SALINAS - Anuncian lluvia y, como una maquinaria industrial que a cierta hora le tocara echar a andar, los nervios de Wilfredo Méndez, un salinense de 74 años, comienzan a agitarse.

“Yo oigo por televisión o por radio de un anuncio de que viene una tormenta o se va a inundar esta área de Salinas, y enseguida los nervios me empiezan a trabajar. Yo soy una persona que padezco de ansiedad”, dice el hombre, un exdependiente de ferretería y mecánico aficionado, entrevistado en la marquesina de su casa en la urbanización La Margarita, de este municipio.

Su ansiedad no es para nada injustificada.

La casa de esquina, bien cuidada –pero ubicada en zona inundable de cauce mayor, a menos de una milla del río Nigua, el más caudaloso de la región–, que compró al estrenarse La Margarita en 1977, se ha inundado más veces de las que puede recordar.

La primera vez, cuenta, fue durante las malamente recordadas lluvias que causaron la muerte de 130 personas en el barrio Mameyes de Ponce, en octubre de 1985. Volvió a vivir la pesadilla en las inundaciones conocidas por esta zona como “las de víspera de Reyes”, ocurridas el 5 de enero de 1992 y durante varias vaguadas y huracanes más.

La más reciente fue en el huracán Fiona, en septiembre del año pasado, cuando el nivel de agua fue tal que superó unas compuertas de metal que él mismo diseñó y con las que ha protegido su casa de otros eventos de inundación. “La capacidad de agua que pasa por aquí es como si estuvieras metido en el medio del río”, dice Méndez, quien estima entre $10,000 y $12,000 las pérdidas cada vez que su casa se ha inundado.

Con una casa que no puede vender porque no podría ocultarle a ningún potencial comprador el riesgo constante de inundación, y sin medios ni edad para empezar de nuevo en otro sitio, Méndez vive atrapado por circunstancias que lo superan, a merced de eventos climáticos cada vez más extremos, sintiendo la vida en un hilo en cada momento que el horizonte anuncia lluvia.

Su dramática situación no es ni remotamente única.

En Puerto Rico, 152,487 personas viven, como Méndez, en zonas inundables de cauce mayor, según los mapas de nivel de inundación base recomendado (ABFE, en inglés), el instrumento oficial para hacer esta determinación.

La población que reside en alguna zona inundable –ya sea de riesgo alto o moderado– son 735,264 personas. Esta cifra representa un aumento de 22% con re

“La capacidad de agua que pasa por aquí es como si estuvieras metido en el medio del río” WILFREDO MÉNDEZ RESIDENTE DE LA URBANIZACIÓN LA MARGARITA, EN SALINAS

lación a las 600,487 que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Junta de Planificación (JP) estimaron vivían bajo esta amenaza antes que FEMA revisara los mapas en 2018, tras el huracán María.

Según los datos remitidos por la JP, la cantidad de gente viviendo en zona de cauce mayor, que es la de más peligro, no varió tras la revisión de 2018. Los primeros datos ofrecidos por la JP ante preguntas sobre este tema reflejaban un aumento de 10% de población residente en la zona de cauce mayor en dicho periodo. Al cierre de edición, la JP no había provisto explicación sobre la variabilidad

Aunque, en teoría, se supone que no se autoricen construcciones en zona de cauce mayor, en la práctica, el reglamento de

la JP permite tantas excepciones que, para todos los efectos, es como si no existiera prohibición para los que pueden costear los requisitos adicionales, según revela una investigación de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día.

La investigación de El Nuevo Día revela también que, solo en los últimos ocho años, las autoridades han aprobado 2,873 proyectos de construcción en zona especial de peligro de inundación (Zona AE). Entre estos proyectos hay obras de remodelación de centros comerciales y hasta unidades residenciales.

