Un proyecto de ley que provee inmunidad en reclamaciones legales por impericia médica a los médicos residentes que se encuentren en programas de internado, así como a los que participan en adiestramientos posgraduados de las instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas, fue aprobado al filo del cierre de sesión legislativa el pasado 30 de junio y se encuentra ahora a la espera de consideración del gobernador Pedro Pierluisi para su firma.

“Confío que este proyecto aprobado por ambas cámaras sea firmado por el Gobernador para evitar que nuestros estudiantes de medicina en instituciones privadas se vean en riesgo de ser demandados y cargar con una responsabilidad que le corresponde al médico docente o supervisor”, sostuvo la senadora Marially González Huertas, autora de la medida y vicepresidenta del Senado.

La legisladora indicó que la medida pretende aclarar el alcance del estatuto que creó los Centros Médicos Académicos Regionales, al incorporar un lenguaje que provea la protección que estaba contenida en la intención legislativa e incluye a aquellos que ofrecen servicios como parte de un contrato como médico residente con el Departamento de Salud o en un Programa de Educación Médica Graduada acreditado por el “Accreditation Council of Medical Education” (ACGME).

En relación con la medida, el rector interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carlos Ortiz, agradeció la incorporación de recomendaciones hechas en torno al contenido del estatuto, pero señaló que “aún queda pendiente clarificar el estado de derecho sobre las funciones docentes y clínicas que hacen nuestros facultativos en unión a nuestros médicos residentes”.

“Esperamos que estas puedan ser atendidas próximamente. Es importante destacar que, anualmente, nuestros residentes, junto a la facultad, brindan servicios a cerca de 600,000 personas en los diversos talleres clínicos afiliados a la Escuela de Medicina de la UPR”, precisó.

La medida busca enmendar tanto la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico como la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica y el Código de Seguros de Puerto Rico. Estas enmiendas, manifestó la senadora González, ayudarán a evitar el éxodo de estudiantes de medicina hacia el extranjero, “y además permitirán garantizar la existencia de suficientes talleres de enseñanza para aumentar los programas de educación médica graduada en Puerto Rico”.

En la votación en el Senado, el proyecto 1197 recibió 21 votos a favor, ninguno en contra, uno abstenido y cinco ausentes. Mientras, en la Cámara, 43 representantes votaron a favor, uno en contra, y hubo tres abstenidos y cuatro ausentes.

“En toda discusión sobre el sistema de salud de Puerto Rico, es vital considerar el rol fundamental de los 445 residentes, los facultativos y personal del Recinto de Ciencias Médicas que día a día aportan sus conocimientos en beneficio de los pacientes de la Isla, lo que incluye el Centro Médico de Río Piedras, el Hospital UPR Federico Trilla, nuestras clínicas internas y facilidades privadas y públicas, donde rinden un servicio extraordinario”, manifestó, por su parte, el presidente de la UPR, Luis Ferrao.

“Aún queda pendiente clarificar el estado de derecho sobre las funciones docentes y clínicas que hacen nuestros facultativos en unión a nuestros médicos residentes” CARLOS ORTIZ RECTOR INTERINO DEL RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS