En el país ideal de la intercesora legal Ángela Jiménez Hernández, existiría un espacio físico al que las víctimas y sobrevivientes de violencia de género acudirían a buscar ayuda. Allí, donde habría representación de todas las dependencias llamadas a socorrerles, su historia sería escuchada.

La meta ulterior sería sencilla: evitar la revictimización de las sobrevivientes.

Mientras eso no sucede y los cambios en favor de las víctimas se dan a paso lento, el antídoto de Jiménez Hernández y otras 30 funcionarias a través de Puerto Rico es realizar su trabajo como intercesoras legales.

Esta figura esencial, que existe en los tribunales hace décadas, fue reconocida oficialmente tras una enmienda a la Ley 54 de 1989, en 2017. Las intercesoras legales apoyan, guían, orientan y acompañan a las víctimas y sobrevivientes en los procesos judiciales que atraviesan cuando buscan remedios civiles, como las órdenes de protección, o cuando deciden denunciar para la presentación de cargos criminales contra sus agresores.

“El rol de nosotras es escuchar a esa víctima, poderle guiar en el proceso que se va a dar, ya sea criminal o civil. Si ella no está preparada para iniciar el proceso, es escucharla, no juzgarla, dirigirla, ser una intermediaria entre el sistema y ella. Nosotros trabajamos para la víctima”, apalabró Jiménez Hernández, quien lleva más de dos décadas como intercesora legal, y actualmente trabaja en la Sala Especializada de Violencia de Género y en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan.

Janet del Valle Rosario, quien trabaja como intercesora hace 12 años, reconoce la complejidad de sus labores como la única intercesora legal en la Sala Especializada de Violencia de Género del Tribunal de Humacao. No obstante, considera que la mejor remuneración que puede recibir es ver el desarrollo de las sobrevivientes que recurren a sus servicios.

“Que ellas puedan sentir la confianza de que hay alguien que les cree, de que hay alguien que las escucha, de que hay alguien que las está dirigiendo en el proceso. La ansiedad sube al no saber qué es lo que va a pasar, hacia dónde voy, por qué estoy aquí ahora, qué fue lo que dijo el fiscal, qué fue lo que dijo la juez, que no entendí nada. Yo creo que ese acompañamiento en el proceso y esa orientación es clave para ellas”, sostuvo Del Valle Rosario.

Precisamente, compartieron las intercesoras, su rol es de suma importancia, pues representa un respaldo para las víctimas sobrevivientes ante un sistema que, aunque ha tenido una evolución desde que se declaró un estado de emergencia por la violencia machista en 2021, le queda mucho por desarrollar en sensibilidad, proactividad y reducir la revictimización.

Por esto, se promulgó la Ley 32 de 2021, que requiere la presencia de una intercesora en las vistas de causa para arresto por cualquier violación contemplada bajo la Ley 54.

SOBRECARGA DE TRABAJO

A pesar de que hay 130 intercesoras certificadas, según datos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), solo 31 trabajan actualmente en los tribunales. Esta cifra contrasta con las 10,524 peticiones de órdenes de protección y los 3,694 cargos criminales por Ley 54 radicados, el pasado año fiscal, en los tribunales.

Las dos intercesoras consultadas, así como la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, reconocieron que hay una necesidad de intercesoras legales integradas a los tribunales.

La escasez de estas funcionarias sobrecarga de trabajo a quienes están ofreciendo los servicios, pues ambas intercesoras sostuvieron que nunca niegan atención a las víctimas, aunque ello conlleve realizar su labor pro bono.

“Cuando yo sé que ya el tope de lo que yo puedo facturar al mes llegó, pues tengo que seguir dando servicio porque esta servidora no le va a decir a una víctima: ‘Mira, es que a mí se me acabaron las horas a las 5:00 de la tarde, y ya yo no te puedo atender’. Eso no pasa. Al menos, eso yo no lo hago porque es una causa que adoptamos. Adoptamos el reto de saber que no todo el tiempo hay una paga para nuestro trabajo”, reconoció Jiménez Hernández, quien hace más de dos años trabaja los siete días de la semana para cubrir la necesidad existente.

Las intercesoras no son empleadas del tribunal, sino que son contratistas, principalmente, de la OPM y de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a las víctimas de violencia machista.

“Hasta que yo no me aseguro de que a esta participante le entreguen sus documentos, la orden de protección, se le coordine la escolta hasta el estacionamiento, el alguacil la lleve hasta su carro y ella pueda salir del estacionamiento, yo no cierro la jornada de trabajo”, explicó Del Valle Rosario, quien atiende, como mínimo, 15 casos diarios entre nuevos y seguimientos.