Aunque se supone que los proyectos incluyan medidas de mitigación que eliminen el riesgo de inundaciones catastróficas, testimonios recogidos por este medio entre conocedores de estos temas, así como admisiones de funcionarios, apuntan a que es mínima, cuando no nula, la fiscalización del cumplimiento con las medidas de mitigación.

A esto, se suman las miles de construcciones irregulares o ilegales y queda expuesta la enorme magnitud de este problema generacional ante el que las autoridades estatales y federales se expresan mayormente impotentes.

Como resultado de estas fallas sistémicas y de la falta de atención a este problema, el 22% del total de la población de la isla vive bajo algún riesgo de inundación, en momentos en que se espera que, a causa del cambio climático, aumente la frecuencia e intensidad de eventos atmosféricos extremos.

El viernes, el país volvió a ver en tiempo real las consecuencias de este problema. Varias horas de lluvias torrenciales en la zona metropolitana inundaron múltiples avenidas y comunidades, causaron deslizamientos de terrenos en sectores en San Juan, Guaynabo y Loíza y provocaron un caos en el tránsito y en la vida de la ciudad. El gobernador Pedro Pierluisi emitió ayer una declaración de estado de emergencia para los tres municipios.

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, estimó en “varios millones de dólares” las pérdidas solo en la capital.

Las decenas de miles de familias en esta situación enfrentan pérdidas económicas prácticamente incalculables cada vez que sus propiedades se inundan, mientras las agencias de asistencia en casos de desastres y las aseguradoras les responden con apenas una fracción de lo perdido, según múltiples testimonios recogidos por El

Nuevo Día.

Durante los pasados 10 años, FEMA ha pagado $35 millones en pérdidas por inundaciones. Según diversos testimonios, esto sería apenas una fracción de las pérdidas experimentadas por personas en esta situación.

LA “ZONA CERO” DE LAS INUNDACIONES

De todas las áreas inundables, el principal problema lo presenta el definido como AE, dentro del cual está la zona denominada de cauce mayor. Ahí, es donde viven casi 152,487 personas. El cauce mayor comprende los terrenos adyacentes a un cuerpo de agua que, en teoría, deben estar libres de estructuras y desarrollos, precisamente por ser la zona más propensa a inundación en un desborde del cuerpo de agua.

La razón por la cual hay más personas viviendo en zonas inundables no es complicada: hay más zonas inundables identificadas. Aunque son complejas y múltiples las razones por las cuales ha habido un incremento en la zona geográfica inundable, FEMA reconoció que “el desarrollo” es uno de los principales motivos.

“No hay una respuesta única para toda la isla, el desarrollo, los cambios en la hidrología y la actualización de la misma afectarán a las nuevas zonas especiales de riesgo de inundaciones”, explicó FEMA en declaraciones escritas.

FEMA también hizo referencia a los cambios en la hidrología que, a su vez, tienen un efecto en la actualización de las áreas determinadas de riesgo de inundaciones, conocidas como SFHA, por sus siglas en inglés. Dichas actualizaciones se reflejan en los mapas ABFE, que preparó por contrato para FEMA la empresa privada STARR II - Strategic Alliance for Risk Reduction.

La JP es, por ley, la entidad a cargo de administrar los valles inundables en Puerto Rico. Pero, a causa de las restricciones de presupuesto, decidieron adoptar los mapas desarrollados por FEMA, cuya finalidad es administrar las pólizas de seguros de inundación.

Aunque los ABFE son “la mejor información disponible”, el Mapa sobre Tasas del Seguro de Inundación (FIRM, en inglés) –cuya última revisión fue en 2009– sigue siendo el mapa oficial digital vigente para orientar sobre estos peligros y asesorar sobre cómo deben desarrollarse obras o reconstrucciones para minimizar los daños.

“Esos mapas digitales son los que se requieren para cualquier tipo de construcción, según el reglamento vigente”, lee una guía de la JP.

