o de su sucesora, para seguir operando como negocio viable y sostenible (“on-going concern”) ante la realidad de que muchos abonados se desconectarán de la red.

En el proceso adjudicativo ante el Negociado de Energía, que provee la Ley 17 a todo cliente de la AEE, tendremos la oportunidad de reaccionar para oponernos tenazmente a un aumento que contraviene los requisitos de dicha ley, los cuales expresamente disponen que la tarifa sea asequible, justa y razonable.

Todos los clientes de la AEE debemos dejar claro que el pago de la deuda y el plan de pensiones son inasequibles e insostenibles con un cargo adicional en la tarifa eléctrica. Que, de imponerlo por medio de la corte de quiebras, se está legislando en contra de leyes vigentes en Puerto Rico, que ordenan que la tarifa sea asequible, justa y razonable.

Y lo más importante, que nos afectará a todos por igual de inmediato: un cargo adicional en la tarifa eléctrica implicaría asesinar la recuperación, y el desarrollo social y económico de la sociedad puertorriqueña. ¡Tomemos las decisiones y actuemos para asegurarnos de que haya justicia energética para todos!

Un cargo adicional en la tarifa eléctrica implicaría asesinar la recuperación, y el desarrollo social y económico de la sociedad puertorriqueña”