La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) catalogó ayer como “un gran logro en la tarea contra la corrupción” la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que pauta que los fiscales especiales independientes (FEI) poseen jurisdicción para investigar y procesar criminalmente a los empresarios Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick.

“Las decisiones previas, sobre este asunto, del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal Apelativo ocasionaban que esas personas -contra las que surgen serios señalamientos- no pueden ser encausadas”, sostuvo la presidenta de la Opfei, Nydia M. Cotto Vives, en declaraciones escritas.

El Tribunal Supremo emitió el viernes la opinión mayoritaria relacionada con el caso contra Maldonado de Jesús y Vick por la venta fallida de $38 millones en pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno. Los empresarios presuntamente cometieron delitos para obtener el contrato gubernamental.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó, en 2022, los cargos contra Maldonado de Jesús y Vick, al determinar que la Opfei no tiene jurisdicción sobre los empresarios, un dictamen que el Tribunal de Apelaciones confirmó, en febrero. La defensa argumentó que la Opfei no puede procesar criminalmente a un ciudadano privado si no forma parte de un esquema junto con empleados públicos.

El Tribunal Supremo revocó la decisión del Apelativo y devolvió el caso al foro de primera instancia.

Cotto Vives señaló que la ley de la Opfei experimentó enmiendas en 2012, y afirmó que “su jurisdicción sobre estas personas es clara”.

El más alto foro judicial reconoció, en la opinión mayoritaria, que la Opfei fue creada para investigar y procesar “ciertos funcionarios públicos que incurrieran en determinadas actividades delictivas”. Puntualizó, sin embargo, que el estatuto reconoce cierta jurisdicción para procesar personas privadas cuando actúan junto con funcionarios.

En el caso de Maldonado de Jesús y Vick, la investigación de los fiscales especiales sobre la compra de pruebas de COVID-19 incluyó tanto a funcionarios públicos como personas privadas, pero, al culminar la pesquisa, determinaron que únicamente procedía presentar cargos criminales contra los individuos particulares.

“El Panel ejerció adecuadamente la facultad que la propia ley le confirió”, lee la opinión mayoritaria.