El presidente de la JP, Julio Lassús Ruiz,

“A lo mejor, donde pensábamos poner un dique, que en el 90 no había nada allí, pues ahora hay que realinear el dique o moverlo”

INGENIERO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ASESOR PRINCIPAL PARA EL TASK FORCE VIPR DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS

insistió en que el FIRM no se está utilizando para evaluar permisos de construcción, aunque eso no se ve reflejado en sus documentos oficiales, como la guía citada en este reportaje.

Las inundaciones y aumento en zonas inundables tampoco han podido ser frenadas mediante el uso de miles de millones de dólares en fondos de FEMA para mitigación.

Al ser cuestionado sobre el uso de esos fondos y si han sido o no efectivas las estrategias de mitigación, Lassús Ruiz argumentó que “muchos de esos programas de mitigación están pasando ahora mismo”.

Mencionó, por ejemplo, que desde mayo está vigente un nuevo reglamento para el sistema de alcantarillado pluvial. De igual modo, argumentó que este año es la primera vez que los 78 municipios cumplen con el requisito federal de planes de mitigación ante desastres, incluyendo inundaciones, un requisito vigente desde el 2000.

Los planes de mitigación multirriesgos son un requisito de la Ley federal Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias. Generalmente, el 15% de los fondos de recuperación se supone que se invierten en el programa de mitigación.

La JP contrató a una firma estadounidense, Atkins Caribe, para hacer la revisión de estos planes. A juicio del planificador Félix Aponte, “tienen información descriptiva, pero no hay análisis ni detección o recomendación de problemas”.

EL FACTOR CAMBIO CLIMÁTICO

Los mapas ABFE de inundaciones vigentes recogen la realidad posthuracán María, por lo cual tiene sentido que aumente la cantidad de las viviendas, dijo el coordinador científico del Consejo de Cambio Climático, el oceanógrafo Ernesto Díaz Velázquez.

Pero agregó que fenómenos como María, el ciclón más fuerte en azotar a Puerto Rico en 100 años, no serán, en el futuro, una anomalía. “La tendencia es que la actividad ciclónica va a ser más intensa”, afirmó.

El Consejo de Cambio Climático establece, en su informe más reciente, que los números de ciclones tropicales que afectan a Puerto Rico han aumentado los últimos 25 años. Además, el Instituto de Estudios Climáticos de la Universidad de Carolina del Norte publicó que, aunque antes ocurrían típicamente entre tres y cinco eventos ciclónicos en un período de cinco años, en el último lustro ha habido ocho eventos.

UN PROBLEMA PERSISTENTE

El persistente problema de las zonas inundables, en Puerto Rico y Estados Unidos, está en la mira de las autoridades desde la década de 1960.

El Congreso estableció el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP, en inglés) con la aprobación de la Ley Nacional de Seguro contra Inundaciones en 1968. Desde el inicio del NFIP, se ha promulgado legislación adicional y el programa pasa por reautorizaciones periódicas del Congreso para operar. En 1973, 1994, 2004, 2012 y 2014, experimentó cambios importantes.

A nivel estatal, está en vigor la Ley para el Control de Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundaciones (Ley 3 de 1961), que autoriza a la JP a declarar zonas susceptibles a inundaciones cualquier área o sector que considere peligrosa por diversas razones.

Desde el 9 de enero de 2021, el documento que regula estas zonas es el Reglamento 13, que establece que, a partir de la vigencia del FIRM, no se permitirá en la zona de cauce mayor la ubicación de nuevos obstáculos, incluyendo estructuras, relleno, mejoras sustanciales, y otros desarrollos y pozos sépticos.

Sin embargo, incluye múltiples excepciones que permiten a un proponente dar paso a construcciones, entre las que está demostrar que evaluó otras ubicaciones y que la construcción no aumenta el nivel de inundabilidad de la zona.

UNA URBANIZACIÓN NACIDA PARA INUNDARSE

El caso de la urbanización La Margarita, en Salinas, y en buena medida el resto de este municipio –en el que el 90% de los terrenos está en zona inundable– ilustra de manera dramática las enormes consecuencias y complicaciones de este problema.

