WASHINGTON.- En su intento por lograr echar hacia delante en el Congreso el proyecto 870 que le ofrecería a las empresas públicas de Puerto Rico el mecanismo de la ley federal de quiebras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se enfrenta a fuerzas de su propio Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pero, Pierluisi dijo ayer estar convencido de que “en lo más mínimo” la presión ejercida esta semana en el Congreso por la portavoz del PNP en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jenniffer González -la funcionaria electa en la Isla de más alto rango identificada con los republicanos en EEUU-, pueda terminar de dañar las posibilidades de que el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal eche hacia delante su proyecto.

“Es una medida que trasciende líneas de partidos”, dijo ayer Pierluisi, presidente del PNP, al indicar que la oposición de González contrasta con el respaldo que tiene el proyecto de parte del exgobernador Luis Fortuño, quien aún es delegado de Puerto Rico ante el Partido Republicano de EE.UU., de aspirantes a la presidencia como Jeb Bush y George Pataki, del activista conservador antiimpuestos

Grover Norquist, y el exlíder de la mayoría del Senado, Bob Dole.

Aunque reconoce que “vivimos en una democracia”, y miembros de su partido tienen derecho a rechazar un proyecto sobre el cual no buscó el respaldo institucional del PNP, el comisionado Pierluisi sostuvo que “no hay razón para oponerse al proyecto, porque si hasta lo miras como un estadista se cae de la mata que es consistente con pedir que nos traten como un estado”.

La representante González publicó un blog en el periódico legislativo The

Hill en contra del 870 y presionó en contra de la medida como parte de reuniones con tres congresistas republicanos con los que dijo se entrevistó para hablar de los recortes en Medicare Advantage. González sostiene que fue una casualidad que su artículo de opinión se publicara en la víspera de sus reuniones en el Congreso.