LA PRESIDENTA de la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara, Liza Fernández, impuso en la vista ejecutiva del caso del representante José Luis Rivera Guerra una regla que evitó indagar cómo este se suple de los servicios de luz y agua, denunció ayer el legislador popular Luis Vega Ramos.

De acuerdo con Vega Ramos, Fernández determinó que las preguntas que los miembros de la comisión podían hacer a los funcionarios de las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA) debían enfocarse en Rivera Guerra como abonado, cuando lo cierto es que el representante no es cliente de ninguna de estas corporaciones públicas.

Vega Ramos se refirió en específico a la audiencia a puerta cerrada del viernes pasado, en la que funcionarios de la AEE, la AAA, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPE) testificaron sobre las irregularidades de las casas de Rivera Guerra en Aguadilla y Moca.

"Nosotros insistimos saber el status de las cuentas de los abonados de energía eléctrica y de agua, pero nos decían que era información confidencial por ser ciudadanos privados. Ni el nombre del ciudadano privado nos podían dar. Reclamamos el expediente de otros abonados pero decían que era información privilegiada", dijo Vega Ramos.

Por su parte el portavoz popular, Héctor Ferrer, señaló que los miembros de su partido en la comisión solicitaron a Fernández “por escrito y verbalmente citar a la vista a los inspectores de campo de esas agencias y a las personas de las cuales se estaba Rivera Guerra supliendo del servicio de luz y agua, y nos denegaron esa petición”.

Los populares señalaron que varios representantes novoprogresistas afirmaron en sus expresiones a los deponentes que el arrimo de luz es una práctica generalizada en muchas partes de la Isla y que eso presuntamente no es una práctica violatoria.

Pero Ferrer aseguró que hay documentos en la comisión que establecen que el arrimo es una acción que viola los reglamentos y normas.

En cuanto al CRIM, dijeron que la directora Gloria Santos testificó que esa agencia tuvo conocimiento de la estructura de Rivera Guerra en Aguadilla en el 2010, cuando uno de los vecinos que reside en los solares segregados donde vive el legislador solicitó al CRIM tasar su propiedad.

Al legislador penepé se le imputó el hurto de agua y luz, la falta de pago por dichos servicios, la construcción de su casa de Aguadilla sin los permisos correspondientes y no haber inscrito sus propiedades ante el CRIM ni pagar contribuciones por ellas.

Sin embargo, la Comisión de Ética recomendó que se le diera una reprimenda pública y una suspensión de 10 días de dieta, lo que fue refrendado por la Cámara en votación partidista.