La Margarita fue inaugurada en 1977. La primera gran inundación ocurrió menos de 10 años después, durante las lluvias de Mameyes, en 1985. Otras cinco veces, desde entonces hasta el huracán Fiona, muchos de los residentes han vuelto a perderlo todo.

“La urbanización y toda esta área está dentro del cauce del río”, explicó Wanda Ríos Colorado, líder de la Asociación de Residentes de La Margarita. “Nosotros compramos a Farmers Home Administration (FHA), nos vendieron unas casas que estaban dentro del cauce del río, lo cual era completamente ilegal”, agregó la mujer, una exmilitar.

Tras otra gran inundación el 5 de enero de 1992, el gobierno de Puerto Rico solicitó ayuda a Estados Unidos para identificar vías de mitigación.

El Congreso asignó fondos, pero solo fueron suficientes para un estudio de viabilidad de medidas de mitigación que fue sometido a las autoridades. “Los fondos que asignaron eran limitados”, relató el ingeniero Luis Alberto González, asesor principal para el Task Force VIPR (Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

No se habló más del tema hasta que el río Nigua volvió a desbordar su cauce durante el huracán María. Entre los miles de millones de fondos de recuperación por María, se asignó dinero para concluir los trabajos.

“El Cuerpo de Ingenieros está finalizando los diseños para después, eventualmente, llevarlos a construcción”, indicó González, quien dice que, durante los pasados 40 años, el gobierno federal asignó a Puerto Rico –a través del Cuerpo de Ingenieros– casi $1,500 millones para proyectos de mitigación en relación con zonas de inundación, particularmente la zona de cauce mayor.

Esa cifra es separada de los $3,200 millones que corresponden solo al proyecto bipartita de 2018, indicó el ingeniero.

En el caso de La Margarita, uno de los principales retos es el desarrollo de infraestructura en la zona inundable cercana al río en las décadas transcurridas desde el diseño original. “A lo mejor, donde pensábamos poner un dique, que en el 90 no había nada allí, pues ahora hay que realinear el dique o moverlo”, dijo González.

Las comunidades afectadas en Salinas están ajenas a esta información, indicó Ríos Colorado.

Mientras los esfuerzos de las autoridades se quedan empantanados por décadas en la burocracia y en el olvido, las decenas de miles de familias residiendo en zonas inundables continúan a merced de un clima cada vez más caótico, obligados a empezar desde cero cada vez que un cuerpo de agua entra a sus casas y arrasa todo lo que encuentra adentro.

Ríos Colorado, cuya casa se ha inundado seis veces los últimos 40 años, aprendió a fuerza de lágrimas, durante la inundación del 5 de enero de 1992, que no todo lo que se pierde en un evento como este se puede recuperar.

“Me quedé sin fotos de mis hijos, sin diplomas de mis nenes, sin cartas importantes. Esas son otras cosas que uno pierde y se le va la vida ahí. Ahora mismo, yo no tengo retratos de mis hijos mayores cuando eran pequeños porque eso fue antes del internet”, dice, con una sonrisa de triste resignación.

Aquel día, perdió muebles, enseres, ropa, mucho más. Pero lo que casi 30 años después no ha podido olvidar y todavía le duele inmensamente fue la pérdida de las fotos de sus hijos.

“Ese día, yo me volví loca. Lo que hice fue ver lo que quedaba, lo terminé de romper y de tirar. Le dije a la gente ‘déjenme quieta, que yo después me calmo…’”, recuerda.

Y así, con calma, continúa viviendo. Hasta que se vuelva a nublar, a tronar o se vea un relámpago a lo lejos. Suelen anunciar, esos eventos, que la pesadilla viene, nuevamente, en camino.

“Muchos de esos programas de mitigación están pasando ahora mismo”

JULIO LASSÚS RUIZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN