Nota del editor: reportaje principal de una serie de dos artículos sobre el exsecretario de Educación Víctor Fajardo como parte de Las Caras del Crimen, proyecto periodístico que profundiza en algunos de los principales casos criminales en nuestra historia, para entender el contexto social del que son producto y cómo sus acciones repercuten hasta hoy.

Fue la imagen que, por años, ejemplificó el mal de la corrupción en el gobierno de Puerto Rico: en 2002, Víctor Fajardo, otrora celebrado secretario del Departamento de Educación, salía del tribunal con un mameluco color crema, con las manos esposadas a una cadena en su cintura, cabizbajo y escoltado por agentes del orden público.

Fajardo estuvo al mando del Departamento de Educación seis años. En las últimas tres décadas, ha sido el funcionario que más tiempo ha estado a la cabeza de la agencia a cargo del sistema público de enseñanza. Llegó en 1994, en momentos en que se implementaba una reforma educativa centrada en dar autonomía a los planteles mediante las llamadas escuelas de la comunidad. Apostó a llevar, por primera vez, computadoras a las manos de estudiantes y maestros. Impulsó la creación de escuelas especializadas. Abogó por otorgar aumentos salariales al magisterio.

Pero, en enero de 2002, la imagen que tenía el país de un secretario de Educación que inició su carrera como maestro chocó con la realidad de que, según las autoridades estatales y federales, había encabezado un esquema para desviar fondos del sistema escolar para su lucro personal y de allegados, así como para las arcas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Es el único funcionario a nivel de gabinete constitucional que ha sido acusado, y se declaró culpable de un cargo de la ley de crimen organizado”, expresó el ex fiscal especial independiente (FEI) César López Cintrón , quien estuvo a cargo de las investigaciones en contra de Fajardo. “El efecto de lo que pasó bajo Fajardo fue devastador para el Departamento de Educación, todavía no se ha recuperado”, apuntó.

Fajardo fue acusado en enero de 2002, junto a otros 16 individuos, por cargos de soborno, conspiración, extorsión, robo de fondos federales y lavado de dinero por las autoridades federales debido a un esquema de extorsión que desvió $4.3 millones de dinero de Educación. En mayo de ese año, las autoridades estatales radicaron los primeros 11 cargos en su contra por el uso de fondos públicos para beneficio propio, relacionado con el uso de servicios de seguridad pagados por la agencia para proveer vigilancia en su residencia, a su familia y en un evento primarista en Ponce. A lo largo de ese año, el FEI radicó más de

40 cargos contra el exfuncionario por recibir sobornos a cambio de otorgar contratos en la agencia.

De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía federal y el FEI, el exsecretario de Educación y el exsubsecretario de la agencia y compadre de Fajardo, José Omar Cruz Mercado, se encargaban de solicitar pagos a los contratistas, los cuales recibían tanto en efectivo como en regalos. En algunas instancias, solicitaban pagos equivalentes al 10% del monto del contrato a ser otorgado. En otros, individuos relacionados con empresas contratadas por Educación costearon viajes para los exfuncionarios o dieron regalos, como vehículos de motor.

“Hubo uno de los contratistas, ese fue el segundo referido (de Justicia al FEI), que le dio un cheque de $750,000. Así”, recordó López Cintrón. “Primero, se señaló que ese dinero fue para el PNP, pero después con

cluimos que no, que fue para Víctor. Pero así de complejo fue eso. Estando mi equipo de trabajo y yo investigando el caso (sobre el uso de guardias de seguridad), llegó el segundo referido, que no estaba relacionado. Vinieron las acusaciones federales. Vinieron referidos adicionales. Investigando una cosa, descubríamos que hubo otros esquemas”, añadió.

Para desviar los fondos, se utilizaron, al menos, tres empresas que estaban bajo el control de Fajardo o familiares: National Consulting Group, Community Services Training Institute (Coseti) y RV Research & Management. La cuñada de Fajardo y otrora secretaria auxiliar de Servicios Auxiliares de Educación, María Ramos Matos, estaba a cargo de las primeras dos, mientras que Ruperto Vázquez López estaba a cargo de la tercera. Ambos también fueron acusados.

La ex ayudante especial de Fajardo, María Teresa “Maritere” Pérez Huertas, fue identificada como el enlace entre Educación y el PNP. Los contratistas involucrados, según las acusaciones presentadas, fueron Jesús Emilio Rivera Class, Eduardo Fuertes Pasarell, Richard D’Costa Ofrey, Victoria Vargas Esquilín, Fidel Alonso Valls, Norman Olson, Marta Santos Sánchez, Roberto Bonano, Ángel Pabón Molina y Sylvia López Vélez.

Los cargos federales contra Pérez Huertas, Olson y Bonano fueron desestimados el 8 de octubre de 2002, luego que la Fiscalía federal lo solicitó al determinar que Fajardo había cometido perjurio durante su testimonio en el juicio. También se desestimaron los cargos contra siete personas que esperaban juicio: Vargas Esquilín, Santos Rodríguez, Álvarez Ramos, Alonso Valls, D’Costa Ofrey, Rivera Class y Fuertes Pasarell.

A principios de 2003, también se desestimaron los cargos contra Santos Sánchez, Pabón Molina y López Vélez.

A nivel estatal, los juicios contra participantes del desfalco en Educación se extendieron hasta el 2010, pues los casos se dividieron, con veredictos de culpabilidad.

Entre ellos, Fuertes Pasarell –quien fue sentenciado a seis años de cárcel- recibió un indulto total del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Rivera Class, quien fue el contratista que entregó los $750,000, entre otras regalías, recibió inmunidad del Departamento de Justicia. No obstante, López Cintrón no lo utilizó como testigo.

“No estaba diciendo la verdad completa, así que decidí no usarlo de testigo”, sostuvo, al destacar que el testimonio de Cruz Mercado sí fue valioso para su investigación.

Fajardo fue sentenciado a 12 años y medio de cárcel a nivel federal y tres años de libertad supervisada. A nivel estatal, fue sentenciado a 25 años de cárcel. La Junta de Libertad Bajo Palabra le otorgó libertad condicionada en 2013, tras completar su

“El efecto de lo que pasó bajo Fajardo fue devastador para el Departamento de Educación, todavía no se ha recuperado”

CÉSAR LÓPEZ CINTRÓN

EX FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

“Creo que es un error cuando decimos que la corrupción fue Fajardo, o fue Rosselló o fue Anaudi. Esos son personas que estaban ahí, pero el problema no es que haya manzanas podridas en la canasta, es que la canasta está diseñada para que las manzanas se pudran”

JOSÉ JOAQUÍN VILLAMIL

ECONOMISTA Y EXPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

condena federal. Obtuvo su libertad completa en mayo de 2015, y desde el 2014, paga $2,500 mensuales como parte de un acuerdo para restituir el dinero que desvió para su lucro personal.

“POCO HA CAMBIADO DESDE LO DE FAJARDO”

La complejidad y seriedad de las irregularidades en el Departamento de Educación, entre 1995 y 2000, se fueron revelando poco a poco, según los relatos de la época y entrevistas a personas que estuvieron al tanto de las pesquisas.

Algunos señalamientos, como los de guardias contratados para las escuelas que daban seguridad a Fajardo y su familia, se hicieron públicos previo a las elecciones de 2000, cuando aún era secretario. Pero las acciones que condujeron a destapar las instancias de soborno y fraude comenzaron a detectarse durante los trabajos de transición entre la saliente administración de Pedro Rosselló y la entrante de Sila M. Calderón, relató el secretario de Educación entre 2001 y 2004, César Rey.

“Empezamos a notar que había una ausencia de información en unos espacios, había momentos que no fluía la información cuando uno la solicitaba. Mi mejor recuerdo es que, en esos primeros seis meses, hubo dos robos en la oficina estrictamente del secretario, habían entrado y habían sacado información de computadoras”, señaló Rey. La oficina del secretario de Educación estaba ubicada en el piso 12 de la antigua sede de la agencia, en Hato Rey.

“Parecería ser que hubo algún tipo de intervención de alguien con conocimiento de las oficinas, eso era lo que nos creaba una cierta incertidumbre”, añadió.

Rey ordenó múltiples auditorías, dirigidas por personal externo de Educación, para identificar los malos manejos que hubo en la agencia. Canceló contratos. Manejó los cuestionamientos del gobierno federal, que colocó a Puerto Rico en la lista de jurisdicciones de alto riesgo y requirió la devolución de más de $2 millones por irregularidades previo al 2000. Aunque para el 2004, el Departamento de Educación había logrado nuevamente el desembolso de fondos federales, no fue hasta la administración de Luis Fortuño que se cumplió con el acuerdo de entendimiento que aún imponía restricciones sobre ellos. Los avances se fueron por la borda en 2019, cuando Educación federal ordenó la contratación de un síndico -que ya está en funciones- ante nuevos señalamientos por malos manejos.

“Poco ha cambiado desde lo de Fajardo”, manifestó el exfiscal federal Ignacio Rivera , quien representó a Cruz Mercado. “La magnitud del pillaje, me atrevo decir, nunca se supo. Fue multimillonario. Diría que, por cada acusado, hay cinco que se salieron con la suya”, sostuvo el abogado.

Cruz Mercado, al igual que Fajardo, hizo alegación de culpabilidad, por lo cual no enfrentaron juicio. Durante el descubrimiento de prueba en los casos contra otros acusados y los juicios estatales en su contra, trascendió públicamente que el desvío de fondos involucró cuentas bancarias en el extranjero, particularmente en islas del Caribe, así como equipo tecnológico que se compró pero nunca llegó a las escuelas, indicó Rivera.

Asimismo, arrojó sombras sobre otras entidades. Al momento de su arresto, D’Costa Ofrey presidía la Cámara de Comercio. En sus seis meses a cargo de la entidad, la Cámara de Comercio acumuló un déficit de unos $500,000 y creó una fundación para administrar una subvención de $5 millones que recibiría del Departamento federal del Trabajo para hacer un censo de empresarios, detalló el economista José Joaquín Villamil, quien lo sucedió en el cargo.

El matrimonio compuesto por D’Costa Ofrey y Vargas Esquilín estaba, además, al frente de la institución postsecundaria Universal Careers Community College. En 2013, Vargas Esquilín, como vicepresidenta de la institución, enfrentó un cargo por fraude relacionado con becas Pell, por lo cual fue sentenciada a tres años en probatoria.

“Eso que pasó con Fajardo en Educación y lo que pasó en la Cámara (de Comercio) es realmente un reflejo de un sistema que estaba diseñado... que está diseñado todavía, para fomentar ese tipo de cosas. Creo que es un error cuando decimos que la corrupción fue Fajardo, o fue Rosselló o fue Anaudi. Esos son personas que estaban ahí, pero el problema no es que haya manzanas podridas en la canasta, es que la canasta está diseñada para que las manzanas se pudran”, expresó Villamil, al destacar que los fondos federales se transfirieron al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos local.

La política partidista permeaba en todos los rincones de la agencia en ese entonces, apuntó el actual vicepresidente de la Asociación de Maestros, José Eligio Vélez Castro . Su padre, José Eligio Vélez Torres, presidió la organización magisterial durante la administración de Fajardo. Los empleados que pertenecían al partido de oposición eran relegados, y sus labores eran asignadas a personal –en ocasiones, recién contratados- que sí pertenecía a las filas del PNP, recordó Vélez Castro. Un reconocimiento que se otorgaba para celebrar la labor de personal administrativo de los distritos escolares y las regiones educativas consistía en un coco pintado de azul que decía “Educación”, sobre una base que leía “gracias”, apuntó.

“Víctor Fajardo fue un maestro de Ciencia en Bayamón, fue director escolar, fue superintendente, él conocía cómo funcionaba el sistema. Los maestros vieron ese nombramiento bien positivo, tuvo la aprobación de todos los grupos magisteriales. Pero el problema fue la política”, manifestó Vélez Castro.

Su arresto fue un golpe sobre la confianza que tenían los maestros en la agencia para la cual trabajan, pues destruyó las esperanzas que muchos sentían en esos momentos de que los problemas del sistema escolar podían ser atendidos correctamente, señaló la maestra jubilada Eulalia Centeno.

“En esa época que él estuvo, llegó dinero a las escuelas. Estaban llegando materiales, estaban llegando equipos, se estaba haciendo un trabajo que llegaba directamente a los estudiantes y al magisterio”, recordó Centeno. “Cuando fue arrestado, uno sintió frustración porque, de una esperanza que había de que por un tiempito se vio que se hacían las cosas bien, realmente se vio cómo nos engañaban y nos estaban utilizando. Se estaba escondiendo una persecución política y se estaban beneficiando otros a costa de los niños”, agregó.