La reciente petición de fondos que la exgobernadora Sila María Calderón hizo para la compra de un vehículo revivió el debate sobre los beneficios que los exmandatarios reciben de forma vitalicia y si es necesario continuar con su otorgación, en momentos de crisis fiscal en el gobierno.

“Todo esto de las escoltas y de otros beneficios a los exgobernadores no tiene ningún sentido y, si hubo algún sentido en alguna ocasión, fue cuando se originó y hablábamos, quizás, de exgobernadores que, de verdad, le dedicaron su vida al servicio público y que, por ello, no se hicieron gente de dinero… pero de eso a lo que llegó a ser todo, es una falta de respeto”, subrayó ayer Mario Negrón Portillo, profesor jubilado de Administración Pública.

La mayoría de los privilegios de los que gozan los exprimeros ejecutivos tienen como génesis la “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y Otras Facilidades a Exgobernadores” (Ley 2 de 1965), promulgada tras el retiro de Luis Muñoz Marín luego de dirigir el país por 16 años (1949-1965).

La ley de 2 de 1965 concede a cada exgobernador presupuesto para una oficina en el sitio de su predilección, personal técnico y la compra de un automóvil para su uso personal.

El exgobernador, establece la ley, determina el número, las categorías y los sueldos de los empleados para el funcionamiento de su oficina. La remuneración de dichos empleados, sin embargo, no debe ser mayor a la compensación máxima que se da a otros empleados que ocupan plazas equivalentes en el gobierno.

Originalmente, el estatuto también disponía una pensión vitalicia de $25,000 al año, la cual se eliminó en 1993. No obstante, los exgobernadores que gozaban de este privilegio, al momento de la aprobación de la ley, lo retuvieron.

“Esto llora antes de los ojos de Dios y nada de esto hace sentido en el Puerto Rico de hoy. Sería un buen momento para enviar un mensaje. A lo mejor (el ahorro) son centaverías, pero es cuestión de establecer unas prioridades”, opinó Negrón Portillo.

En su artículo 5, la ley dispone una anualidad vitalicia de $10,000, pagadera en plazos mensuales, a la viuda de todo exgobernador, esto mientras mantenga dicho estado.

Para la doctora Palmira Ríos, también profesora retirada de Administración Pública e investigadora, es momento de analizar la posibilidad de enmendar la citada ley en vías a, por ejemplo, establecer un mínimo de tiempo en el cargo para recibir alguna de las bonificaciones.

“¿Cómo se justifica todo ese dinero para una persona que solo estuvo en el cargo cuatro años? Para mí, lo que ocurre en Puerto Rico como que no tiene precedente, que exgobernadores, por solamente haber servido por cuatro años, reciban de por vida unos beneficios”, señaló, al sugerir un mínimo de 12 años dirigiendo al país para obtenerlos.

La ley define el término “exgobernador” como “cualquier persona que haya ocupado el cargo de gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término”.

A un servidor público, señaló Ríos, se le exigen décadas de trabajo para recibir ciertos beneficios.

Al ser enfrentado, la semana pasada, por la petición de Calderón de $36,900 para la adquisición de un vehículo, el gobernador Pedro Pierluisi justificó el desembolso de los fondos públicos por entender que son gastos “no significativos” dentro del presupuesto del gobierno que sobrepasa los $12,000 millones anuales.

Ríos cuestionó el planteamiento levantado por el mandatario. “Decir que es un impacto mínimo, cuando a la Comisión de Derechos Civiles la tienen sin fondos… tenemos que ver cómo se establecen las prioridades. Me parece que es un argumento bastante débil, porque hay muchos fondos pequeños y eso no debe ser el criterio para determinar qué se da o se continúa”, aseveró.

Desde 2014, el presupuesto de la Comisión de Derechos Civiles se redujo de $1.3 millones a $800,000 y, de esa cantidad, unos $90,000 son para pagar el sistema de retiro llamado “PayGo”, el modelo que adoptó el gobierno para continuar honrando las pensiones de los empleados de agencias y corporaciones públicas. El organismo opera, hace cinco meses, solo con uno de los cinco comisionados que debe tener en propiedad para asegurar sus funciones como cuerpo investigativo y fiscalizador.

“Un chavo más otro chavo son dos chavos. Además, hay algo que es más importante y que a mí me sorprendió cuando el gobernador hizo el comentario. Independientemente de que sea una chavería, hay unos ‘issues’ de corrección, de modelo, de bueno gobierno, de sentido común y eso no tiene precio”, expuso, entretanto, Negrón Portillo.

Los exgobernadores gozan también de servicio de protección y escolta, según el artículo 2.16 de la Ley 20 de 2017. Calderón, al igual que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, han rechazado voluntariamente este beneficio.

En enero de 2022, Pierluisi vetó una medida legislativa que hubiera eliminado las escoltas a un primer ejecutivo que haya renunciado al puesto, como fue el caso de Ricardo Rosselló Nevares, y limitado los beneficios que ostentará un exmandatario, eliminando la discreción del comisionado de la Policía para proveerle escoltas.

“¿Cómo se justifica todo ese dinero para una persona que solo estuvo en el cargo cuatro años? Para mí, lo que ocurre en Puerto Rico como que no tiene precedente...” PALMIRA RÍOS PROFESORA RETIRADA E INVESTIGADORA