Además de las horas en el tribunal, las intercesoras también están disponibles para atender por teléfono a las participantes y tienen que sacar tiempo para completar el papeleo administrativo que conlleva evidenciar su trabajo para poder facturarlo.

“Es una profesión bien retante. Es una profesión que me llena de mucho orgullo decir lo que soy, donde quiera que me paro.

“Si pudiéramos contratar más, y que es nuestra visión el seguir contratando y ampliar la plantilla que tengamos de intercesoras, pues entonces, cada una de las intercesoras no tendría tantos casos” MADELINE BERMÚDEZ PROCURADORA INTERINA DE LAS MUJERES

Es una profesión que no podemos esperar ser millonarias en dinero, pero sí millonarias en mucho agradecimiento y en muchas bendiciones que obtenemos de parte de las víctimas sobrevivientes cuando las escuchamos, cuando sienten que hay alguien que cree, que hay alguien que no duda de ellas, que no las juzga, que no las fiscaliza”, destacó Jiménez Hernández.

“La mayor retribución para una intercesora legal es que una víctima se pueda mantener alineada al proceso para que se le haga justicia”, abundó.

LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO

Además de la sobrecarga, el trabajo de las intercesoras legales conlleva mucha inversión emocional, pues lidian diariamente con personas que atraviesan procesos traumáticos como remanentes de la violencia.

Por eso, tanto Jiménez Hernández como Del Valle Rosario reconocen la importancia del autocuidado para permanecer hábiles para ofrecer sus servicios a quienes las necesiten.

Las intercesoras legales consultadas priorizan el descanso, hacer ejercicios e identificar actividades que las distraigan, como ir a la playa, a conciertos, leer y viajar. Mientras, Del Valle Rosario destacó la importancia de contar con la solidaridad de sus colegas para poder ventilar.

“Uno aprende a poner esa barrera, sin restarle la sensibilidad, pero para que no te llegue a afectar y tú poderlo manejar de la manera apropiada. Pero siempre, siempre hay algo que te toca, y yo entiendo que ese apoyo entre intercesoras, esa colectividad como compañeras, esa solidaridad, es crucial en el proceso”, destacó la psicóloga de profesión.

EL RETO DEL RECLUTAMIENTO

Para ser intercesora legal, es requisito tener preparación académica en el campo de la conducta humana y obtener una certificación que expide la OPM, la cual debe renovarse cada dos años.

Como en diversos campos profesionales en el país, el reclutamiento de intercesoras es un reto, señaló la procuradora interina Bermúdez. Uno de los factores que influye es que, de las personas que se graduaban de la academia de intercesoras, no todas ejercían. Entonces, se optó por implantar un cernimiento en el reclutamiento de aspirantes para asegurar que tenían la intención de desempeñarse como intercesoras.

Según Bermúdez, de la última academia, que graduó a 25 profesionales, 24 se desempeñan en el servicio directo a víctimas.

La OPM está activamente reclutando intercesoras y, para ello, se han asignado fondos, que ascienden a $1.5 millones –del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE)–, para poder otorgar salarios justos a las personas que empleen este importante rol.

“Si pudiéramos contratar más, y que es nuestra visión el seguir contratando y ampliar la plantilla que tengamos de intercesoras, pues entonces, cada una de las intercesoras no tendría tantos casos. Pudiéramos hacer una partición mejor de los casos”, señaló la licenciada.

Una de las estrategias que la OPM impulsó fue una legislación, que se convirtió en la Ley 90-2023, que permitirá a organizaciones ofrecer academias de intercesoras y poder certificar a un mayor número de personas interesadas en ofrecer los servicios. Para ello, se está trabajando en un reglamento que, se espera, sea implementado en 2024.

“Sabemos que esta plantilla de intercesoras legales se va a triplicar”, estimó Bermúdez.

Para más información sobre cómo ser intercesora legal, puede comunicarse a la Procuraduría Auxiliar de Educación y Servicios de la OPM, al 787-721-7676, exts. 2808 y 2860; o al correo electrónico: [email protected].

“La mayor retribución para una intercesora legal es que una víctima se pueda mantener alineada al proceso para que se le haga justicia”

ÁNGELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

INTERCESORA LEGAL

“Yo creo que ese acompañamiento en el proceso y esa orientación es clave para ellas”

JANET DEL VALLE ROSARIO

INTERCESORA LEGAL